Tegucigalpa, 18 de octubre. Una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) especializada en asuntos de derechos humanos llegó hoy a esta capital para evaluar las condiciones en que se encuentra el país a casi cuatro meses del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, cuando representantes de los golpistas y del mandatario se preparan para retomar este lunes un diálogo que busca solucionar la crisis política.

La delegación permanecerá en este país hasta el 7 de noviembre para preparar un informe exhaustivo solicitado por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en cumplimiento de una resolución aprobada el primero de octubre pasado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los nombres de los enviados de la ONU no fueron dados a conocer públicamente por razones de seguridad, y se prevé que no haya declaraciones sobre la situación local hasta que presenten su información a Pillay.

Su presencia en Honduras ocurre casi dos meses después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos envió a una delegación que en sus conclusiones preliminares confirmó la existencia de una tónica de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigidos a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía.

La delegación llegó a Honduras el mismo día en que se conoció la noticia de la muerte del presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional, Jairo Sánchez, quien falleció el sábado por la tarde a consecuencia de las heridas que le causó el proyectil de un arma de fuego el 22 de septiembre, cuando la policía y el ejército reprimieron una manifestación de apoyo al presidente constitucional.

Que el Congreso resuelva la restitución

El viernes por la noche los representantes de Zelaya y del gobierno de facto suspendieron el diálogo que comenzaron el 7 de octubre, obligado por el sorpresivo regreso del presidente constitucional a Tegucigalpa, el 21 de septiembre, después de librar los controles militares y policiales con los que los golpistas pretendieron evitar su retorno.

En el centro de la negociación está la demanda de Zelaya de ser restituido inmediatamente en el poder, avalada por la comunidad internacional.

Zelaya ha denunciado que los golpistas han utilizado tácticas dilatorias en el proceso de diálogo para ganar tiempo y dar oportunidad a la celebración de elecciones generales fraudulentas el 29 de noviembre, razón por la cual el presidente constitucional –alojado en calidad de huésped en la embajada de Brasil en Tegucigalpa– dio de plazo hasta el lunes para que el gobernante de facto, Roberto Micheletti, acepte su propuesta de regreso a la casa presidencial.

Zelaya pidió que el Poder Legislativo unicamaral resuelva su restitución, toda vez que fue este órgano del Estado el que ordenó la destitución, con base en una fraudulenta carta de renuncia del mandatario, supuestamente firmada tres días antes de la defenestración y la expulsión a Costa Rica, el domigno 28 de junio.

Los golpistas sugirieron el viernes que la decisión de devolver a Zelaya al poder sea producto de una deliberación de la Corte Suprema de Justicia.

Hay que ir al Congreso y derogar el decreto, ya que no es facultad del Congreso quitar a un presidente de la república. El mismo día de mi expulsión fue el Congreso el que sesionó, me destituyó mediante un decreto y juramentó a otro en el cargo, el mismo líder de la Asamblea que se autoproclamó presidente, dijo Zelaya en una entrevista difundida por la cadena británica BBC.