Producción de agrocombustibles debe
supeditarse a derechos humanos: de Schutter

• Imperativo, producir alimentos sin depender del petróleo

FOTO: Enrique Pérez S. / Anec

SEGUNDA DE DOS PARTES

En nuestra edición de septiembre, presentamos la primera parte de un cuestionario que el relator especial en derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier de Schutter respondió a La Jornada del Campo, y donde resaltó el crecimiento vertiginoso del número de personas con hambre –mil 20 millones hoy día–. Aquí presentamos la segunda y última entrega, donde resalta la importancia de las instancias internacionales para inducir la rendición de cuentas de los gobiernos y materializar así el derecho a la alimentación.

El diplomático también reflexiona –desde las plataformas de los derechos humanos, de la concentración del negocio y del abasto alimentario– sobre el uso de materias primas del campo para producir agrocombustibles.

Olivier de Schutter prende un foco de alerta sobre el cambio climático y la urgencia de buscar opciones en la agricultura ecológica y hace una advertencia a los países que “han sacrificado sus intereses de largo plazo de construir un sector agrícola robusto para alimentar a su población, contra sus intereses de corto plazo de comprar alimentos baratos y con precios dumping del extranjero”. Estas naciones son las más vulnerables hoy ante las súbitas alzas de los precios internacionales de los productos agrícolas.

P. ¿Qué piensa acerca de los efectos de la producción de agrocombustibles sobre la seguridad alimentaria?

R. Reitero mi llamado a buscar un consenso en guías internacionales respecto de la producción y consumo de agrocombustibles; esas guía deberían incluir estándares ambientales, en virtud de que la expansión de la producción y el consumo de agrocombustibles derivan en cambios directos e indirectos en el uso de la tierra y en un impacto ambiental negativo, tomando en cuenta el ciclo de vida total de los agrocombustibles. Las guías deberían también incorporar la atención de los derechos humanos, particularmente en lo que atañe al derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda adecuada –dados los riesgos de desalojos legales y desplazamientos a causa de la producción de agrocombustibles–, los derechos de los trabajadores (incluyendo en particular el derecho a una remuneración justa y el derecho a un ambiente saludable de trabajo), los derechos de los indígenas y los derechos de las mujeres. La comunidad internacional ha reconocido que es necesario crear consensos. Pero desde hace un año –cuando en junio de 2008, en la Conferencia de Alto Nivel de Seguridad Alimentaria, en Roma, se expresó la intención de trabajar en ello– nada se ha avanzado en este frente.

Estoy particularmente preocupado por el impacto de la producción de agrocombustibles en la seguridad alimentaria. Hay dos dimensiones para esto. Primero, el desvío de cultivos para producir energía puede llevar a precios picos a las materias primas alimentarias, debido a que de manera súbita incrementan la demanda. En 2007 y 2008 los precios mayores de las materias primas alimentarias en los mercados internacionales fueron en gran parte debido al desvío de maíz para la producción de bioetanol en Estados Unidos, en virtud de que esto ocurrió muy rápidamente cuando los inventarios del maíz estaban bajos. Pero es igualmente crucial monitorear el impacto de la estructura de los ingresos del sector agrícola de los países en desarrollo. Ésta es la segunda dimensión: los cultivos para producir energía son frecuentemente cultivados por grandes productores agrícolas o por compañías multinacionales que son dueñas o rentan tierra en países en desarrollo, y los agricultores de pequeña escala no están involucrados en tal producción, pero es este segmento de la población el que sufre mayor inseguridad alimentaria, y es para éste que debe buscarse un incremento en los ingresos. Simplemente alentar el desarrollo de monocultivos para la exportación, cuando esto beneficiará primariamente a productores de gran escala que ya cosechan la mayoría de los beneficios del acceso ampliado a los mercados de países industrializados, puede de hecho incrementar las desigualdades dentro de los países en desarrollo, más que reducirlas, a menos que una acción afirmativa sea tomada para asegurar que los minifundistas sean incluidos en la producción de agrocombustibles en una forma que se beneficien ellos.

P.- En algunos documentos usted ha dicho que los campesinos de pequeña escala han sido frecuentemente marginados de las políticas públicas. ¿Podría usted hablarnos de las consecuencias que esto tiene?

R. En nombre de elevar la producción de alimentos, nos hemos olvidado de preguntar quién se beneficiará de tal crecimiento. Adicionalmente, la presión de los mercados ha llevado a más concentración de la agricultura –en virtud de que las granjas y los predios más grandes fueron los más redituables para sus propietarios– y frecuentemente se ha trabajado en contra de la pequeña escala, de la agricultura familiar. Pero no deberíamos confundir rentabilidad con productividad. Aunque es menos redituable (debido a la labor intensiva), la agricultura familiar, de pequeña escala, es de hecho más productiva por hectárea que las grandes plantaciones. Las economías de escala existen en el lado del mercado de la producción alimentaria, pero no hay economías de escala en el campo. Las políticas pasadas han incrementado la dualidad del sistema agrícola, por el cual yo entiendo la brecha entre el 0.5 por ciento de predios muy grandes (con cien hectáreas o más) y el 85 por ciento de pequeños predios (con dos hectáreas o menos). Los primeros han tenido una influencia política desproporcionada y acceso al crédito y a los mercados de exportación; los segundos han sido abandonados, relegados a la producción de subsistencia, y el resultante empobrecimiento de las áreas rurales ha sido una causa fundamental de la migración rural.

P. Usted ha hecho observaciones acerca de la relación entre las negociaciones internacionales comerciales y el derecho a la alimentación. ¿Podría darnos un comentario, considerando que México es el líder en el mundo en número de acuerdos de libre comercio?

R. Hay dos niveles en la discusión. Uno “macro”, en el cual los países son considerados como un todo. Otro es el nivel “micro”, en el cual los diferentes grupos de la población son distinguidos dentro de los países. En el nivel macro, la liberalización comercial ha significado una creciente dependencia: muchos países se han especializado en cultivos de exportación y han buscado alcanzar la seguridad alimentaria por medio de compras de alimentos en precios subsidiados –resultantes de prácticas dumping de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)– en los mercados internacionales. Esos países son los más vulnerables ante las súbitas alzas de los precios, tal como lo vimos en 2007-08. Y habrá más sacudidas de ese tipo, debido a los picos en los precios del petróleo, como resultado del cambio climático. Firmemente creo que los países que han buscado desarrollar capacidades de exportación en materias primas tales como algodón, té, café o tabaco a expensas de la producción de alimentos para consumo local, han sacrificado sus intereses de largo plazo de construir un sector agrícola robusto para alimentar a su población, contra sus intereses de corto plazo de comprar alimentos baratos del extranjero. En el nivel micro, que yo noto es el que gana del comercio internacional, no beneficia a todos los grupos de la población por igual. Hay algunos ganadores, pero también muchos perdedores, esos en los sectores menos competitivos, esos donde los precios van al alza pero los salarios se han estancado, etcétera. En principio, por medio de políticas sociales redistributivas, los ganadores deberían compensar a los perdedores. Esto no ocurre en muchos casos. Por tanto, la liberalización comercial debería se monitoreada cuidadosamente, a efecto de asegurar que no crecerán las desigualdades con la excusa de promover crecimiento económico.

P. Usted ha hecho propuestas para modificar drásticamente el rol del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, a efecto de erradicar, de manera eficiente, el hambre y la desnutrición aguda en el planeta. ¿Cuáles son los resultados visibles de estas gestiones?

R. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) es un foro dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el cual los gobiernos han intercambiado sus experiencias para combatir el hambre, pero este comité no ha sido efectivo para que los países entren en acción, en parte debido a que no es suficientemente representativo de todos los intereses y en parte porque no tiene herramientas para mejorar la rendición de cuentas. Creo que el CFS debería jugar un papel muy importante en el futuro; si es objeto de una reforma ambiciosa, podría ayudar a mejorar la rendición de cuentas, inducir a los gobiernos a reportar sus esfuerzos para combatir el hambre. Compartir experiencias contribuiría a un aprendizaje colectivo. Y habría un foro en el cual la coordinación de los donadores mejoraría; estarían trabajando en la misma dirección y con objetivos más enlazados con las necesidades. A ningún gobierno le gusta que lo estén midiendo, pero todos los gobiernos, al mismo tiempo, se dan cuenta de que el actual sistema no está trabajando. La crisis alimentaria global de 2007-08 los ha alertado frente a la fragilidad del actual sistema, y saben que la reforma del CFS es necesaria. Por tanto, me siento optimista de que un consenso está emergiendo no sólo para mejorar la coordinación, sino también para trabajar juntos para el desarrollo de una estrategia global que materialice el derecho a la alimentación y hacia más responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos. El hambre es un reto muy grande. Pero nosotros podemos enfrentarlo por medio de objetivos muy bien definidos, con indicadores y procesos con fechas límites. Esto es lo que yo he propuesto y es en donde se está dando un consenso.

P. ¿Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aceptan proporcionar, en coordinación con otras agencias, una guía o lineamientos para los Estados a efecto de que se ejerza realmente el derecho a la alimentación? Usted ha hecho tal propuesta.

R. Las agencias internacionales han trabajado muy juntas desde abril de 2008 como resultado de un grupo de trabajo alto nivel en la crisis global alimentaria, que fue establecido bajo el liderazgo del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Ellos acordaron un Marco Amplio de Acción con una lista de medidas operacionales que los gobiernos deberían tomar con el apoyo de la comunidad internacional. La pregunta es ahora si ese esfuerzo será sostenido más allá del momento actual donde hay una sensación de urgencia. Esta es una de las apuestas de la reforma que se busca para el CFS. El dilema es muy simple. O aceptamos que las políticas comerciales o macroeconómicas de estabilización –y efectivamente, las políticas agrícolas– ignoren el impacto sobre el derecho a la alimentación de los más pobres, o inducimos esas políticas hacia la reducción del hambre y la pobreza. Si es lo último, entonces es vital que se mejore la coordinación.

P. ¿Es viable que las naciones establezcan regulaciones obligatorias o leyes para que se ejerza el derecho a la alimentación?

R. Por lo menos 20 Estados en el mundo hoy, incluidos recientemente Ecuador y Bolivia, reconocen el derecho a la alimentación en sus constituciones. Un creciente número de Estados también han adoptado un marco legal que protege este derecho. En abril de 2005, con la aprobación de su Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala se convirtió en el primer país de América Latina que incluyó tal derecho en su sistema legal. En Brasil, la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Losan) puso en marcha el Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición (Sisan), el cual lleva a toda la población un número de políticas enfocadas a combatir el hambre, incluidas algunas diseñadas para apoyar la agricultura familiar, mejorar el acceso a la alimentación y al agua por parte de aquellos que las necesitan (por ejemplo por medio de un programa de restaurantes para gente de bajos ingresos, bancos de alimentos, cocinas comunitarias o cisternas), para alimentar niños en escuelas o para mejorar el almacenamiento de alimentos en áreas rurales. En julio de 2008, Venezuela adoptó la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que en su artículo ocho reconoce el derecho a la alimentación.

Estos acontecimientos no son sólo de valor simbólico. Más bien, operan una evolución desde la postura de que “necesitamos tener políticas que permitan la seguridad aimentaria” a la de “cada individuo debe tener garantizada una respuesta y un remedio si es violado su derecho a la alimentación”. Tenemos más casos en los cuales las cortes judiciales, por ejemplo, obligan a los gobiernos a extender programas de apoyo a ciertas áreas que son olvidadas, o a compensar a los agricultores por pérdidas en su nivel de vida, Hay resistencias, por supuesto, pero vamos en una dirección, en general, que es claramente alentadora.

P. ¿Quiere hacer un comentario adicional?

R. El reto más importante que estamos enfrentando hoy es el cambio climático y la degradación ambiental. La agricultura es tanto parte del problema como de la solución. El 32 por ciento de los emisiones de gas invernadero generadas por el hombre son resultado de la agricultura (19 por ciento sin tomar en cuenta la deforestación) y la agricultura consume 70 por ciento del agua fresca del mundo. Pero las prácticas agrícolas pueden ser más sostenibles. Podemos confiar más en la agricultura de labranza mínima, o los intercultivos y la agroforestería y generalmente en agricultura ecológica, que descansa menos en insumos externos (los cuales son una fuente de dependencia económica para los productores) y compartir más el conocimiento acerca de buenas prácticas y la interacción de las plantas con el ecosistema. Debido a lo que representan las amenazas del cambio climático y la degradación ambiental para el futuro de la seguridad alimentaria del mundo, insisto en que los gobiernos deberían poner mayor atención a esas alternativas. La agricultura del siglo XX, dependiente altamente de insumos, debería pronto convertirse en una cosa del pasado. De hecho, la dependencia del petróleo está condenada al fracaso en el largo plazo. Deberíamos movernos al siglo XXI. (Lourdes Edith Rudiño)