Reestructurar la Sagarpa para apoyar a productores pequeños, prioridad del nuevo secretario

• Irracional, que los minifundistas se sostengan en producción de granos, dice
• Necesario que la secretaría asuma sus responsabilidades en “alimentación”

Lourdes Edith Rudiño

La aspiración de Francisco Mayorga Castañeda en los tres años que restan al gobierno actual es reestructurar la Secretaría de Agricultura y lograr una mejor coordinación con otras instancias del Estado, a fin de “abrirles cauce a los pequeños y medianos productores al mercado. Si eso se logra, habremos hecho la tarea”.

FOTO: Lourdes E. Rudiño

El funcionario, quien fue titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el último año del foxismo y hace unas semanas retomó la estafeta, sucediendo a Alberto Cárdenas, considera irracional lo que hoy por hoy hacen los productores de pequeña escala, de dos o tres hectáreas: producir granos. “En cereales y oleaginosas no es racional, no es posible competir con los productores de Brasil, Argentina, Estados Unidos o Australia, que tienen predios de 700 u 800 hectáreas planas, con buena precipitación y maquinaria”.

Sin embargo, agrega, para esos campesinos mexicanos hay muchas opciones: en frutales, hortalizas, cultivos de invernadero, pequeñas especies ganaderas y especialidades de nicho vinculadas a la cocina mexicana, como las hierbas aromáticas, todo lo cual por supuesto resulta rentable.

El porqué no se han movido a esas opciones tiene qué ver con que la Sagarpa “tiene muy poca acción real en el rubro de alimentación, pues este tema está en el nombre de la Secretaría pero abajo casi no hay nada” y entonces “falta mucha capacitación y presencia del gobierno por medio de leyes buenas” para favorecer a los campesinos. Y a eso hay que agregar que hay cotos de poder que complican las cosas.

Ejemplificó: un productor de maíz criollo de Puebla, Tlaxcala, estado de México o Hidalgo –donde está la mayor pulverización de la tierra– vende su grano a un lado de su parcela y además tiene borregos; los mata en su patio y vende barbacoa. “En una visión mucho más avanzada ese borrego tendría que ser sacrificado de manera higiénica en un rastro TIF (tipo inspección federal) y que se puedan aprovechar todos sus subproductos. El productor podría seguir haciendo su barbacoa pero con mucha higiene y brindar confianza al consumidor, además de obtener mayores ingresos por el mejor aprovechamiento del animal”.

Pero están los cotos de poder –“muchos ostiones que no se pueden abrir y tienen repercusión en el sector agroalimentario”–. En el caso de los rastros, ocurre que los TIF, que son los que apoya y promueve Sagarpa, difícilmente pueden competir en costos con los rastros municipales, que no cumplen ninguna regulación ni ecológica, ni sanitaria, ni de nada; son administrados por los municipios y su infraestructura es de la época de la Colonia.

Y la Sagarpa se ha visto limitada para conducir el enlace entre el mercado y los productores, porque la facultad de la “alimentación” está distribuida en diversas instancias de gobierno, con diferentes visiones, como la Secretaría de Economía, cuya Subsecretaría de Abasto tiene el mandato de garantizar la oferta al mercado nacional sin importar de dónde venga ni con qué calidad mientras no perjudique la salud, o la Secretaría de Salud, cuyo criterio es que los alimentos no deriven en enfermedades serias, aunque, según Mayorga, deberíamos aspirar a otro enfoque de alimentación donde además de impedir daños a la salud, se promueva una alimentación balanceada, inocua, que derive en mejor calidad de vida, y rechazar la alimentación chatarra o insana.

–Otro factor que afecta a los productores y al agro es la concentración de subsidios en pocas manos. ¿No es así? –se le preguntó.

–Sí, es otra de las paradojas. Hay una idea muy fija en productores, legisladores, organizaciones privadas y sociales, gobernadores, de que los apoyos tienen que ir a la producción. Eso provoca que los que más producen, que son los que tienen más recursos, reciban más apoyos. Está muy extendida esa mentalidad de premiar la productividad (yo digo que ese no es papel del gobierno, pues la productividad se premia por sí misma, con más competitividad), y el resultado es una mayor concentración de los subsidios en pocas manos. Yo he propuesto, y no genera simpatía, que operen los mecanismos fiscales; cuando ya se concentran los apoyos, que vengan los impuestos a rescatar o recoger parte de esas utilidades extraordinarias que obtienen algunos. Pero esa es la polémica ahora del dos por ciento; si hubiera un impuesto generalizado obligaría a que la gente se diera de alta en el registro federal de causantes. Y también evitar exenciones y todo eso que hace que a la hora de la hora algunas empresas o personas físicas que tienen muy buenos asesores acaben no pagando lo que deben pagar.

FOTO: Cristina Rodríguez / La Jornada

En medio de la crisis alimentaria y económica, Mayorga Castañeda considera que sus retos principales en la Sagarpa son “entender mejor nuestro país y nuestro sector para ser más preciso en las decisiones; construir una visión de largo plazo del sector agroalimentario, y racionalizar los apoyos al sector, pues algunos ya están desgastados y otros se anulan entre sí o se contradicen”.

La Sagarpa será sometida a una reestructura. “Nuestros operadores en el interior reclaman que no haya tantos cambios en las reglas de operación y en los nombres de los programas; que no se dupliquen programas; que se termine la visión de que cada subsecretaría tenga todas las funciones de planeación, financiamento, entrega de apoyos, y que hagamos una labor de equipo, y eso con los estados también”.

Asimismo, buscará ejercer la función de la planeación. “Quiero ver si con los convenios de concertación con los estados, podemos marcar algunos proyectos estratégicos para cada estado. Todo mundo quiere que la Sagarpa planee la producción agropecuaria, pero los programas de apoyos que damos se aplican a partir de la demanda, y no puede uno priorizar la entrega de los recursos”.

–Organismos internacionales han señalado que el gasto público en el agro mexicano es muy alto y su eficiencia escasa.

–Comparto la idea, pero el presupuesto está comprometido desde origen y el margen de maniobra de la Sagarpa es escaso. En Procampo lo que hacemos es sólo apretar el botón de la computadora y dispersar sus alrededor de 15 mil millones de pesos; Progan es otro programa masivo para la ganadería, con tres mil millones; en apoyos a energéticos, con cuatro mil millones no hay mucho qué hacer y lo mismo con los cinco mil millones para sanidades, pues hay campañas en marcha; activos productivos (lo que antes fue Alianza para el Campo) tiene ocho mil millones, apoyos a la comercialización una cantidad igual; contingencias como sequías, huracanes, etcétera, también tiene una cantidad específica, y al final de cuentas el margen de maniobra de la Sagarpa es de diez por ciento del presupuesto total. En Estados Unidos, a diferencia, la Farm Bill asigna fondos discrecionales para la agricultura y el Ejecutivo decide en qué aplicarlos, porque se entiende que el campo tiene muchos factores aleatorios, que hay que responder de inmediato a situaciones imprevistas. Aquí es al revés, se considera que todo lo que es discrecional será usado para fines políticos.

Y hay que agregar que los diputados deciden también rubros específicos dentro del presupuesto federal que complican su ejercicio y que llegan a generar conflicto entre la Sagarpa y ciertos grupos de productores. “Por ejemplo, deciden un esquema de promoción a la guayaba de 40 millones de pesos y los guayaberos ven eso y vienen a pedirlo. Pero necesitamos reglas de operación, proyectos; eso provoca malestar y roces, creen que son pretextos, que no queremos cumplir (...) nosotros sentimos la presión de decir tal vez no se justifique hoy en estas circunstancias darle a la guayaba, sino atender una emergencia sanitaria y tenemos que direccionar recursos. Empiezan las transferencias, las negociaciones, eso entorpece el ejercicio del presupuesto, tenemos que convencer a los de la guayaba que no necesitan 40, que con cinco pueden sacar un proyecto importante para ellos, pero eso nos puede llevar seis meses, u ocho, o cinco meses. Y entonces se atora el recurso, se desgasta la relación con ese grupo. Por eso lo que he pedido a los legisladores es no tanto el monto el presupuesto, sino qué tanta libertad de maniobra nos dejan”.

–Después de la experiencia de 2006-07, cuando se encareció excesivamente el maíz debido al uso de este grano en Estados Unidos para producir etanol, ¿qué medidas debemos tomar en México?

–Desde mi punto de vista la reacción en 2006-07 fue una política equivocada. Se pudo manejar de otra manera.

Se manejó así, costó, costó mucho pero no es porque no hubiera soluciones técnicas y económicas a la mano. Se pusieron muy hábiles algunas empresas para llevar agua a su molino.

–¿Fue equivocado mandar la señal de que necesitábamos maíz y que había que comprarlo de cualquier origen?

–Sí, debimos haber abierto la importación de maíz amarillo para que los productors no se fueran sobre el blanco. Eso hubiera permitido atender ambos mercados pero como nada más había blanco y el sector pecuario necesitaba se fue sobre el blanco y ya no ajustó para los dos. Eso encareció el maíz para todos.

–Pero dada la crisis alimentaria, ¿debemos buscar la autonomía alimentaria?

–Todo lo que se pueda avanzar en eso es deseable, pero siendo realistas en nuestras limitaciones de recursos naturales, y en nuestros costos, porque no se puede hacer a cualquier costo. Dentro de lo razonable, marchar en esa dirección, sabiendo que no podemos lograr al cien por ciento tener autonomía en granos y oleaginosas. No da la tierra, el agua.

–Preocupa en el agro la presencia de grandes empresas que dominan y manipulan el mercado. ¿Qué papel debe asumir el Estado?

–Es una tendencia de la globalidad tener dos o tres grandes jugadores y luego una infinidad de jugadores pequeños y medianos, y el sector agroalimentario no escapa a eso. Es evidente que el Estado necesita regular el mercado; el mercado libre nunca ha existido y no debe existir, debemos tener mercados correctamente regulados, y eso no quiere decir que el Estado haga las cosas, sino que ponga las reglas y las haga valer para corregir distorsiones o inequidades. Eso es muy importante, en los países que son eficientes en su sector agroalimentario, tienen muy buenas regulaciones. Nos hemos ido al otro extremo como país a desregular demasiado y dejar que cada quien se rasque como pueda. No comparto esta visión.

–Entonces hay que empezar a regular.

–Sí, pero no lo puede hacer el Estado imponiendo las cosas. También es cierto que esos países que han regulado bien sus mercados es porque sus productores han entendido que deben autorregularse ellos. Ya que más o menos se ponen de acuerdo van con el gobierno a que hagan oficiales esas normas, a que las aplique como árbritro, conductor de la economía, pero si no hay un cierto eslabonamiento social, la pura fuerza del Estado no funciona, y entonces entramos a un estado burocrátido, represor e ineficiente. También se necesita una cohesión social abajo en las organizaciones intermedias; que las organizaciones de productores busquen a sus clientes y establezcan relaciones duraderas con ellos, que el industrial busque a sus proveedores locales y que establezca relaciones duraderas. Tenemos que buscar esa madurez.