Culiacán, Sin., 16 de octubre. Los mandatarios de Sinaloa, Sonora, Baja California y Veracruz acordaron demandar al gobierno federal, por conducto de la Cámara de Diputados, que revise la política de subsidios al agua asignados al valle de México, al cual, en la propuesta de presupuesto, se le otorgan 5 mil millones de pesos y al resto de las entidades 3 mil 600 millones.

El Congreso de la Unión tiene la tarea de hacer una asignación óptima y justa de los recursos públicos, pues en el caso de la política para el agua pareciera que se premia la ineficiencia. Hay que estimular al sector agropecuario, pues fue el único que en la crisis tuvo crecimiento, asentaron los mandatarios Jesús Alberto Aguilar Padilla, de Sinaloa; Fidel Herrera Beltrán, Veracruz; Guillermo Padrés Elías, Sonora, y José Osuna Millán, Baja California, en la reunión de la comisión del campo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Propusieron que se apruebe una ley que conjugue las inversiones pública y privada para utilizar otra ingeniería financiera en la construcción de infraestructura hidroagrícola, además de un programa de dragado de ríos. Hay que ser realistas. No será fácil el reparto de los recursos y, por ello, hay que tener un instrumento de ley para tener obra concesionada, manifestó el mandatario de Sonora.

Óscar Lara Aréchiga, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, explicó que el proyecto de presupuesto para el sector hidroagrícola tiene una disminución de 11 por ciento respecto del ejercicio de 2009. La agricultura tiene concesionados 76.6 mil millones de metros cúbicos de agua, es decir, 7.5 por ciento del volumen de aguas nacionales, y de las 6.5 millones de hectáreas bajo riego sólo 10 por ciento está tecnificada.

Hay un deterioro profundo de la infraestructura hidroagrícola por la falta de conservación y mantenimiento, y ausencia de proyectos de obra hidráulica y de recursos económicos y financieros para su ejecución. Por ello, las medidas y acciones estarán dirigidas a la reactivación y capitalización de la actividad agropecuaria.

En la reunión, efectuada en el palacio de gobierno de Culiacán, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Cruz López Aguilar, detalló que al sector agropecuario le restan 20.4 mil millones de pesos de los programas productivos, y los sociales reciben un incremento de 24 mil 945 millones de pesos en comparación con el ejercicio de 2009.

Eso, dijo Jorge Kondo, secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno de Sinaloa, no reduce la pobreza, pues entre 2006 y 2008 los presupuestos sociales pasaron de 12 mil millones a 18 mil millones de pesos y la pobreza alimentaria se elevó en 5 millones.

Los mandatarios respaldaron la proposición de López Aguilar de negociar un incremento de 10 por ciento a la propuesta del PEC, por lo que el monto pasaría de 237.8 mil millones de pesos a 265 mil millones.

La propuesta también incluye participar en la definición de las reglas de operación de los programas para lograr una mayor eficiencia en el ejercicio del presupuesto, pues con ese mecanismo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación controla 78 por ciento del monto total asignado al sector agropecuario.