Trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), esposas, madres e hijas de los empleados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) exigieron ayer a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que el gobierno federal les devuelva su empleo.

Horas antes, en compañía de sus hijos, acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para interponer una queja y solicitar que el titular del organismo, José Luis Soberanes, interceda ante el Ejecutivo federal para echar abajo el decreto de extinción de LFC y, así, su trabajo les sea restituido, pues serán sus hijos quienes padezcan directamente las consecuencias.

Afuera de la residencia oficial de Los Pinos, unas 500 personas se manifestaron para solicitar audiencia con Zavala. Entonaron un estribillo con la música de Martinillo: Margarita / Margarita / dónde estás / dónde estás / únete a nosotras / únete a nosotras / donde estés / donde estés.

Tras permanecer cerca de tres horas en las oficinas de Zavala en la Presidencia de la República, una comisión de seis mujeres explicó que no podía dar detalles de la reunión, pero refirió que la esposa de Calderón es una buena persona, mostró calidad humana y nada más.

Mónica Jiménez explicó: venimos a reclamar nuestro empleo, mientras sus compañeras gritaban ¡esme!, ¡esme!, ¡esme! En el mitin mostraron pancartas con leyendas como: Calderón, nuestros hijos tienen hambre y los tuyos tienen pan; Calderón, espurio; Exigimos derogación del decreto ilegal de liquidación de LFC, es un acto autoritario.

Debido a las medidas de seguridad del Estado Mayor Presidencial, las trabajadoras electricistas sólo pudieron llegar a las inmediaciones de la estación Constituyentes del Metro, desde donde gritaron: ¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas! Por momentos ocuparon los dos sentidos de avenida Parque Lira, pero no causaron problemas de tránsito.

Horas antes, unas 150 trabajadoras de LFC interpusieron una queja en la CNDH para denunciar violaciones a sus derechos laborales. Realizaron una protesta en la sede del organismo para manifestar que con el decreto de extinción de la compañía, el gobierno de Calderón dejó a los trabajadores en la inestabilidad laboral, sin seguridad social y a sus hijos sin guarderías.

Somos mujeres trabajadoras, ahora desempleadas, que llevábamos el sustento diario a nuestros hogares. Hoy nuestros hijos están sin comer y en unos días estarán sin educación, porque no tendremos dinero. ¿Cómo les explicaremos que ya no habrá comida ni escuela?, señalaron.

En la CNDH se informó que se dio entrada a la queja, aunque no tiene muchas posibilidades de prosperar debido a que el organismo carece de competencia en asuntos laborales.

La primera instancia a la que acudieron para interponer la queja fue a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sin embargo, allí se les remitió a la CNDH, ya que el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que se trata de un asunto de competencia federal, además de que los organismos defensores de las garantías individuales están excluidos de conocer temas de índole laboral, a pesar de que constitucionalmente el empleo es un derecho.