omo antes con Fox, la hueca democratización de la salud regresa al sector salud calderonista ofreciendo alegremente elegir a su médico. El 17 de abril el DOF publicó que aquellos mexicanos que acudan a servicios públicos podrán elegir al de su preferencia, a partir de abril de 2010. ¿Con qué salvedades? El derecho a la libertad de elección se limita al primer nivel de atención, disponibilidad de médicos en la unidad de salud, horario de labores, reglas generales que determine cada institución y en el entendido de que en las instituciones de seguridad social sólo los asegurados podrán ejercerlo.

El decreto otorga un plazo de 12 meses a las instituciones del Sistema Nacional de Salud para que se organicen médica y administrativamente. También extiende a los usuarios el derecho a decidir sobre los procedimientos, diagnósticos o terapias que se les apliquen, así como facilidades para contar con una segunda opinión. Todo esto está teóricamente muy, pero muy bien. ¡Faltaba más! Con el ligero inconveniente de que, apenas unos días antes del anuncio, el secretario Córdova detectó un incremento en la demanda de servicios que no los satura ni desborda. Tal vez porque ya lo están desde hace mucho. Y porque para él lo único prioritario –hasta que la epidemia de influenza A desnudó la realidad del sistema sanitario reformado por Soberón, De la Fuente (Narro), Frenk– era universalizar en el año 2011.

O porque desde hace años en el sector acontezca que las propias comunidades deben edificar su centro de salud (como en Ixtla, Morelos). O porque el hospital regional de Zapotitlán Tablas en la Montaña de Guerrero haya sido inaugurado dos veces: la primera por Fox hace nueve años y la segunda por Calderón en 2007, aunque siga sin entrar en operación. O porque la ASF concluya que la Secretaría de la Función Pública falló en su intento por sistematizar el registro 2007 de los beneficiarios de 11 programas sociales de Calderón, entre ellos el Seguro Popular, cuyos registros apenas cumplieron con 72 por ciento de los datos requeridos para identificarlos correctamente, ello sin considerar la duplicidad de coberturas con IMSS, ISSSTE e ISSFAM.

O porque Calderón guste de inaugurar hospitales regionales de alta especialidad que carecen de médicos, como el de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que puso en operación el 27 de marzo, o porque con la actual tendencia de la mortalidad materna (55 muertes por cada 100 mil nacimientos) difícilmente México cumplirá con los petulantes Objetivos de Desarrollo del Milenio.

O porque Constantino Quiroz, secretario de Salud de Tlaxcala, denuncie que la falta de presupuesto para el pago de los médicos en hospitales de segundo y tercer niveles –de responsabilidad federal– tiene al sector en jaque: sencillamente así no pueden funcionar, pues también requieren medicamentos, equipos y material de curación. Ese es el caso de los hospitales infantil, general de Calpulalpan, Sur de Huamantla, de la mujer y el de especialidades, entre otros.

O porque recientes análisis muestren que, del presupuesto del Fideicomiso de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ejercido entre 2004 y 2008, no se transfirieron a los estados 80 por ciento de los recursos para la construcción y ampliación de clínicas y hospitales. O porque la CNDH observe con preocupación las condiciones bajo las cuales se prestan los servicios en IMSS, ISSSTE, Ssa, GDF, ISSFAM y Pemex: falta de médicos, especialistas, insuficiente supervisión de residentes y pasantes, insuficiencia de camas, medicamentos y equipo de curación (Recomendación general 15, 12.5.09).

O porque, aunque el secretario de Salud de Hidalgo, Jorge Islas Fuentes, presuma que el hospital general de Pachuca cuenta con una infraestructura de orgullo, las quejas sobre sus niveles de atención no cesan, mientras el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, abandona cuatro hospitales comunitarios básicos porque no fueron inversión de mi gobierno.

No es casual que, en septiembre de 2008, los legisladores criticaran –frente a Córdova– la calidad que priva en los servicios y que el incremento en el presupuesto no se refleje en una mejoría de la atención de los pacientes. Hasta el mismo presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, Ernesto Saro Boardman, planteó la necesidad de revisar los criterios de evaluación del Seguro Popular porque, hasta ahora, se ha centrado en la afiliación de familias y tendría que extenderse a la calidad de los servicios. Y el propio Córdova se vio obligado a reconocer las carencias: A lo mejor algunas cosas no las hemos hecho bien, pero vamos a mejorar.

Tal vez por todo eso, cuando el 20 de marzo de 2009 Calderón sentó al frente del Seguro Popular a Salomón Chertorisvsky –quien antes dirigía Distribuidora Conasupo– Córdova trató de justificar el curioso nombramiento pretextando que al tratarse de un seguro médico se requiere una persona que tenga un perfil profesional enfocado a la economía (¿?) Y todavía agregó: porque es un seguro y de abajo está soportado por toda la parte técnico-médica. Pero ¿quién y cómo soporta al de arriba, a Chertorisvsky?

Por todo eso, en especial por el desempeño integral de la Ssa durante la pandemia de influenza A, resulta altamente improbable elegir médico en el fraudulento Seguro Popular de Fox continuado electoralmente por Calderón.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco