l miércoles la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACN-UDH) en México dio a conocer un informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de garantías individuales en el país, titulado Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Tiene como sustento los eventos de agresión y obstaculización en contra de las y los defensores, registrados minuciosamente durante el periodo de enero de 2006 a agosto de 2009 por la oficina en visitas realizadas a 10 entidades de la República, así como las respuestas a un cuestionario metodológicamente bien elaborado y dirigido a organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de defensa de garantías, periodistas y dependencias que a escala federal se vinculan con ese trabajo. Teniendo en cuenta la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, el informe identifica como defensores a cualquier persona o grupo de personas que promuevan los derechos humanos, sin importar sus antecedentes profesionales o si pertenecen o no a una organización de la sociedad civil.

En ese sentido, a un defensor de derechos humanos lo definen las actividades que realiza, lo que incluye no sólo a académicos, miembros de organismos públicos, líderes de opinión o integrantes de organizaciones civiles y sociales, sino también al enorme número de personas que luchan día a día por la reivindicación de sus garantías, aunque ellos no se asuman propiamente como defensores de derechos humanos. Tal es el caso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que luchan por el mantenimiento de su fuente de trabajo y los derechos adquiridos en su contrato colectivo. El informe destaca la labor de las y los defensores, y su papel activo en una verdadera democracia representativa y participativa. A este propósito cabe resaltar las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en 2008 expresó que las y los defensores están siempre en la primera línea, alertando y documentando los posibles abusos a los derechos humanos, acompañando a las víctimas, fortaleciendo el estado de derecho, cuestionando la impunidad y activando los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos.

Lamentablemente, al impulsar estos cambios en el ejercicio diario de su trabajo, las y los activistas se enfrentan a innumerables riesgos. Por esto el informe se presenta en un momento muy oportuno, toda vez que las organizaciones de derechos humanos han detectado un aumento en el nivel de violencia ejercida en su contra. Ello sin contar que desde hace años México es el país donde resulta más peligroso ejercer el periodismo, después de Irak. Los problemas a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos es un reflejo de la situación del país en este tema, y para comprender estos retos el informe señala como necesario tomar como referencia los siguientes fenómenos: 1) Los niveles de violencia e inseguridad que han intensificado su vulnerabilidad, a lo que debe sumarse la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño y la implementación de las políticas de seguridad; 2) El modelo económico, que genera pobreza y desigualdad, y tiende a la concentración de la riqueza y a privilegiar intereses privados de grupos económicos fuertes; 3) La permanencia de dinámicas no democráticas, cuyas prácticas minan el trabajo de defensores y los ponen en condiciones de vulnerabilidad frente al poder político, y 4) La resistencia a cambios culturales, en especial cuando se trata de temas como derechos de las mujeres, pueblos indígenas o diversidad sexual, ya que la agenda de derechos humanos implica necesariamente una transformación cultural.

Es en este contexto que los defensores de derechos humanos realizan su labor en el país, con las consecuentes agresiones que ello implica. Como se mencionó, el informe se basa también en una recopilación de 128 casos de agresiones documentados por la oficina de la ACNUDH en todo el país en el periodo señalado. Este número, alto por sí mismo, no refleja sin embargo todas las agresiones que han sufrido las y los defensores, pero muestra cifras alarmantes en cuanto a la falta de acciones del Estado para proteger su labor. En efecto, de los casos reportados, se desprende un nivel de impunidad de 98.5 por ciento, ya que sólo en dos ocasiones se procesó judicialmente a los agresores.

Aunque el informe reconoce ciertos esfuerzos del gobierno para proteger la labor de los activistas y dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales emitidas, también señala el espacio mínimo que el tema ocupa en la agenda nacional, y cómo en diversas ocasiones los órganos del Estado y el sistema de justicia penal son usados para frenar y desgastar su labor. Mientras los diversos poderes y los distintos niveles de gobierno no reconozcan la labor de las y los defensores de derechos humanos como parte fundamental de un Estado democrático, y les otorguen la debida protección, no podremos hablar de un estado de derecho. La impunidad que rodea dichas agresiones es sólo una de las muchas problemáticas en el país, en el que, más allá de la retórica, se exige un compromiso concreto y acciones efectivas.