Oaxaca, Oax., 16 de octubre. Luchadores sociales excarcelados e integrantes del Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) denunciaron la suspensión sin causa justificada de la diligencia de emplazamiento en el juicio de responsabilidad civil contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y Héctor Mafud Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.

Los inconformes corearon consignas como ¡Justicia, justicia! y ¡Presos políticos, libertad! en la protesta efectuada la tarde frente a Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, sede del Poder Ejecutivo, luego de que Porfiria Morán Sachiñas, primera actuaria ejecutora del juzgado primero de lo civil, suspendió la actuación programada.

Isaac Torres Carmona, coordinador de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, organización que coadyuva con los demandantes, recordó que 48 personas –ahora ex presos políticos y de conciencia– presentaron en febrero pasado una demanda de responsabilidad civil por daño moral contra ambos servidores públicos.

Detenidos por consigna

Lo anterior se debió a que el proceso penal iniciado contra los quejosos luego de su detención por la Policía Federal Preventiva (PFP) el 25 de noviembre de 2006, obedeció a una consigna del gobierno estatal; y los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías de comunicación que se les imputaron, constituyen un agravio que se debe resarcir con 48 millones de pesos dada la vulneración de su libertad y su integridad física y síquica.

La jueza Elizabeth Roxana Luna admitió la demanda y dispuso notificar a los denuncia-dos y emplazarlos a contestar en un plazo de nueve días, como estipula el Código Civil de Oaxaca; pero la primera actuaria ejecutora Morán Sachiñas incumplió el procedimiento sin causa justificada y ello se traduce en la obstaculización, retraso y entorpecimiento de trámites obligatorios.

Los 48 ex presos políticos y de conciencia presentaron una queja ante la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos dada la conducta de Morán Sachiñas, que de acuerdo con Torres Carmona, muestra la intromisión del Tribunal Superior en el proceso y la subordinación del Poder Judicial a Ulises Ruiz, por lo que procede reclamar el restablecimiento de las garantías de legalidad y acceso a la justicia pronta, completa e imparcial.