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17 de octubre de 2009 Número 25 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
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Víctor Suárez Carrera
El debate en torno al presupuesto para el campo cada vez ocupa más la atención de las organizaciones de productores, las centrales campesinas, las cúpulas empresariales, los partidos, los gobernadores, los grupos parlamentarios y, por supuesto, de la Cámara de Diputados. Cada año, entre septiembre y noviembre, pareciera que las esperanzas de cambiar o al menos mejorar la situación del sector rural se renuevan en función de las posibilidades de modificar cualitativamente y/o aumentar en tal o cual porcentaje el presupuesto del llamado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC Rural).
A partir de 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión dejó de ser la oficina de asuntos legislativos del Ejecutivo federal, la interlocución de los movimientos campesinos con el Poder Legislativo para la reorientación de las políticas rurales y los presupuestos para el campo se fue incorporando paulatinamente como práctica común de las luchas campesinas autónomas. Al respecto, destaca la participación pionera de las organizaciones que después animaron centralmente el movimiento El Campo No Aguanta Más y que hoy conforman el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) en la construcción de propuestas alternativas de presupuesto rural y de incidencia política frente a la Cámara de Diputados (desplegados, acciones mediáticas, marchas, reuniones masivas con legisladores en el Palacio de San Lázaro, cabildeo con comisiones legislativas, etcétera).
De 2003 a la fecha, la lucha por modificar la iniciativa presidencial de presupuesto para el campo y reorientar las políticas anticampesinas y de dependencia alimentaria se ha convertido en un ritual vacío, transformándose el debate y la disputa por el PEC Rural en un verdadero ciclo de simulación en el que todos ganan para que todo siga igual o peor.
El ciclo de simulación del presupuesto rural. La alternancia panista en el Poder Ejecutivo y la reafirmación de la multipolaridad en el Legislativo en el 2000 alimentaron la esperanza del fin del presidencialismo y del avance hacia la democratización del sistema político mexicano. En lo relativo a la disputa por el presupuesto de la federación, la frase “el Ejecutivo propone y la Cámara de Diputados dispone” pareció marcar el fin de la dictadura de la Secretaría de Hacienda y el principio del ejercicio pleno de una de las facultades centrales de la soberanía popular en un sistema republicano: la modificación y aprobación del uso y la aplicación de los ingresos del Estado por la Cámara de Diputados. Por lo demás, se trataba un mandato constitucional establecido desde 1917: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión, y en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal” (Articulo 74, fracción IV).
Sin embargo, la realidad de la aprobación y ejecución del presupuesto de la federación ha dejado atrás la ilusión de la división de poderes y de la construcción democrática de las decisiones y del control presupuestario. A continuación se presenta el ciclo de la simulación del presupuesto rural que ha impuesto en los años recientes el neo-presidencialismo panista y el cogobierno priísta con la complacencia y, a veces, complicidad de los grupos parlamentarios y gobernadores de la izquierda y no pocas organizaciones y centrales campesinas.
Fase 1. La iniciativa presidencial castiga al campo. El Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de cada año la Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación (IPEF) conteniendo una reducción significativa en la propuesta de presupuesto para el campo con relación al monto aprobado para el año en curso. Este hecho refleja, por una parte, la baja importancia real que la élite gobernante asigna al sector rural y, por otra, una estratagema para que los grupos parlamentarios afines al campo y algunas centrales campesinas “logren” una bolsa de reasignación para incrementar el PEC Rural a niveles iguales o ligeramente superiores a los aprobados en el año en curso, a condición de que se mantenga intacta la orientación presidencial de política rural.
Fase 2.- Crítica y rechazo a la iniciativa presidencial. De manera unánime todas las organizaciones y centrales campesinas, así como todos los partidos –con excepción del PAN–, critican y rechazan la iniciativa presidencial, sobre todo a la luz de la crisis alimentaria, la pobreza rural galopante, la migración en un contexto de recesión estadounidense y militarización de la frontera, el deterioro de los recursos naturales, la creciente dependencia alimentaria que vulnera la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Asimismo, critican el subejercicio, el burocratismo y la discrecionalidad, la concentración de subsidios en pocas manos y el uso político de los programas del ejercicio presupuestal en curso.
Fase 3.- Cabildeo para aumentar el PEC Rural. Las organizaciones campesinas, las cúpulas empresariales y los gobernadores cabildean de diversas formas en la Cámara de Diputados con un objetivo común: aumentar el monto del PEC Rural para el siguiente año fiscal a niveles similares o ligeramente superiores al monto aprobado para el año en curso.
Fase 4.- Las comisiones “unidas” construyen una propuesta alterna. A lo largo de octubre y principios de noviembre, en intensas y prolongadas sesiones de trabajo, las Comisiones “Unidas” del Sector Rural (CUSR) de la Cámara de Diputados (comisiones de Agricultura, Reforma Agraria, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Asuntos Indígenas) construyen una propuesta “ideal” de PEC Rural para ser sometida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo anterior en consulta directa con las organizaciones campesinas y las cúpulas empresariales.
Fase 5.- Negociaciones de Hacienda para una reasignación. De manera directa y discreta, por fuera de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda negocia con los gobernadores, dirigentes y coordinadores parlamentarios del PRI, principalmente, y de otros partidos, secundariamente, una bolsa de reasignación de recursos para incrementar el PEC Rural u otros componentes de la IPEF que beneficiará particularmente a determinados estados, distritos, sectores, gobernadores, legisladores y centrales. Lo anterior a cambio de garantizar el respaldo mayoritario de los diputados del PRI y otros al conjunto de la iniciativa presidencial de presupuesto para el año fiscal siguiente.
Fase 6.- Elaboración del dictamen. Una vez hechas las concertaciones por fuera del proceso legislativo entre el gobierno federal y los gobernadores, dirigentes y coordinadores del PRI, la SHCP elabora el dictamen de Decreto de Presupuesto de Egresos que será sometido a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre. Este dictamen se elabora por la Subsecretaria de Egresos de la SHCP en las oficinas alternas del secretario de Hacienda en el sur de la ciudad o en un bunker anexo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mientras tanto, continúa en el Palacio de San Lázaro la ilusión de que las CUSR están construyendo la propuesta “ideal” del PEC Rural.
Fase 7.- Aprobación de presupuestos. El 15 de noviembre o poco antes, el pleno de la Cámara de Diputados aprueba por mayoría (PAN-PRI-PVEM, etcétera) o por unanimidad (incluyendo al PRD-PT-C) el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año siguiente tal y como lo propuso, esencialmente, el Ejecutivo federal. Para justificar su voto aprobatorio, los grupos parlamentarios argumentan haber conseguido una bolsa de reasignación de tal o cual monto, gracias a la cual se “logró” aumentar recursos para el campo, infraestructura, salud, educación, cultura, etcétera. Igualmente, muchas organizaciones y centrales campesinas proclaman como suya la “victoria” de haber obtenido una bolsa de reasignación de recursos para el campo, participando directamente en la determinación de su asignación casi etiquetada a su favor en el “nuevo” PEC Rural incrementado.
Fase 8.- Ejecución de presupuestos conforme a las políticas y prácticas discrecionales del Ejecutivo federal. Aprobada la propuesta de PEF y PEC Rural de Ejecutivo federal, con modificaciones insustanciales, las dependencias y entidades del gobierno federal establecen de manera unilateral las reglas de operación de los programas con subsidios a efecto de garantizar la orientación de las políticas públicas neoliberales y el uso discrecional del presupuesto. Asimismo, Hacienda aplica sucesivos recortes presupuestales al PEC Rural (y otros) y las dependencias incurren en subejercicios sistemáticos de tal forma que la famosa bolsa de reasignación lograda por los grupos parlamentarios y organizaciones se esfuma en el aire. El PEC Rural se ejerce tal y como originalmente lo había propuesto el Ejecutivo federal tanto en monto como en orientación y discrecionalidad. Entonces, a lo largo de los primeros seis meses del año fiscal en curso, las organizaciones y grupos parlamentarios se vuelven a ocupar en criticar y rechazar el neo-presidencialismo panista así como el neoliberalismo, la ineficiencia, el burocratismo y la discrecionalidad rampantes de las dependencias y entidades del gobierno federal. Entre tanto, no hay contrapeso y correctivo posible en virtud de la falta de compromiso genuino con el campo de los partidos de oposición y de que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada por el PRI y el PAN ha hecho ilegalmente nugatoria la facultad constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar y modificar el presupuesto de la federación. Así se cierra un ciclo de simulación y se inicia otro con la fase uno.
Romper el ciclo de la simulación. Es tiempo ya de romper el ciclo de la simulación del presupuesto rural impuesto por las cúpulas empresariales que impiden un cambio de rumbo en la política agroalimentaria y de desarrollo rural del país. El neo-presidencialismo autoritario panista, asociado a las viejas prácticas del régimen priista, han establecido un ciclo de simulación alrededor del presupuesto rural en el que todos ganan en diferente medida (Ejecutivo federal, gobernadores, legisladores, centrales campesinas, agroempresarios y megacorporaciones agroalimentarias) pero siempre termina perdiendo el campo, los campesinos, los consumidores, los contribuyentes, el medio ambiente y, en suma, el país en su conjunto. De esta manera, cíclicamente se evapora al costo de una “bolsa de reasignación” la esperanza de cambiar las políticas fracasadas de los gobiernos del PRI y el PAN que tanto daño han hecho y seguirán haciendo al sector rural de nuestro país. Hoy más que nunca, en que el PAN tiene una fuerza debilitada en la Cámara de Diputados, es posible construir otro PEC Rural, no sólo en lo relativo al monto a aprobar, sino sobre todo en el establecimiento de una nueva orientación de política agroalimentaria y de ejercicio presupuestal. A continuación se proponen algunas tareas al respecto.
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Las organizaciones campesinas y los movimientos sociales deben coaligarse coyunturalmente, impulsar una fuerte presión mediática y de movilizaciones y emplazar a los grupos parlamentarios del PRI-PRD-PT-C, principalmente, a conformar un bloque mayoritario para modificar y aprobar otro PEF y otro PEC Rural 2010. No se trata de luchar por una bolsa de reasignación. Se trata de reorientar y modificar todo el presupuesto para el campo en función de otras orientaciones y prioridades de política agroalimentaria y de desarrollo rural. De no lograrse lo anterior, rechazar la IEPF y exhibir que el PRI (con sus gobernadores y grupo parlamentario) sigue siendo un partido demagógico, anticampesino, al servicio de la dependencia alimentaria, de los agricultores ricos, de las megacorporaciones agroalimentarias mexicanas y trasnacionales y de los intereses extranjeros.
Asegurar que el PEC Rural 2010 deba estar orientado prioritaria y explícitamente a cumplir los siguientes objetivos estratégicos: a) reducir la dependencia alimentaria, sustituir importaciones e incrementar la producción interna de alimentos; b) revalorizar y fomentar la producción y productividad sustentable de alimentos con base en las pequeñas y medianas unidades de producción rural; c) incentivar la transición hacia una agricultura sustentable y priorizar la conservación, restauración y manejo sustentable del agua, suelo, bosques, selvas y demás cubierta forestal; d) priorizar la preservación y creación de empleos rurales a partir del control y aprovechamiento de los recursos por los propios campesinos y pueblos indios, y e) favorecer una mejor distribución del ingreso y una reducción de los niveles de desigualdad entre regiones, tipo de productores y pobladores rurales y de estos con los pobladores urbanos.
Garantizar que en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en el PEC Rural 2010 se establezca la prioridad de las estrategias diferenciales de desarrollo productivo por sobre las estrategias asistencialistas. Esto significa definir la siguiente jerarquía en la composición del PEC Rural: 1º Inversión estratégica para el desarrollo productivo y social (caminos, electrificación, obras de riego, tecnificación del riego agrícola, obras de captación de agua de lluvia, obras de conservación del suelo y agua, plantaciones forestales comunitarias, infraestructura de almacenamiento, industrias estratégicas de valor agregado; hospitales, escuelas, centros de salud, etcétera); 2º Acceso universal al crédito y a servicios financieros en el medio rural a tasas y condiciones preferenciales; 3º Subsidios para activos productivos vía organizaciones de productores de base; 4º Subsidios directos al ingreso y a la comercialización con topes diferenciales por tipo de productor, región y actividad productiva-ambiental; 5º Transferencias fiscales para combatir la pobreza, erradicar el hambre y la desnutrición y apoyar a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Desde luego rechazar la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Asegurar desde el decreto del PEF 2010 mandatos claros y específicos para garantizar la nueva orientación del PEC Rural, los calendarios y las reglas de operación estratégicas de los programas a que deberán sujetarse las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal. No dejar nada a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal.
Establecer en el decreto del PEF 2010 mecanismos precisos de vigilancia y seguimiento de los mandatos de la Cámara de Diputados al Ejecutivo Federal respecto al PEC Rural 2010 aprobado. Mandato no supervisado se lo lleva la… (política neoliberal).
Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (Anec)
Soslaya el presupuesto rural una visión de largo plazo
- Desatendidos, los bienes públicos de desarrollo social y productivo
- Se debe aumentar la infraestructura, a la par que se aborda la emergencia de crisis
Luis Gómez Oliver
 FOTO: Francisco Olvera / La Jornada |
La propuesta de gasto público rural para 2010 tiene una gran inercia y manifiesta los mismos problemas que en los años precedentes. Se dirige principalmente a la atención de necesidades sentidas, beneficio social o transferencias, es decir, a mitigar las severas dificultades de la población rural. En cambio, los recursos para variables estratégicas del desarrollo rural y agroalimentario de largo plazo son bastante menores.
Desde hace cinco años, la mayor parte de los recursos fiscales canalizados al campo se destina crecientemente a programas de beneficio social. En la propuesta para 2010 la tendencia se agudiza de forma significativa. Además, la parte principal de este gasto social se canaliza vía bienes privados, es decir, son apoyos que se entregan a personas específicas que cumplen ciertas condiciones. Ésta es la parte que crece más en la propuesta del paquete económico 2010, principalmente, el programa Oportunidades. El otro componente del gasto de beneficio social, el cual se entrega por medio de bienes públicos en programas de utilidad general que no seleccionan ni excluyen beneficiarios, como los servicios de educación o salud, presenta un crecimiento menor.
En contraste, la parte del gasto público rural destinada a ampliar las capacidades productivas en el campo disminuye de manera importante en la propuesta para 2010. Por un lado, bajan los apoyos que benefician a productores específicos vía bienes privados. Estos recursos, además de constituir un apoyo al ingreso, pueden servir para emergencias, para compensar perjuicios coyunturales por condiciones de mercado, para impulsar la capitalización –sobre todo cuando hay una deficiencia en los sistemas financieros rurales y dificultades de acceso al crédito– y para permitir cambios sustanciales en la actividad productiva o en la tecnología. En los años recientes, sin embargo, una gran parte de estos recursos se canaliza principalmente a dos programas: “Adquisición de activos productivos” (Alianza para el Campo) y “Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización”. (No se incluye aquí a Procampo porque los beneficiarios de este programa pueden dar cualquier uso –productivo o no– a los recursos recibidos y su impacto como estímulo a la actividad productiva es cuestionable).
Los apoyos en bienes privados para la adquisición de activos productivos pueden ser útiles cuando significan apoyos únicos o temporales que permiten cambios en la actividad o en el rubro productivo, en la tecnología, en la escala de producción o en la inserción en el mercado. En la escala de los pequeños productores esto puede lograrse con apoyos relativamente reducidos; pero, cuando este mismo tipo de apoyos es dirigido a productores medianos o grandes, como mayoritariamente ocurre con los programas actuales, con frecuencia significa la mera sustitución de gasto de inversión privado por gasto público, con la consecuente ventaja personal, pero sin cambio real en la producción.
Por otra parte, la propuesta de reducción al programa de Ingreso Objetivo es altamente bienvenida. Aunque este programa se ubica bajo el rubro de “atención a problemas estructurales” y se le podría suponer una orientación a resolver o reducir los problemas de comercialización –que afectan severamente a la agricultura mexicana– en la realidad solamente significa el pago de transferencias para compensar costos de comercialización y permitir competir con la producción importada; pero los problemas de comercialización siguen en la misma magnitud. De esta manera, los recursos compensan a los productores que enfrentan altos costos de comercialización, distorsionando la decisión de dónde producir más eficientemente y utilizando recursos fiscales bajo una lógica de permanencia indefinida, ya que este gasto no mejora la eficiencia en los procesos reales de comercialización y deben darse año con año. Con el serio agravante de que los recursos se entregan por tonelada, lo que significa que entre más grande es el productor mayor es la cantidad de subsidio anual que recibe. Se trata así de un programa que genera ineficiencias y aumenta la inequidad.
Escasa atención a problemas estructurales. Lo más grave en la propuesta económica para el campo en 2010 es que mantiene la inercia de canalizar recursos muy reducidos para los programas de fomento productivo por medio de bienes públicos. Por la falta total de visión de largo plazo y la carencia de una política consensuada de desarrollo rural y agroalimentario, los problemas estructurales resultan invisibles o minimizados en las prioridades del gasto público rural. En consecuencia, los programas de bienes públicos orientados al fomento productivo –que no son reclamados por nadie en particular– reciben una muy reducida proporción de los recursos fiscales. Sin embargo, son estos programas los que pueden ayudar a resolver o reducir los problemas estructurales que limitan severamente la actividad económica en el medio rural y su ampliación debiera ser prioritaria en las actuales condiciones de crisis.
La débil participación del gasto en bienes públicos de fomento productivo dentro del gasto público rural contrasta con la importancia de sus finalidades. En esa minoritaria parte del gasto público rural (apenas alrededor del 15 por ciento del total) están todos los recursos fiscales para las condiciones estratégicas del desarrollo agroalimentario y rural del país:
• Todos los programas para el desarrollo de infraestructura: tanto la productiva (irrigación y otras) como la de comercialización, los caminos, etcétera.
• Todos los programas para apoyar la recuperación y el uso sostenible de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, etcétera).
• Todos los programas para proteger el patrimonio nacional en los aspectos sanitarios, incluyendo todas las acciones encaminadas a mejorar la salud animal, la sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos.
• La ampliación del capital tecnológico, incluyendo todos los gastos en investigación y desarrollo para el medio rural, la investigación básica agropecuaria y la orientada hacia otras actividades productivas en el medio rural; la extensión y transferencia tecnológica y la capacitación para incrementar la productividad en diferentes actividades económicas rurales.
• Los programas de apoyo a la integración de cadenas agroalimentarias eficientes tanto para el mercado interno como para la exportación.
• El capital social, incluyendo el desarrollo institucional, para fortalecer los derechos de propiedad y el funcionamiento –eficaz y equitativo– de los mercados de recursos naturales (tierra, cuotas de agua, concesiones forestales, cuotas de pesca, patentes tecnológicas); sistemas financieros rurales (de ahorro y crédito); mercados laborales rurales, y apoyo a las organizaciones de productores.
En las actuales condiciones de crisis esas actividades debieron haber sido priorizadas por el Ejecutivo para que el aumento de capacidades productivas en el medio rural –en actividades agropecuarias y no agropecuarias– acompañara las transferencias de ingreso destinadas a la atención urgente de la población rural más pobre con un mayor desarrollo de oportunidades de empleo y de ingreso.
La propuesta de programa económico para 2010 tampoco corrige las graves distorsiones que se han mantenido por largos años en programas de subsidios perversos. Entre los gastos fiscales (sacrificios de ingresos que hace el fisco y que deben estar justificados por su importancia económica o social), los productores agrícolas gozan de beneficios fiscales que involucran recursos importantes, como la reducción en el impuesto sobre la renta empresarial, la exención en el impuesto sobre la renta de personas morales y otras exenciones y beneficios.
Pero en algunos casos los efectos perversos de los beneficios son sumamente graves: El sector agrícola es el principal consumidor de agua. Las concesiones para esa finalidad representan 76 por ciento del total del uso consuntivo, otro diez por ciento es para fines industriales y 14 por ciento es para uso urbano. El no cobro del agua y el subsidio a la electricidad utilizada en el bombeo hidroagrícola hacen que el costo del riego para el agricultor no refleje la importancia y la escasez de este recurso y favorece un uso liberal del agua para riego. Mientras entre los programas de gasto público existen algunos destinados a hacer más eficiente el uso del agua, el subsidio a la electricidad para bombeo y el no cobro del agua orientan las decisiones de los agricultores hacia infraestructuras y métodos de riego menos eficientes y hacia una selección de cultivos más consumidores de agua.
Los desbalances. Debido al subsidio a la electricidad, los agricultores pagan en promedio 29 por ciento del consumo (en la industria el pago llega a 94 por ciento y en el consumo urbano es 43). En las cifras agregadas de los agricultores beneficiado por este subsidio el universo es de 94 mil 804 usuarios, sin embargo, diez por ciento de ellos no recibe ningún subsidio por esta vía y otro 30 por ciento recibe un promedio de cuatro mil 800 pesos por año. En el otro extremo, 230 usuarios reciben más de un millón de pesos anuales cada uno.
Una conclusión pesimista: En un marco donde no se está planteando ni se planteará una verdadera estrategia contracíclica que forme parte de una política de desarrollo de largo plazo para el país, en el presupuesto público rural se repetirá la pelea por la asignación de los recursos del año, en forma totalmente ajena a una política capaz de reducir la aguda marginalidad rural y los enormes costos sociales, económicos, ambientales y humanos que ésta provoca.
Doctor en Economía. profesor de Economía Internacional, Facultad de Economía, UNAM, y secretario ejecutivo de AGROANÁLISIS, AC [email protected]
Cafeticultura, víctima de conflictos políticos y de grupos económicos poderosos
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Fernando Celis Callejas
El 2009 ha sido el peor año en el ejercicio del presupuesto público para el café. Esto tiene que ver con una creciente desarticulación institucional en la rama productiva, resultado de una mayor intervención de grupos de poder político y económico que impiden una política nacional favorable a los pequeños productores.
Los factores destacables son:
1. Hay una reducción significativa de los recursos fiscales federales asignados directamente a la rama café entre 2005 y 2009, y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) incurrió en subejercicios.
2. En la Cámara de Diputados, el que fuera presidente de la Comisión de Agricultura en la 60 Legislatura, el cenecista Héctor Padilla, del PRI, pudo influir para una mayor asignación de recursos al sector cañero, en el cual su partido tiene mayores intereses, en detrimento de la rama café, que sufrió una disminución real de presupuesto en 2009 de casi 50 por ciento en comparación con los años previos.
3. Se impulsó una federalización de recursos en la Cámara de Diputados que fue contrapesada por la Sagarpa, con nuevas reglas de operación que establecen además un pari passu (aportación estatal). Las disputas por este nuevo esquema de operación federalizado impidieron concretar el programa de Renovación de Cafetales que inició desde 2008. En 2009, los gobiernos estatales dijeron que no podían aportar un monto mayor, debido a que les recortaron aportaciones, y el gobierno federal argumentó que en los estados utilizaron los recursos en las elecciones.
4. Hay una creciente feudalización de los recursos de Operación Nacional manejados por la Sagarpa. En cada área de la Sagarpa, tanto subsecretarías como organismos (Aserca, de comercialización; Senasica, de sanidad, y SIAP, de estadística), actúan como si no tuvieran que acordar la operación de los programas, en este caso con el Sistema Producto Café (SPC). Esto impide un manejo transparente y eficaz de programas como Combate a Plagas, Contingencias Climatológicas, Padrón Cafetalero, Garantías, Coberturas de Precios, etcétera. Incluso la falta de programación oportuna de los recursos de varios programas llevó a que la Secretaría de Hacienda desde agosto prácticamente eliminara su ejercicio.
5. En un programa tan importante como Promoción al Consumo de Café, se estableció una estrategia centrada en acciones que llevarían a mejorar la calidad del café y a usar menos granos dañados, pero esto ha sido bloqueado por las grandes empresas industrializadoras, teniendo como resultado que no se ejercieran los recursos contemplados en 2008 y 2009.
6. En años anteriores se revisaban y evaluaban más las políticas públicas para la caficultura, en el marco del Comité de Programas del SPC, lo cual generaba mayor transparencia e información hacia los estados y productores; en 2009, desde la Sagarpa y la Amecafé (figura jurídica del SPC) se ha bloqueado la realización de reuniones, lo que fortalece la operación discrecional en los estados y de las áreas y organismos de la Sagarpa.
En la rama cafetalera se está dando una recomposición institucional, cuyo hecho más decisivo es la consolidación de un bloque de poder hegemonizado por las grandes empresas de industrializadores y comercializadores, que refuncionalizan para sus intereses económicos a las instituciones y las acciones de los funcionarios públicos. Han logrado incluso colocar a uno de sus integrantes en la dirección de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Este grupo de poder ve que el actual gobierno federal ya no les sirve mucho y preparan la llegada de un nuevo gobierno priísta que les permita mantener su hegemonía.
Es muy grave la debilidad y fractura de las institucionalidad pública y que la descoordinación y disputas por el ejercicio de los recursos públicos entre la Cámara de Diputados y gobiernos federal y estatales impidan el desarrollo de políticas públicas eficientes para la reactivación de la cafeticultura nacional.
Este año nuevamente las organizaciones de productores de café acudirán a la Cámara de Diputados para presentar su propuesta de presupuesto y programas para la rama café en el 2010; seguirán insistiendo en que funcionen mejor las instituciones públicas, y que se defina una política cafetalera nacional, que otorgue prioridad al mejoramiento de la producción del aromático y de las condiciones de comercialización, y que permita obtener mejores precios para los productores, lo cual significaría mayores ingresos y un mejoramiento de sus condiciones de vida.
Los productores de café, principalmente los más pequeños, deberán hacer algo más, si es que quieren persistir en esta actividad; dos retos principales son lograr un funcionamiento distinto del Estado y de las instituciones públicas, y acotar el poder de las grandes empresas cuyo único objetivo es lograr grandes ganancias y bloquean cualquier medida de ordenamiento del mercado del café que afecte sus intereses.
Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)
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