El pleno de la Cámara de Diputados conformará un grupo de trabajo que estudie la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial por el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Al presentar el punto de acuerdo, negociado antes con el PRI, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) argumentó que si bien el decreto señala razones económicas para la liquidación de LFC, éstas se enfocan a responsabilizar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) pero esconde, por ejemplo, que los subsidios crecieron anualmente porque éstos se dirigieron a vender 42 por ciento más barata la energía a las grandes empresas.

Lo que nunca se dice en el decreto es que Luz y Fuerza compra caro el kilovatio-hora (kvh) a la Comisión Federal de Electricidad y que la Secretaría de Hacienda la obliga a venderla barato. De manera tendenciosa, en los gobiernos del PAN, el kvh se compró a CFE en 1.50 pesos y se vendió a la industria a 89 centavos. Es decir, se subsidió a la industria con unos 60 centavos por kvh, casi 42 por ciento de su costo, explicó.

Ésta es, señaló, una de las razones perversas de por qué el gobierno federal subsidia a LFC, sin considerar que decenas de oficinas públicas y la propia residencia oficial de Los Pinos no pagan por el servicio de energía.

“Entonces –abundó–, vale la pregunta: ¿quién realmente fue originario del quebranto financiero de la compañía? Que se deslinden responsabilidades y no se satanice al sindicato. Por eso, que el gobierno asuma una actitud tan ligera en una institución a la cual debe mucho el sindicalismo mexicano y la formación de la República en la era moderna, habla de la poca conciencia de la derecha.”

Al argumentar el voto de su fracción en favor, el coordinador del PT, Pedro Vázquez González, planteó que el propósito de iniciar la controversia es que la Suprema Corte anule el decreto de extinción, en virtud de que conculca la facultad del Congreso, establecida en el artículo 72, fracción X, para legislar en toda la República en materia de energía eléctrica.

En ejercicio de esa facultad, manifestó, el Congreso tiene la responsabilidad de constituir los organismos que se encarguen del manejo de las áreas estratégicas de la economía nacional, entre éstas el sector eléctrico, como indica el artículo 28 constitucional, párrafo quinto.

Los diputados del PT manifestamos nuestras fundadas preocupaciones para que no continúe, de manera simultánea, la violación de las garantías individuales de los trabajadores y de las leyes secundarias, expresó.

La diputada Araceli Vázquez Camacho (PRD) llamó a los legisladores de los otros partidos a no ser cómplices de esta canallada, de este acto dictatorial del Ejecutivo. Detrás de la desaparición de Luz y Fuerza, señaló, está la entrega de soberanía y la tentación de vender nuestro país, de impulsar una reforma para entregar la electricidad, primero, y el petróleo después.

El panista Roberto Gil sostuvo que con el decreto se adoptó una decisión postergada durante cuatro años; refirió que su bancada respaldó la propuesta porque está segura de la constitucionalidad y legalidad de la decisión. Una duda histórica hizo ineficiente a Luz y Fuerza. Una decisión histórica ha resuelto el problema, afirmó.

Carlos Flores Rico expresó las reservas del PRI sobre la decisión de Felipe Calderón, no sólo porque se trata de un asunto delicado, sino porque se afectó el principio de empresa pública, que no debe ser sujeta ni materia de denostación, porque el hecho de que una, dos o tres estén mal dirigidas, no cancela este concepto de la administración pública ni su papel en la construcción de un país de igualdad y justicia.

El priísta matizó que la postura del PRI no busca defender al SME como tal. Defendemos, más que a un sindicato en lo individual o en lo específico, el principio del sindicalismo, el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos libres e independientes, autónomos de la autoridad y sujetos al estado de derecho, aseguró.