El Congreso de Morelos exhortó al Ejecutivo federal a que revoque el decreto que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC) y ordene el retiro inmediato de los policías que resguardan las instalaciones de la compañía.

Asimismo, pidió instalar una mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para buscar soluciones a los problemas financieros de la empresa.

Con 19 votos de los 23 diputados presentes se aprobó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, presentado por los priístas Jorge Arizmendi y Lilia Ibarra Campos, la perredista Hortencia Figueroa Peralta, la petista Tania Valentina y Jessica Ortega, de Convergencia.

A su vez, el Congreso de Hidalgo aprobó un punto de acuerdo para pedir al gobierno federal garantizar el suministro de energía eléctrica en los 45 municipios del estado que atendía LFC y que se respeten los derechos de los trabajadores.

Mario Escamilla Mejía, priísta, presentó la propuesta y dijo que en Hidalgo hay 3 mil 600 trabajadores de LFC y es prioritario que se protejan sus derechos.

El presidente del Congreso, el priísta Roberto Pedraza Martínez, dijo que antes de liquidar a los trabajadores un juez debe determinar si es viable la desaparición de LFC.

En Sonora, el Legislativo turnó a comisiones una propuesta de la bancada perredista para que se derogue el decreto que extinguió LFC, la Policía Federal abandone sus instalaciones y el gobierno negocie con el SME cómo sanear la empresa.

Los privilegios no son de la base trabajadora, sino de centenares de miembros de la alta burocracia de la empresa, los empleados de confianza. El ejemplo más claro es el de José Gutiérrez Vega, director general, quien tiene un sueldo mensual de 197 mil 642 pesos, que con prestaciones suma 250 mil pesos cada mes, expuso Gorgonia Rosas López, coordinadora de la bancada perredista.

En el Congreso mexiquense, Ricardo Moreno Bastida, coordinador de la bancada del PRD, sostuvo que no podemos apoyar la desaparición de LFC, no sólo porque es ilegal, sino porque afectará directamente a miles de mexiquenses. De los más de 40 mil trabajadores en activo que tenía Luz y Fuerza, 23 mil son del estado de México, y eso afectará la economía local, sostuvo.

El panista Jorge Insunza se ufanó de la más importante decisión del gobierno de Felipe Calderón y señaló que LFC era insostenible por sus altos costos. En respuesta, Moreno Bastida le demostró que la administración de Calderón ha aumentado en más de 200 por ciento el número de directores generales en la administración federal.