Una campaña oficial contra organizaciones y comunidades de Chiapas se inició en septiembre con la irregular detención de José Manuel Hernández Martínez, Chema, líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en Venustiano Carranza (a quien la Procuraduría General de Justicia del estado interrogó inculpatoriamente sobre sus contactos con el obispo Samuel Ruiz, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el párroco de Carranza, el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

La estrategia siguió por mediode filtraciones tras la captura de un indígena de Chenalhó con un arsenal, supuestamente para la defensa de Las Abejas. Se ha señalado en diversos diarios a catequistas y párrocos como promotores de acciones violentas. Esta semana el gobierno divulgó la detención, en Frontera Comalapa, de supuestos delincuentes con otro arsenal, recomendados por catequistas de la diócesis.

Preocupación

Observadores y periodistas consultados por La Jornada coinciden en la hipótesis de que el gobierno estaría preparando algún escenario, quizá con la salida de más paramilitares presos por la masacre de Acteal. En comunidades y organizaciones hay preocupación. Ocupa un sitio no menor la insistencia declarativa del secretario de Gobierno, Noé Castañón León, de que se teme un estallido social en 2010.

En el caso del dirigente de la OCEZ-Carranza, el día de su detención el gobierno estatal negó haber participado en el arresto, aduciendo (por conducto de Castañón León) que era un asunto federal. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó por medio de su vocera, quien comunicó a los reporteros de la fuente que la dependencia no detuvo al campesino. La procuraduría estatal reconoció la detención (en un supuesto operativo conjunto con la PGR).

En su declaración preparatoria, Chema denunció el tipo de interrogatorio de que fue objeto, a lo que se sumó el propio agente del Ministerio Público adscrito al caso. Ello consta en el expediente 253/2005, el único que se le ha iniciado, por despojo de un predio particular en Carranza. Un delito del orden estatal. De manera extraoficial, operadores gubernamentales han querido imponer entre los reporteros la versión de que el detenido y su organización preparaban ataques armados. Como no tuvo eco, la difundieron como inserción pagada en algunos diarios.

Otras versiones gubernamentales vertidas en la prensa mencionan presuntas “acciones violentas que incluyen la toma de instalaciones públicas, comercios y atentados contra bancos”. Tales serían planes de párrocos de la diócesis de San Cristóbal, quienes, a decir de un grupo de católicos de Los Altos (sic), son impulsados por el párroco de Altamirano (que no está en los Altos) Juan Hurtado López”. Se publicaron nombres de catequistas que estarían llamando a la violencia, acotando que la fecha es 2010, pero las acciones podrían adelantarse.

Aunque el obispo Felipe Arizmendi ha desmentido estas informaciones, ello ha sido minimizado, destacando en cambio en la información oficial declaraciones de habitantes de Nueva Galicia, según quienes, instigados por los curas, el primero de enero vamos a realizar actos violentos en todo el país, vamos a tomar edificios públicos, carreteras federales y aquí en el estado vamos a saquear los bancos, tiendas, gasolineras, lo que se pueda, vamos a ir con todo. Y no nos preguntan si queremos. Tenemos miedo.

En otra versión oficial, citando a Juan Rodríguez Sánchez, líder de la OCEZ, Chema habría comentado en una ocasión sus planes de irrumpir con actos de violencia en los municipios de Acalá, Chiapa de Corzo, Chicomuselo y Venustiano Carranza, con motivo del próximo Bicentenario de la Independencia.

El asunto se remata con un comentario del gobernador Juan Sabines Guerrero ante representantes de un importante organismo civil, y que fue transmitido a La Jornada. El mandatario se dijo dispuesto a mantener la paz y sacar de la agenda militar a Chiapas en la ofensiva militar que se prepara el año entrante a escala nacional.