Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), así como organizaciones defensoras de los derechos humanos, señalaron que es insuficiente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que responsabiliza sólo al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por la violación de las garantías fundamentales en la entidad durante el conflicto magisterial, político y social entre 2006 y 2007. Se tenía que haber incluido al ex presidente Vicente Fox y al gobierno encabezado por Felipe Calderón, dijeron.

Arcelia Cruz, del PRD, anunció que su bancada exigirá que el Congreso oaxaqueño inicie juicio político contra Ulises Ruiz y presentará un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados pida a la Procuraduría General de la República (PGR) fincar responsabilidades penales y administrativas contra Fox, como probable autor intelectual de la represión en octubre y noviembre de 2006.

El procurador Arturo Chávez debe fincar responsabilidades a Ardelio Vargas Fosado (ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, actual presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados), y al ex secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora por los actos de tortura de la que fueron objeto los detenidos por formar parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), señaló la legisladora en un comunicado.

El coordinador de los diputados priístas por Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, también se inconformó con la resolución, pero porque dejan solo al gobernador en la responsabilidad y protegen a Vicente Fox. ¡Qué raro! Minimizó el efecto del fallo: no es vinculatorio.

En tanto, altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación comentaron que la documentación sobre los supuestos vínculos de grupos guerrilleros con líderes de la APPO, recabada durante año y medio por los magistrados federales Manuel Baraibar y Roberto Lara, la obtuvieron de expedientes abiertos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de averiguaciones previas iniciadas por la PGR para indagar sobre movimientos subversivos.

En el informe elaborado por una comisión designada por la Corte para investigar las violaciones a garantías individuales en Oaxaca, se incluyó una relación de activistas que supuestamente recibieron dinero de grupos guerrilleros para financiar al movimiento social de 2006 en esa entidad.

Para el coordinador del PT, Pedro Vázquez, es insuficiente la resolución de los ministros, porque no incluye a los autores intelectuales y a todos los responsables de la represión. Hay un sesgo de la Corte, porque cuidó explícitamente al gobierno federal.

En tanto, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos consideraron que el fallo es un avance parcial. Pese a ello, no esperamos que haya justicia, porque se exculpó al ex presidente Vicente Fox y al actual gobierno.

Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, manifestó que la Corte ignoró que, aunque hay soberanía estatal, en el caso de derechos humanos es el gobierno federal el que tiene la responsabilidad de garantizar su protección.

El PRD consideró que al exculpar a Fox e integrantes de su gabinete, la Corte actuó bajo consigna. Se ve que quieren continuar con el esquema utilizado en San Salvador Atenco, el caso Lydia Cacho, el incendio de la guardería ABC y Acteal, donde no se aplica la justicia.