En consonancia con el discurso de los representantes del gobierno federal, el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró ayer que no existe elemento alguno en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que pudiera ser materia de una controversia constitucional. Sin embargo, otra posición respecto a la medida fue expuesta por el ex secretario de Hacienda David Ibarra, quien señaló que se busca combatir a uno de los sindicatos opuestos a las posturas ideológicas del gobierno.

Agregó que tal determinación causa incertidumbre en la sociedad, de suyo preocupada por el aumento del desempleo y la pobreza. Coincidió con el director de la facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Escalante, en la posibilidad de dar dos lecturas a este hecho: que es justificable en virtud de las malas finanzas de la empresa, pero al mismo tiempo es destructivo en cuanto a combatir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Pérdidas de empleo por ineficiencia

La sintonía oficialista para respaldar el decreto presidencial de la medianoche del sábado incluyó al secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, quien declaró que LFC perdía por robos, fallas técnicas, corrupción o ineficiencias, la tercera parte de la electricidad que distribuía.

Ante tal circunstancia, añadió el funcionario, muchas empresas preferían instalarse en otros estados y regiones del país o en otros países donde el servicio eléctrico fuera más eficiente y más confiable, lo que provocó la pérdida de miles de empleos.

En otro plano, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón, informó: no tenemos pensado contribuir económicamente con el SME, pero sí apoyarlo en la marcha de este jueves.

César Nava Vázquez, presidente del PAN, señaló que quienes critican el documento (de extinción) no se han tomado la molestia de leerlo. Se trata –argumentó– de un decreto absolutamente fundado en la Constitución y en la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Evocó las facultades presidenciales para crear y extinguir entidades paraestatales cuando median causas de interés público. Y qué mejor causa de interés público que precisamente las pérdidas anuales que estaba sufriendo esta compañía, el contexto de crisis económica que vive el país y la necesidad de brindar un mejor servicio a los habitantes de cinco entidades federativas.

Respecto de las denuncias de que detrás de la decisión del gobierno panista se encuentra el interés empresarial por utilizar una red de fibra óptica, dijo que ése es un alegato que pretende confundir a la opinión pública, sembrar dudas donde no debe haberlas y distraer sobre lo importante.

También opinó que al sumarse a la lucha del SME, Andrés Manuel López Obrador toma una bandera injustificada que se le antoja más cómoda que estar en Tabasco, donde perderá la elección del próximo domingo.

No obstante, el SME siguió reuniendo apoyos. Ayer lo hicieron explícitos la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares.

El diputado José Narro Céspedes señaló que desaparecer LFC es un atraco a los obreros y al pueblo.

En el ámbito académico, Graciela Bensunsán, profesora-investigadora de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metroplitana y estudiosa del sindicalismo, sostuvo que el procedimiento por el cual se declaró la desaparición de la paraestatal es una violación flagrante a la legislación laboral.

Representantes de iglesias como la católica y algunas protestantes esperan a su vez que las promesas del presidente Felipe Calderón de que no subirán las tarifas y que mejorará el servicio eléctrico sean una realidad.