La defensa legal de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) la encabeza un ejército de unos 500 abogados de varias entidades del país, agrupados en organizaciones y despachos con amplio reconocimiento en el ámbito nacional.

Durante una reunión realizada el pasado lunes por la tarde en la Cámara de Diputados, medio centenar de defensores –especializados en materia laboral– determinaron formar el Frente amplio de abogados y juristas por la defensa del SME y de la industria eléctrica nacional.

En el comité participaron presidentes y miembros de agrupaciones progresistas, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Unión de Juristas de México y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), entre otras.

También asistieron académicos de facultades de derecho de las universidades públicas ubicadas en la ciudad de México, como el constitucionalista Jesús Trápaga Reyes, así como litigantes de varios despachos privados, entre ellos Bárbara Zamora, de Tierra y Libertad, y Manuel Fuentes Muñiz, que encabeza el Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica Laboral.

Aunque no asistió a la reunión el ex procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, éste manifestó por escrito que aportará ideas y apoyará las acciones jurídicas de esta agrupación que en su primera junta acordó que su labor será de solidaridad con el SME.

Uno de los acuerdos más importantes a los que llegamos en la reunión del lunes es que este frente surge bajo un principio de solidaridad con los trabajadores electricistas, ante el artero golpe que recibieron del gobierno federal, aseguró José Luis Contreras, presidente de la ALAL.

Por eso no cobraremos un solo centavo por tramitar los amparos a los quejosos ni por aportar opiniones para elaborar la controversia constitucional que se presentará en la Suprema Corte. Nos ponemos a disponibilidad del SME, agregó.

Estamos buscando que el doctor Néstor de Buen, experto en derecho laboral, y el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se sumen a este proyecto, refirió Eduardo Miranda Esquivel, de la Unión de Juristas de México, uno de los moderadores de la reunión.

Manuel Fuentes, con 25 años de experiencia en materia laboral, manifestó que los abogados acordaron investigar y alimentar criterios jurídicos, tanto para el sindicato como para diputados y senadores, con el propósito de enriquecer los argumentos para que los ministros de la Corte les concedan la razón a los legisladores que interpongan la controversia constitucional.

Precisó que por la naturaleza del decreto presidencial, los trabajadores que decidan ampararse sólo tienen 15 días hábiles para hacerlo, pues sólo cuando se trata de la emisión de una ley se concede a los quejosos (un plazo de) 30 días hábiles.

Litigantes consultados agregaron que la próxima semana se presentará el primer bloque de amparos masivos en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, demandas en las que se solicitará la suspensión del acto reclamado (el decreto presidencial).