Las fracciones de PRI, PRD, PVEM, Convergencia y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados integrarán un grupo de trabajo que redacte una controversia constitucional contra la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LFC), a partir de lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde en 1975 y 1989 el Congreso autorizó al Ejecutivo constituir la empresa y, por tanto, debió solicitar autorización para extinguirla.

El acuerdo se logró luego de que la mayoría parlamentaria –la mitad de la diputación del PRD se abstuvo– desechó una propuesta del PT para solicitar que fuera el presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Ramírez Acuña, el que iniciara la controversia en nombre de la Cámara, y un punto de acuerdo del sol azteca para que el pleno exhortara a Felipe Calderón a derogar su decreto del sábado.

En cambio, el PRI determinó presentar en la sesión de mañana un punto de acuerdo para conformar un grupo plural que redacte la controversia y ésta se vote en el pleno la próxima semana.

El diputado Emilio Serrano (PRD) dijo en tribuna que la extinción de LFC constituye un golpe de Estado: Felipe Calderón corre el riesgo de ser dictador. Luego se dirigió a los panistas: Ustedes, que tienen acceso a Calderón y les hace caso, díganle que reflexione. En este momento tiene una guerra contra el narcotráfico, que no ha ganado, y todavía así le pone leña a la hoguera.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo (PT) llamó a la Cámara a ejercer sus facultades establecidas en el artículo 73 constitucional, de conceder licencia al Presidente o aceptar su renuncia, y constituirse en colegio electoral para designar un mandatario interino.

De otro modo vamos a arrepentirnos. El que da un golpe de mano a una empresa del Estado, ¡puede dar un golpe de Estado al Congreso de la Unión! Desde que entró por la puerta de atrás, este gobierno ha mostrado ser fraudulento, mentiroso y golpista, dijo.

Aseguró que al incorporar trabajadores de la CFE para sustituir a los del Sindicato Mexicano de Electricistas, el gobierno está haciendo esquirolismo, y señaló que si bien la relación obrero-patronal subsiste, el contrato de los usuarios fue con Luz y Fuerza. Ya no tenemos a quién pagarle, y no estoy haciendo una invitación a huelga de pagos, aseguró.

Francisco Rojas, coordinador del PRI, aseguró que el punto de acuerdo presentado por Jaime Cárdenas (PT) no tenía sustento jurídico. Diputados priístas explicaron que, desde el lunes, se le pidió al legislador petista que su propuesta se enfocara en constituir el grupo de trabajo para que éste le diera forma a la querella. No obstante Cárdenas no modificó su propuesta y el PRI no la acompañó.

Aun así, la controversia retomará uno de los puntos centrales en la iniciativa de Cárdenas Gracia, quien explicó que con el decreto de extinción de LFC, Calderón violó la Constitución, pero sobre todo el artículo cuarto transitorio, párrafo segundo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que al concluir la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, Compañía Meridional de Fuerza y Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, el Ejecutivo dispondrá la constitución de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas compañías. El decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines.

El mismo transitorio fue modificado por el Congreso el 21 de diciembre de 1989, para instruir al Ejecutivo a disponer lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de liquidación de las citadas empresas, para que al concluirlos se constituya el organismo que se ordena crear: Luz y Fuerza del Centro.