El pleno del Senado aprobó que el presidente de la mesa directiva, el perredista Carlos Navarrete, interponga una controversia constitucional en contra del titular del Poder Ejecutivo federal por actos y omisiones que invaden la esfera de competencia constitucional del Congreso de la Unión, en relación con las instituciones financieras que cuentan en su capital social con la participación directa o indirecta de algún gobierno extranjero. Es el caso de nueve bancos entre los que se encuentran Citigroup-Banamex, Scotiabank, BBVA-Bancomer, el gobierno de Estados Unidos y gobiernos europeos.

En el debate, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, manifestó que resulta frecuente que por interpretaciones amañadas, tergiversadas, o como en los pueblos se dice, huisacheras, se intente torcer el sentido de la ley, por eso la interpretación de una norma jurídica se le atribuye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Abundó el petista en la tribuna: “El artículo 5 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras dice que ‘no podrá ninguna autoridad tener capital accionario en instituciones bancarias nacionales’, pero a propósito de la crisis desatada hace unos meses a nivel mundial, varios bancos mexicanos se vieron fortalecidos por gobiernos extranjeros de manera ilegal”.

Monreal señaló que después de seis meses de solicitar a Hacienda una posición sobre esa situación, respondió: sí estoy violando la ley, pero la norma jurídica vigente es obsoleta y no preveía este colapso financiero internacional, por tanto es legal, y enseguida voy a mandar una iniciativa de ley para modificar estos artículos de las leyes correspondientes.

Se trata, expuso, de nueve bancos que tienen capital accionario de gobiernos extranjeros, y por eso es importante determinar con claridad y precisión el alcance y la interpretación de las normas jurídicas aplicables.

El senador de Acción Nacional (PAN), Fernando Elizondo, manifestó en tribuna que su partido está de acuerdo en que se interponga la controversia constitucional por una razón sencilla: porque vemos que en la discusión se crea confusión, se crean dudas, y creemos sano dentro de un régimen institucional, republicano, de leyes, que esas dudas se despejen por las instituciones competentes.

Elizondo sostuvo: en Acción Nacional estamos convencidos de que la interpretación que ha dado la Secretaría de Hacienda es la correcta. No se van a drenar flujos mexicanos al extranjero, por el contrario, los apoyos que las matrices de las instituciones filiales reciben del extranjero las ayudarán a no requerir flujos del mercado mexicano para sostenerse. Nos debiera convenir que tuvieran esos apoyos.

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez, subrayó que hay una ley que impide que se haga lo que se está haciendo. El gobierno se hace de la vista gorda y considera, usurpando las funciones del Congreso, que la ley no dice lo que dice: ninguna institución financiera mexicana podrá tener capital accionario con voto procedente de instituciones que ejerzan actos de autoridad en sus países. Desde luego, los gobiernos, insistió.