A través de sus decisiones económicas, y su política de guerra contra el sindicalismo y contra la protesta popular, Felipe Calderón busca crear una situación de crisis social que justifique un gobierno de mano dura, sostuvo el investigador Armando Bartra.

El académico señaló que un gasto social compensatorio (así fuera asistencial y populista), la conservación de la masa salarial y el empleo, y el resarcimiento a los sectores más desfavorecidos, podrían redituar ganancias al gobierno federal en términos de gobernabilidad y legitimidad.

Sin embargo, dijo que la actual administración va justamente en sentido contrario al plantear mayores gravámenes, así como incrementos en las cuotas de los servicios públicos.

Lo que pasa es que no le interesa esa legitimidad democrática, ni siquiera por una vía populista; dicho en pocas palabras, le están echando gasolina al fuego con toda premeditación.

Durante el foro semanal organizado por La Jornada y Casa Lamm, Bartra recordó que el Ejecutivo federal tomó posesión del cargo rodeado por el ejército y que en seguida decidió desatar una guerra contra el narcotráfico como forma de legitimación.

A estas alturas de la pelea esto ya no está funcionando, y ahora está emprendiendo una guerra contra el sindicalismo y contra la protesta popular. Esto genera, en ciertos sectores, el temor al desorden, el temor al caos y el apoyo a un gobierno de mano dura, planteó.

En términos económicos, Bartra sostuvo que para el próximo año el gobierno de Calderón no tiene nada que ofrecer al pueblo, debido a que la implementación de una política redistributiva, en caso de querer aplicarse, tardaría de tres a cinco años.

Señaló que el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC) responde a una lógica de provocación política, y señaló que la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que calificó como bastión histórico de la lucha popular, es otro paso hacia la liquidación de los activos nacionales.

Al respecto, el especialista Octavio Cortés, integrante del Movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional, indicó que la eliminación de la paraestatal abre la posibilidad de que ex funcionarios del gobierno de Vicente Fox se beneficien del uso de la red de fibra óptica con la que contaba el organismo.

Dijo que durante agosto del año pasado el presidente Felipe Calderón, acompañado de Francisco Gil Díaz, quien se desempeñó como secretario de Hacienda en la pasada administración y ahora preside Telefónica Movistar, lanzó un anuncio de licitación de fibra oscura en Luz y Fuerza del Centro, recurso del cual sólo disponen en el país el empresario Carlos Slim, la Comisión Federal de Electricidad y la extinta LFC.

Por su parte, el analista Orlando Delgado criticó que mientras en todo el mundo la tendencia general es eliminar impuestos como forma de incentivar la economía, el gobierno mexicano se empeña en aumentar los gravámenes con el argumento de que la realidad mexicana no es tan simple.

Dijo que el aumento de impuestos no es la única vía para superar el boquete en las finanzas públicas, y consideró que el déficit de 0.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) que se propone en el paquete fiscal para 2010 es verdaderamente minúsculo y que incrementarlo no ahuyentaría la inversión.

En épocas de crisis las inversiones extranjeras en los países emergentes inmediatamente se contraen, los inversionistas regresan a sus países y se protegen en sus mercados, es decir, aunque no hagamos nada ya se ahuyentaron, indicó.

Señaló que recurrir a un mayor endeudamiento permitiría hacer frente a las dificultades económicas del país, siempre y cuando se invierta en proyectos productivos.