Al presentar su propuesta alternativa económica para 2010, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) planteó 19 medidas que de aplicarse permitirían obtener ingresos adicionales por 550 mil millones de pesos, sin incrementar impuestos.

El proyecto perredista busca no sólo reducir el gasto corriente del gobierno federal en 100 mil millones de pesos, con el argumento de que la administración federal  debe poner el ejemplo de austeridad, sino también suprimir los regímenes especiales que benefician a los grandes contribuyentes, que se han aprovechado de los huecos en la legislación para no contribuir al erario nacional.

Alejandro Encinas, coordinador de los diputados perredistas, sostuvo que el principal problema de la economía nacional no es el déficit circunstancial de las finanzas públicas, sino la permanencia de una estrategia que induce el desmantelamiento del aparato productivo y perpetúa la desigualdad.

El líder del PRD, Jesús Ortega, dijo que la política fiscal no debe enfocarse exclusivamente en la recaudación, sino tener claro un sentido de redistribución de la riqueza.

Las medidas propuestas por el PRD, que se entregarán en la sesión de hoy, son:

Reducir el gasto corriente del gobierno federal en 100 mil millones de pesos, mediante la eliminación de delegaciones estatales de secretarías, y de beneficios especiales a funcionarios.

Eliminar el régimen de consolidación fiscal, y dar un plazo máximo de cinco años para que los grandes contribuyentes paguen sus impuestos.

Crear un impuesto definitivo de 7 por ciento a los dividendos repartidos y pagados entre accionistas, que busca asimismo incentivar la reinversión en las empresas.

Suprimir el régimen fiscal simplificado para el autotransporte y el sector primario en las grandes empresas.

Eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, lo cual implica dejar sin vigencia el trato especial y la depreciación anual de los activos.

Dejar sin vigencia la deducción de donativos de terceros, con lo cual se evitará que la práctica del redondeo se aplique en beneficio tributario de las empresa, aun cuando los consumidores son los reales aportantes.

Aplicar mayor progresividad al impuesto sobre la renta (ISR).

Gravar las ganancias bursátiles de las personas físicas con una tasa de 2 por ciento, para propietarios de menos de 10 por ciento de acciones.

Mantener los alimentos y medicinas en tasa cero del impuesto al valor agregado.

Ampliar a 1.5 por ciento el déficit gubernamental y destinar los recursos a inversión productiva.

Estimar en 57 dólares –4.1 dólares más que la propuesta del Ejecutivo– el precio por barril de petróleo crudo de exportación.

Otorgar mayores atribuciones al Servicio de Administración Tributaria y proteger los derechos ciudadanos.

Impulsar el Censo General de Contribuyentes en convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Incrementar el Fondo General de Participaciones de 20 a 25 por ciento, y que el Fondo de Fomento Municipal pase de 1 a 2 por ciento de la recaudación federal participable (RFP).

Descentralizar la recaudación y apropiación al cien por ciento del régimen intermedio del ISR, así como eliminar la exención absoluta en materia de herencias, a partir de 3 millones de pesos.

Crear un fondo transitorio para apoyar la modernización de la recaudación del predial.

Hacer participable a los estados el derecho sobre hidrocarburos.

Armonizar el manejo de las cuentas públicas estatales.

Por último, incluir en la RFP las coberturas sobre los hidrocarburos.