La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó poner a debate en la sesión de hoy un punto de acuerdo para solicitar al presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Ramírez Acuña, que inicie una controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La aprobación de esa solicitud requiere de la mayoría simple de los diputados presentes en la sesión, explicó el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez González, quien presentó la propuesta en la junta.

Además del debate político sobre el tema, los coordinadores revolverán hoy la viabilidad de que sea la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien comparezca mañana ante el pleno, en lugar del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, para que explique la disolución de Luz y Fuerza del Centro.

También, el PAN aprovechó la propuesta del PRD y del PT de que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, compareciera esta tarde ante el pleno, para que la junta resolviera reconsiderar el calendario de comparecencias, con lo que logró no establecer una fecha ni lugar para la presentación del funcionario.

La intención de que se inicie la controversia, explicó el legislador petista, es revertir el manotazo del gobierno de Felipe Calderón, que violentó derechos constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Explicó que la controversia se basa en tres puntos: la violación de los artículos 14 constitucional, que garantiza el derecho de audiencia, “y a los trabajadores les decretaron la desaparición de su fuente de trabajo sin ser escuchados ni vencidos en un juicio; 16 constitucional, el cual señala que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y 123 constitucional, de los derechos laborales.

“Un contrato colectivo de trabajo forma parte del derecho público y como tal se violenta porque se desaparece de facto al sindicato y al propio contrato, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre próximo”, detalló.

También, el presidente del Partido de la Revolución democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, dijo en entrevista que es viable presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia porque, expuso, para constituir la Compañía de Luz y Fuerza el Congreso autorizó al Ejecutivo a emitir un decreto.

En el mismo sentido, a nuestro juicio se necesita de un proceso legislativo para desaparecer una institución de la administración pública federal, y es lo que verá un grupo de constitucionalistas que elabora la controversia, afirmó en entrevista en San Lázaro.

El PAN, por su parte, admitió que los problemas económicos de la empresa no son atribuibles exclusivamente a los trabajadores.

A pregunta expresa sobre por qué si los supuestos privilegios a los electricistas han provocado el aumento desproporcionado de las transferencias a la empresa, la liquidación de toda la planta laboral –equivalente a dos años de salario– sólo costará 20 mil millones de pesos, el presidente de la Comisión de Energía, el panista Felipe Cantú, respondió: Evidentemente la ineficiencia tiene que ver con las prácticas, las condiciones en las que opera (Luz y Fuerza), también su esquema de organización es deficiente. Por eso no se puede atribuir exclusivamente a los trabajadores, que muchos de ellos ni siquiera son beneficiarios de los despilfarros de algunos liderazgos.

La coordinadora de la bancada panista, Josefina Vázquez Mota, rechazó definir –en conferencia de prensa– si es necesario también acabar con los privilegios en el SNTE y en el sindicato petrolero.

Antes, al concluir la ceremonia de arranque de la Semana de Salud de Cáncer de Mama, sostuvo que el país está en un momento de decisiones fuertes, insistió en que no habrá privatización y en que más allá de cualquier costo político el gobierno tomó la decisión pensando fundamentalmente en los ciudadanos, que esperaban un mejor servicio desde hace muchos años.