En medio de un fuerte despliegue de seguridad en torno a la Secretaría de Gobernación, dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) demandaron al titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, la derogación del decreto que determinó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC). La respuesta oficial fue casi inmediata: El gobierno sostiene que el decreto es legal y no existen condiciones para su derogación.

Al mismo tiempo, los electricistas solicitaron el retiro de la Policía Federal de las instalaciones y crear una mesa de trabajo para rescatar el organismo. A la primera cuestión Gómez Mont respondió que es inviable eliminar el despliegue policiaco.

Entrevistado al término de la reunión, Martín Esparza, líder de los electricistas, dijo que mantendrán de manera pacífica las movilizaciones en defensa de su fuente de trabajo y acudirán al Congreso de la Unión. A pregunta expresa deslindó al sindicato de cualquier falla en el suministro de energía y de algún sabotaje, pues ya no hay trabajadores sindicalizados en ninguna instalación.

La reunión se inició en Bucareli al filo de la una de la tarde y se prolongó más de hora y media. El despliegue policiaco, fuera y dentro de Gobernación, fue reforzado por sobrevuelos de helicópteros de la Policia Federal.

Durante el encuentro, los electricistas entregaron un documento en el cual fijaron su postura en contra de la liquidación de LFC y se desglosó el destino de los 42 mil millones de pesos de transferencias del gobierno a la empresa que, con base en documentos de la Función Pública, se van íntegros al pago del contrato de energía en bloque a la CFE.

En referencia a los montos de liquidación ofrecidos, Esparza dijo que en los hechos ese pago es una simulación. Refirió que durante la reunión plantearon que la mejor forma de enfrentar la crisis era conservando las fuentes de empleo. Mencionó que dejaron en claro que la lucha legal y política la habrán de mantener hasta donde la asamblea diga. Mencionó que hoy solicitarán ante el Congreso una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que se promueva una controversia constitucional en contra del decreto.

A su vez, Gobernación informó que hubo contacto con Esparza y su opositor en las pasadas elecciones internas, Alejandro Muñoz. Durante el encuentro, Gómez Mont les planteó que por ningún motivo la medida implica o busca la privatización del servicio eléctrico, como ya había dicho en la conferencia de prensa matutina para justificar la medida.

Finalmente, el funcionario ofreció mantener el diálogo con el SME, toda vez que las prioridades gubernamentales son asegurar que el servicio de energía eléctrica se continúe prestando con normalidad, respetar los derechos de los trabajadores y jubilados, y velar por que las partes se conduzcan en los cauces de la legalidad, institucionalidad y respeto a los derechos de la ciudadanía.