l liderazgo del gobierno para enfrentar la crisis y encauzar al país por otro camino se advierte hoy bastante débil. Igualmente hay pocas expectativas de que el Congreso pueda reorientar la política económica mediante el presupuesto federal sobre el que debe legislar en las próximas semanas.
El callejón sin salida en el que está metida la nación exige urgentemente un replanteamiento del modo en que se han hecho las cosas en los últimos 30 años. De ese tamaño y no menor es el reclamo.
Debatir con estrechez de miras cómo tapar el agujero fiscal, sin extender el horizonte a las formas efectivas de remover los obstáculos y las distorsiones que padece la economía y sus graves efectos sociales será una enorme responsabilidad que afectará a varias generaciones.
El caso es que éste no es precisamente un sistema en el que prevalezca siquiera la noción misma de la rendición de cuentas, menos aún la práctica política que eso entraña.
El colapso de las finanzas públicas no es producto sólo de la abrupta caída del producto en los meses recientes y, con ella, de los ingresos fiscales del gobierno. Proponerlo así es no sólo un error sino una mentira. Es consecuencia de un entorno político inservible ya para el país. El de las cúpulas y los privilegios entrelazados que sirven a unos pocos.
La nueva política pública tiene que estar, por necesidad y no por opción, ubicada en la manera en que opera la economía mundial, y ya no bajo las pautas de una globalidad que está cuestionada y superada por las repercusiones de la propia crisis financiera que estalló desde septiembre de 2008.
Si eso no se entiende claramente y se actúa en consecuencia, México seguirá relegándose de la dinámica productiva y de los beneficios que de ella puedan sacarse. Vaya, para decirlo más directamente, se trata de un reacomodo muy profundo de Das Kapitalismus y de sus formas de reproducción. Por ahora los indicios apuntan a que nos vamos a quedar al margen.
En términos fiscales el cuándo ya llegó y de manera abrupta. En efecto, hay que hacer algo y en serio con la fragilidad estructural de las finanzas públicas. El cuánto, sin embargo, del ajuste necesario no es un asunto definido sólo de modo aritmético para llegar a un saldo manejable
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Y no es así puesto que la recesión productiva, la pérdida de empleos, la deficiencia de los mercados de crédito y la merma de la productividad requieren estímulos que provienen del gasto público efectivo, es decir, de su eficiente asignación. Esto nos pone en el terreno del dónde y el cómo.
Los tres elementos tienen, pues, que ser tratados al mismo tiempo. No es, por supuesto una situación cómoda ni fácil. No lo es en términos financieros y tampoco políticos. Pero eludirlo ahora será muy grave.
Tentaciones habrá muchas. Se derivarán de la propia debilidad del gobierno de Felipe Calderón y de la ortodoxia desfasada de la gestión de la hacienda pública.
Las innovaciones en materia fiscal que puedan plantearse frente al proyecto de presupuesto sobre el que trabaja el Congreso tienen que hacerse de manera razonada. Debe contener medidas creíbles y con estimaciones claras de los efectos esperados de su aplicación en plazos claramente determinados y con instrumentos de evaluación de mediano plazo.
Se habla de cuestiones tales como establecer un impuesto de tasa única que sustituya a los impuestos sobre la renta y al valor agregado. También se menciona un impuesto a las ganancias de capital. En la mira debe estar de modo privilegiado no únicamente cómo se saldan las cuentas fiscales que están en quiebra estructural.
Tiene que considerarse de modo primordial cómo cimentar un proceso duradero de generación de riqueza. Hay que retomar ese concepto clave de la Economía Política, sobre todo ahora cuando las reglas, las formas de supervisión y de la competencia se alteran para recomponer el sistema, luego de esta gran crisis y de la cual falta mucho para salir, a pesar del optimismo prematuro de algunos.
Estamos en pleno entorno de una crisis, en medio del debate presupuestal, en un ambiente de una todavía insuficiente discusión pública de significado real acerca de las resquebrajaduras de la economía y la sociedad mexicanas.
En este marco se ha desatado el conflicto alrededor de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Al respecto sólo destaco la argumentación del gobierno para extinguir a dicho organismo descentralizado.
En el Diario Oficial de edición extraordinaria se dice que LFC muestra una comprobada ineficiencia operativa y financiera, representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público.
Este mismo argumento podría aplicarse y sin estirarlo prácticamente nada a Pemex, que representa la crisis de gestión más grave de los últimos gobiernos del país y que sigue en su crisis sin fin. También debe someterse a ese mismo criterio al quehacer de los órganos de gobierno, legislación y justicia. Eso si es que hay alguna congruencia en la forma en que se gobierna.
