Al cerrarse el registro para el proceso de selección del próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuatro aspirantes a ocupar el cargo hablaron sobre las limitaciones y retos actuales de ese organismo.

Los entrevistados subrayaron la necesidad de renovarlo, a fin de hacerlo más activo y no sólo un emisor de recomendaciones; volverlo más transparente y ampliar su espectro de atención a derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, laborales, de libertad de expresión, entre otros.

A continuación se presentan algunas de sus posiciones:

Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aseveró que al avanzar en el el reconocimiento de las garantías fundamentales en el país, se abonará al fortalecimiento del Estado democrático.

–¿Qué opina de la labor actual de la CNDH?

–Es un organismo con fortalezas en el servicio profesional, capacidad institucional en el presupuesto y con presencia geográfica. Necesita actualizar algunos de los paradigmas con los que trabaja, como poner en el centro de su función el concepto de las víctimas y superar el de quejosos.

–¿Cuáles son los retos para el organismo?

–Más sinergia con la sociedad, más cooperación con organismos internacionales; ser aliado de las organizaciones no gubernamentales; tener una política de colaboración con los tres órdenes de gobierno y los organismos estatales públicos de derechos humanos, así como con las universidades.

“Trabajar por la defensa, educación y promoción en la materia; tener mayor capacidad de respuesta y generar un modelo proactivo no sólo fundado en recomendaciones, sino incluso en instrumentos internacionales; consolidarse como una institución de Estado y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

La situación actual de los derechos humanos en México es de claroscuros. Hay avances; sin embargo, no se han erradicado prácticas como la tortura o las desapariciones. Hay desafíos en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), es preocupante la condición de pobreza de muchos mexicanos; la discriminación a ciertos grupos por su edad, sexo, orientación sexual y condición socioeconómica; la violencia contra la mujer; la migración; los indígenas; la libertad de expresión y la situación de los defensores.

Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la PGR, consideró que la CNDH tiene que jugar un papel preponderante en el trazado de un acuerdo nacional para la paz.

–¿Qué opina de la labor actual de la comisión?

–Para dar una mejor atención a toda la población requiere de una revisión interna de sus procedimientos y distribución de competencias entre visitadurías; un organigrama más equilibrado y ágil, menos concentrado en la figura del titular y con mayor dinamismo en el consejo consultivo; así como un análisis presupuestal acorde con los tiempos de austeridad.

–¿Cuáles son los retos para el organismo?

–Constituirse como una institución que aporte su saber y su quehacer para la convivencia civilizada y armoniosa en estos tiempos tan críticos: los desafíos en la economía, el agotamiento de recursos energéticos no renovables, la crisis del agua, el calentamiento global, las pérdidas de empleos y de capital humano por la migración y la inseguridad.

Trabajar en conjunto con las fuerzas armadas, las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación y con PGR para generar una formación en seguridad, democracia, derechos humanos y perspectiva de género; plantear la gradual desmilitarización; impulsar que se instaure como una práctica de gobierno la reparación del daño y que los tratados internacionales sean parte efectiva del derecho aplicable en México.

Patricia Olamendi: Cero tolerancia a las violaciones de garantíasFoto Notimex

Patricia Olamendi Torres, ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronunció por una estrategia de cero tolerancia a violaciones de derechos humanos por parte de cualquier autoridad.

–¿Qué opina de la labor actual de la CNDH?

–Se han logrado reformas importantes para consolidar su autonomía. Sin embargo, hay limitaciones en la Constitución y en la ley de la CNDH para conocer de violaciones a derechos, sobre todo laborales y en el ámbito jurisdiccional. Está muy alejada de los estándares internacionales. Ha realizado un trabajo en la prevención de tortura y detenciones arbitrarias. Pero aún la veo muy acartonada, no ha logrado ser más ciudadana y cercana al pueblo.

–¿Cuáles son los retos para el organismo?

–Representar los intereses ciudadanos y todos los derechos humanos; a la vida, libertad, salud, educación, al agua, a un medio ambiente sano, una CNDH que abarque todo. Que tenga presencia en todos los lugares, sobre todo en los más sensibles de la problemática social, ¿por qué no estar en retenes militares, en operativos, en la sierra, en nuestras fronteras?

Incorporar en su trabajo a quienes han encabezado la lucha por los derechos y contra la impunidad. Ser un organismo de causas y enfocarse en los grupos más discriminados en la sociedad, los derechos humanos no defienden a todos igual, dependen de tu situación económica, social y del estatus que juegas en la sociedad. Es positivo que México reconoció los derechos contenidos en tratados internacionales y se abrió al escrutinio exterior. Ahora la tarea es que todo eso se convierta en práctica cotidiana.

Ricardo Sepúlveda Iguíniz, ex titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseveró que pese a tener un gran despliegue legal, capital humano y recursos económicos, la CNDH no ha brindado resultados en la disminución de violaciones a garantías fundamentales.

–¿Qué opina de la labor actual de la CNDH?

–Ha sido deficitaria en cuanto a los resultados que la sociedad mexicana necesita. Debe resolver casos, pero también inhibir que se presenten. Ha perdido fuerza y credibilidad ante las autoridades y con la sociedad, eso es producto de la falta de consistencia y porque en la resolución de casos hay intereses no por la defensa de los derechos, sino que son políticos o particulares.

–¿Cuáles son los retos para el organismo?

–Una renovación interna para generar un nuevo enfoque de criterios y prioridades. Ajustar los recursos y orientarlos a la protección de los derechos humanos. Revisar por qué casi el 70 por ciento (del presupuesto) está destinado a sueldos y prestaciones y no a actividades que fortalezcan las investigaciones y la difusión. Replantear la comunicación social que actualmente promueve al organismo y a su titular, cuando lo que se debe promover son los derechos humanos.

Hacia el exterior los principales retos son efectividad y eficacia, darle legitimidad y transparencia, lograr una vinculación con toda la sociedad, articular la generación de una política de Estado en derechos humanos, impulsar educación en la materia y lograr una verdadera defensa integral de las garantías fundamentales en todos los campos, especialmente en los DESCA, pues el 70 por ciento de su actividad está centrada en lo criminal y penal.