La organización Human Rigths Watch (HRW) envió una carta a los senadores en la que manifiesta que dentro de la reforma constitucional en materia de derechos humanos –que se encuentra pendiente en esa instancia legislativa– existen dos tópicos deficientes y limitantes para validar las garantías de las personas.

En la misiva, el director para América de la organización internacional, José Miguel Vivanco, señala que estos puntos son: la limitación de los tratados internacionales firmados por México y el que se mantenga la facultad al Ejecutivo federal de expulsar a extranjeros sin las garantías del debido proceso, por lo que el directivo de HRW llamó a los legisladores a subsanar estas fallas.

La reforma –aprobada por la Cámara de Diputados en abril pasado– señala como techo a la Constitución mexicana por encima de los tratados internacionales, explicó Vivanco, pues adiciona un párrafo en el que se asienta que: tratándose de normas de derechos humanos, éstas se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales para esas garantías de los que México sea parte. En su aplicación, bajo el principio de no contradicción con esta Constitución, se observarán aquellas que resulten más favorables a los derechos de las personas.

Vivanco consideró que con este texto la Carta Magna mantendría una jerarquía superior a los tratados internacionales, con lo que se violarían las obligaciones externas que México ha asumido. Los tribunales no estarán facultados para remediar la situación por medio de la aplicación de los tratados internacionales correspondientes. Ello dejaría a las víctimas de violaciones a garantías sin un recurso efectivo y a México en violación de sus obligaciones jurídicas internacionales.

El segundo problema grave de la reforma constitucional –aseveró en el documento– es que el Ejecutivo mantenga la facultad de expulsar a los extranjeros sin garantías del debido proceso.

Esta facultad es claramente incompatible con el artículo 12 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, lo cual es evidente dado que México presentó una reserva al tratado con respecto a este artículo. Una expulsión en estas condiciones podría resultar arbitraria y violar varios derechos humanos básicos, como colocar a una persona en riesgo de sufrir trato inhumano o que violen sus garantías en el lugar donde es enviada.

Por otro lado, Vivanco reconoció los avances en las modificaciones constitucionales.

Indicó que algunos de los puntos positivos son que las modificaciones prevean que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y ratificados por el Estado mexicano, que se proponga que las autoridades garanticen los derechos humanos y se sancionen las violaciones a ellos.

También elogió que se indique que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Otro punto positivo visto por HRW es la inclusión de que se garantizará que los organismos para la protección de los derechos humanos cuenten con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, entre otros.