l inicio de la 61 Legislatura y ante la necesidad de que se atiendan las causas que originaron el levantamiento zapatista, así como los motivos que dieron pie a la actual suspensión del diálogo, es indispensable realizar un recuento de los principales momentos que se han producido en relación con el desarrollo del conflicto.

El primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a la insurrección mediante una declaración de guerra al Ejército Mexicano y la ocupación militar de varios municipios, levantando las banderas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la construcción de un nuevo modelo de nación.

La amenaza de una desestabilización generalizada movilizó a amplios sectores sociales, lo que obligó a los contendientes a suspender los enfrentamientos militares y reunirse a dialogar por primera ocasión en la catedral de San Cristóbal de las Casas, en un proceso que ha resultado difícil y complejo.

Siendo presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León se produjeron acercamientos iniciales entre funcionarios del Poder Ejecutivo federal y la dirigencia del EZLN, mismos que fueron cancelados abruptamente el 9 de febrero de 1995, cuando se expidieron órdenes de aprehensión contra la dirigencia de la comandancia zapatista.

Esta decisión del Poder Ejecutivo desató una grave crisis que sólo pudo superarse mediante la intervención del Poder Legislativo federal, que el 10 de abril de 1995 aprobó unánimemente la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, que contiene una estrategia propiciatoria del entendimiento entre las partes, reafirma la soberanía entre poderes y resuelve jurídicamente el tema de las órdenes de aprehensión.

De hecho, y con el respaldo de todas las instituciones y partidos políticos, esta ley resultó la plataforma para estructurar el proceso de diálogo y pacificación entre el gobierno federal y el EZLN de abril de 1995 a septiembre de 1996.

La agenda de ese proceso, aprobada conjuntamente, incluía los temas: derechos y cultura indígenas, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, reconciliación en Chiapas y derechos de la mujer, dejando al final la cancelación de la declaratoria de guerra y el acuerdo de paz definitivo. El método de trabajo permitía la celebración de acercamientos y consultas entre las delegaciones de las partes y sus respectivas instancias de dirección.

El 16 de febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar se firmó el primer acuerdo parcial en el tema de derechos y cultura indígenas, después de un intenso y promisorio proceso de diálogo y negociación. El segundo tema agendado fue democracia y justicia, cuyo desarrollo contrastó con el anterior; la parte gubernamental mantuvo una negativa permanente a manifestar su postura en las mesas instaladas, actitud que difería de las intenciones que declaró el presidente de la República a la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación).

Ante el fracaso de la mesa y la dilación para concretar los primeros acuerdos, en agosto de 1996 el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto no se cumpliera lo pactado en materia de derechos y cultura indígenas. Para superar la crisis, contando con el apoyo de las respectivas direcciones partidarias y el acuerdo de las partes, los integrantes de la Cocopa elaboraron la Iniciativa de Modificaciones Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígenas en noviembre de 1996, la cual le fue presentada al EZLN, misma que aceptó, aunque, dijo, no incluía todas sus aspiraciones. Al respecto, el subcomandante Marcos afirmó que luego de su aprobación en el Congreso de la Unión, en marzo de 1997, podría firmarse un protocolo de paz anticipado, permitiendo que los siguientes temas de la agenda se desahogaran sin tensiones de carácter militar.

La respuesta del gobierno federal a la iniciativa de la Cocopa fue en el sentido inverso a la postura zapatista; el presidente de la República desconoció los términos aprobados por sus representantes y rechazó absolutamente la iniciativa, aduciendo imprecisiones de técnica jurídica; posteriormente se negó, en forma abierta, a abordar los temas de fondo.

Esos incidentes provocaron el alejamiento de las partes y dentro del gobierno federal se fortaleció la estrategia contrainsurgente de alentar a sectores indígenas a confrontar con violencia a los zapatistas, con desastrosos resultados para las comunidades y el proceso de paz; la tragedia de Acteal es resultado de esa estrategia.

Al asumir Vicente Fox Quesada la Presidencia de la República turnó al Congreso la ley Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas, defenestrada por su antecesor. Sin embargo, esta decisión careció del acompañamiento indispensable para que sus efectos se convirtieran en alicientes para la paz. El texto aprobado por el Congreso excluyó partes sustantivas, ya acordadas en los cónclaves de San Andrés Larráinzar, lo cual fue interpretado por el EZLN como una traición de toda la clase política.