Tegucigalpa, 8 de octubre. En defensa de la democracia, el gobierno de facto de Honduras no escatima gastos. Lo mismo contrata una firma de cabilderos para limpiar su imagen en Washington que entrega recursos públicos a organismos empresariales para que sus ejecutivos viajen a Estados Unidos y Europa (los que aún tienen visas) a defender el golpe de Estado.

El diputado Marvin Ponce todavía no puede dar un buen apretón de manos, luego de que la policía le rompió el brazo en una manifestación. Pero con la izquierda muestra, desde hace unos días, dos oficios firmados por el ministro de la presidencia del gobierno de facto, Rafael Pineda Ponce. En el primero ordena al Banco Central la transferencia de 2.5 millones de lempiras (poco más de 130 mil dólares) a una cuenta privada de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que encabeza el empresario Adolfo Facussé, un entusiasta promotor del regreso del presidente Manuel Zelaya al poder (sólo por una hora, para ir derechito a enfrentar a la justicia y casa por cárcel).

Los recursos, según el texto, serán destinados al financiamiento de actividades dirigidas al fortalecimiento de la democracia y el diálogo nacional.

El segundo, ordena la transferencia de poco más de 130 mil dólares, del presupuesto de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, a la firma de cabildeo Chlopak, Leonard, Schechter y Asociados, con sede en San Francisco, California. Se trata del primer pago de un contrato por un monto de 292 mil dólares.

Dicho contrato pretende contar con los servicios de consultoría de una empresa de relaciones públicas especializada en el manejo de situaciones políticas especiales, con el fin de implementar un plan estratégico de comunicación para lograr un mejor posicionamiento del gobierno ante la opinión pública mundial, según una copia del documento citada por la agencia Afp. El documento fue registrado por la firma estadunidense ante la división de cabildeo de gobiernos extranjeros del Departamento de Justicia el 18 de septiembre, dice la agencia.

Los desvisados

A mediados de septiembre, Facussé fue detenido en el aeropuerto de Miami y enviado de regreso a Honduras. Así se enteró que el gobierno estadunidense le había cancelado la visa. Otros, que sí pueden viajar, han gastado los dólares del gobierno para ir a Estados Unidos y Europa, quizá para retribuir el dinero gastado por los empresarios en la campaña contra Zelaya anterior al golpe de Estado y luego en la organización de las marchas blancas en favor del gobierno golpista.

La inversión ha rendido frutos. Según una nota del diario New York Times, el gobierno de Micheletti ya ha gastado unos 400 mil dólares en abogados y cabilderos que han tenido el efecto de obligar “a la administración Obama a enviar señales contradictorias sobre su postura en relación al gobierno de facto, quien las interpreta como una señal de aliento. También han retrasado dos importantes nombramientos del Departamento de Estado para la región”.

En dicha campaña, sigue el diario, están involucrados bufetes de abogados y agencias de relaciones públicas con estrechos vínculos con la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y el senador John McCain (ex candidato republicano y figura importante del comité de en asuntos exteriores del Senado).

Según el diario hondureño Tiempo, Facussé aceptó haber recibido los fondos y dijo que no pueden ser reparables (reembolsables) porque son para promover la democracia, a menos que el gobierno esté en contra de la democracia.

Marvin Ponce dice que, en todo caso, el gobierno puede gastar el dinero del pueblo en lo que quiera, pero en el caso de un contrato internacional está obligado a hacer una licitación y esta fue una asignación directa, destinada a darle una cara bonita al golpe de Estado.

Las encuestas de Micheletti y las otras

La noche del miércoles, Roberto Micheletti dijo a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos que 85 por ciento de los hondureños no quiere el regreso de Manuel Zelaya a la presidencia.

Hoy, el diario Tiempo adelanta una encuesta de la empresa Consultores en Investigación de Mercados y Opinión Pública (COIMER&OP), una de las avaladas por el Tribunal Superior Electoral.

Realizada entre el 23 y el 29 de agosto, la encuesta revela que: 52.7 por ciento de la población está en contra del golpe de Estado y solamente 17.4 en favor (29.9 por ciento de los ciudadanos no responde).

“En términos reales, dice el diario, 75 por ciento de los hondureños rechaza el régimen de facto, y 25 por ciento está a favor, o sea una proporción anti-golpe de 3 a 1”.

“Asimismo, 60.1 por ciento de los hondureños quiere que Micheletti salga del poder… En cambio, 51.6 por ciento desea el retorno del presidente Zelaya Rosales al mando constitucional, y 33 por ciento se opone”.

Según la misma encuesta, 44.7 por ciento de los hondureños tiene una buena opinión de Zelaya, contra sólo 16.2 por ciento de Micheletti.

La OEA no ha podido revertir el golpe: Zelaya

Desde su encierro en la embajada de Brasil, Manuel Zelaya despide a los cancilleres: “la OEA no ha podido revertir el golpe. Han pasado 100 días de represión contra el pueblo y el gobierno de facto se atreve a decir que de la silla presidencial no se va a mover. ¿Qué va a hacer ahora la comunidad internacional?”

Los funcionarios que se quedan piden calma: Estamos contra el tiempo, es urgente que esto se solucione, mientras antes mejor, menos serán los costos. Hay que tener confianza en el diálogo, dice John Biehl, asesor de José Miguel Insulza.

Las pláticas siguen. La delegación de Zelaya ratifica el plazo del 15 de octubre. Juan Barahona dice al salir de la sesión vespertina que, al parecer, hay interés de entrarle seriamente al diálogo.