Es necesario revisar el Código Penal del Distrito Federal y analizar por qué los delitos referentes a la actuación de los servidores públicos, en su mayoría, no son graves, coincidieron el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

En entrevistas por separado, se refirieron al caso de los agentes Erasmo Castillo de la Rosa y Rodolfo Servín Castañeda, quienes presuntamente conocían la intención de secuestrar a Yolanda Ceballos Coppel y no hicieron nada por evitarlo.

Tras permanecer arraigados más de 30 días, Castillo de la Rosa y Servín Castañeda fueron consignados a un juzgado penal. Días después se les dictó auto de formal prisión, pero alcanzaron la libertad bajo fianza pues el delito que se les imputa no está considerado grave.

El miércoles el titular de la CDHDF (González Placencia) dijo que hay que revisar los marcos punitivos a fin de que los delitos por principio de especialidad referentes a servidores públicos se analicen y se vea por qué el gran bloque son delitos no graves. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con ello, aseguró ayer el procurador capitalino.

La representación social acusó a los agentes investigadores del delito de ejercicio ilegal del servicio público con la hipótesis de que ocultaron información que pudo haber evitado el plagio y homicidio de la víctima.

El 3 de julio pasado se implementó un operativo para aprehender a los secuestradores y rescatar a Ceballos Coppel. El despliegue falló y, además del asesinato de la víctima, los mandos judiciales José Antonio Moreno Sánchez y Julio Rincón Juárez perdieron la vida.

En la rueda de prensa, realizada en el edificio central de la procuraduría capitalina, Mancera advirtió que la averiguación previa se encuentra abierta, por lo que las indagatorias continúan y no se descarta que otros agentes también tuvieran conocimiento previo del plagio.

En torno a la recomendación que emitió la CDHDF y que propone la intervención de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para que realice una investigación paralela, Mancera señaló: Ya he referido que la vamos a aceptar en su totalidad. Estamos en los plazos y términos de la propia comisión. Ya se dio la instrucción para poner en marcha el mecanismo, el cual consiste, primero, en avisar a la oficina de Naciones Unidas; segundo, establecer un canal de comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y, finalmente, hacer una selección de un experto para que comience a trabajar.

Por último, el procurador capitalino aseveró que la institución a su cargo jamás ha controvertido o refutado los peritajes o conclusiones de la CDHDF.