Puebla, Pue., 6 de octubre. Financiera Coofia defraudó a más de 70 mil ahorradores de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Veracruz, y aunque su casa matriz y sucursales fueron intervenidas a finales de septiembre por la Procuraduría General de Justicia de Puebla, los altos directivos están prófugos y la situación irregular de la empresa dificulta la reparación del daño.

Entre los inversionistas defraudados está Armando Roberto Moreno Nava, ex diputado federal de la 54 Legislatura y ex líder del sindicato de trabajadores del ingenio azucarero de Atencingo, en el municipio poblano de Chietla, quien dijo que depositaba fondos del gremio en oficinas de Coofia ubicadas en instalaciones de la Secretaría de Finanzas del estado en Chiautla de Tapia.

El ex dirigente azucarero señaló que hay una relación poco clara entre la empresa defraudadora y la dependencia estatal.

De hecho, el gobierno de Puebla reconoce que fue cliente de Coofia, pero no resultó afectado por la estafa porque sólo había un convenio de colaboración para recibir el pago de impuestos, como se hace con otras cadenas comerciales.

Empero, muchos de los defraudados aseguran que el gobierno de Mario Marín es el único cliente de Coofía no defraudado gracias a que trabajaba estrechamente con la empresa, y cuando presintió el riesgo retiró los fondos públicos invertidos, en tanto 40 mil ahorradores poblanos y 30 mil de otras entidades ya no pudieron recuperar su dinero.

Al inicio de la crisis, el director general de Coofia, Valente Medina Seoane, confesó en entrevista que no sabía cómo recuperar más de mil 500 millones de pesos (60 por ciento de sus activos) invertidos en las compañías mineras Valenciana y Reina del Pacífico, que resentían pérdidas. A pesar de ello pidió a la gente que no se preocupara porque su dinero estaba asegurado, pero en junio pasado huyó, luego que se presentaron mil 800 denuncias penales en su contra.

También están prófugos los miembros del consejo de administración de Coofia; los directores de crédito, Miguel Ángel Corona Cerezo; de finanzas, Alfonso Colunga Velásquez; recursos humanos, Ana María de Gante Ávalos; el contralor interno, Anastasio Pineda Segura, y el socio Darío Medina Seoane, hermano de Valente.

Sólo fueron detenidos e internados en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cholula el subdirector de negocios, Carlos Roberto Flores; el gerente de Tesorería, Ignacio García Saucedo, y el empleado Carlos Roberto Flores, por su presunta responsabilidad en la captación irregular de dinero.

Además, a finales de septiembre la Procuraduría de Justicia estatal aseguró las oficinas centrales de Coofia en un edificio de la lujosa zona de Angelópolis, así como 32 sucursales en 20 municipios poblanos. Las autoridades federales buscan a los altos directivos, pero nadie garantiza que los defraudados recuperen íntegro su patrimonio. Se desconoce con exactitud el monto defraudado.

El calvario de los ahorradores comenzó en mayo pasado. Virginia López relata que se presentó a retirar 50 mil pesos, pero los empleados de Coofia le dijeron que no había fondos, y ésa fue la última vez que supo de los más de 250 mil pesos que invirtió hace un año.

A principios de septiembre los afectados comenzaron a reunirse y emprendieron una serie de acciones para exigir la devolución de su dinero en Puebla, Huauchinango, Teziutlán, Cholula y Tehuacán.

Pero el fraude tuvo efectos más severos en los municipios de la Mixteca, como Atlixco, Izúcar, Chietla, Tepeojuma y Acatlán, donde los ahorros eran en gran parte de indígenas y campesinos que recibían remesas de familiares radicados en Estados Unidos.

A principios de octubre, unos mil 100 defraudados marcharon en la capital de Puebla para exigir solución al gobierno del estado. Con lágrimas y pancartas, se plantaron más de tres horas frente a Casa Aguayo, sede del Ejecutivo, y una comisión fue recibida en la Secretaría de Gobernación, pero las respuestas no fueron muy alentadoras.

Desde el 30 de septiembre la Secretaría de Finanzas estatal anunció que apoyará sólo con un porcentaje a quienes depositaron hasta 160 mil pesos, pero las víctimas luchan por la recuperación de su patrimonio íntegro, y para ello también se presentó una queja ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).

Sin embargo, Coofia no estaba certificada por las autoridades hacendarias y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que los defraudados sólo podrán recuperar sus inversiones por vía jurídica. De hecho, ya proliferan en Puebla, Xicotepec, Teziutlán, Tehuacán e Izúcar de Matamoros despachos y abogados que prometen recuperar el dinero... a cambio de 70 por ciento.

Otra posibilidad, afirman las víctimas, es que intervenga el Fideicomiso Pago, creado por la Condusef para garantizar la devolución de ahorros en caso de fraude cometido por cajas de ahorro popular que operan sin permiso oficial, pero cada persona obtendría un máximo de 47 mil pesos tras liquidarse los activos de Coofia y sumarles aportaciones de los gobiernos federal y estatal.

Sergio Velasco, otro de los perjudicados, dijo que el gobierno de Puebla autorizó a Coofia operar en 1997 pese a que carecía de permisos, y por ello debe responder.