Este fin de semana otros dos mineros murieron en sus centros de trabajo. Ambos trabajadores laboraban en la zona carbonífera de Coahuila; uno pereció en una empresa de Altos Hornos de México y otro en una compañía clandestina de la cual se desconoce el nombre del dueño.

Al informar sobre estos decesos, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana sostuvo que de nueva cuenta se enluta al gremio y se pone de relieve la necesidad de poner un alto radical a estas situaciones que se dan por la negligencia empresarial y por falta de condiciones de seguridad industrial, ya que no se está protegiendo la integridad física ni la salud de los mineros.

Manuel Alfonso Prince Durán, delegado especial del sindicato minero en Monclova, Coahuila, puntualizó que el trabajador Carmelo Bocanegra perdió la vida el pasado 2 de octubre al tratar de arreglar un malacate de la mina La Mimosa, en San Juan de las Sabinas.

La concesión de este mineral es detentada por Altos Hornos de México, cuyo inversionista mayoritario es Alonso Ancira Elizondo, y corresponde a la sección 239 del sindicato minero, el cual informó que en esa unidad se extrae carbón.

La organización también expuso que Alfredo García López, de 42 años de edad, murió a causa de intoxicación por gas metano. Este trabajador laboraba en Barroterán, Coahuila, en una mina clandestina cuyo propietario ni siquiera está identificado. Se trata de un pocito llamado Francisco I. Madero, del municipio Melchor Múzquiz, donde el minero no tenía las mínimas condiciones de seguridad industrial para laborar, al igual que sus compañeros de trabajo.

Según denunció Prince Durán, no es concebible que las empresas y las autoridades laborales locales o federales se mantengan en esta negligencia criminal, que lastima seriamente la seguridad de los mineros, la estabilidad de sus familias y atropella el derecho elemental a la vida de los trabajadores.

El dirigente demandó asimismo que el Congreso de la Unión promulgue leyes que penalicen, incluso con la cárcel, a los empresarios responsables de estas muertes, pero también a los funcionarios que incumplan con sus obligaciones oficiales en estos asuntos.