otivo de crecientes fricciones por su inequidad, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal establece tres vías para la transferencia de recursos federales a las entidades:

a) Participaciones: recursos libres que el gobierno federal les participa de la recaudación fiscal; b) Aportaciones: recursos para fines específicos (educación, salud, seguridad pública, infraestructura social… y c) Convenios de descentralización y reasignación casuística de recursos.

Las Participaciones

Modificaciones realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal en 1990 introdujeron en la fórmula de reparto una variable demográfica, según la cual “45.17% de los recursos del Fondo General de Participaciones se asignaría en proporción directa al número de habitantes…” y el resto mediante criterios igualmente discutibles.

El resultado fue una distribución inequitativa, beneficiando a entidades con alto crecimiento demográfico y baja producción, perjudicando a otras como el Distrito Federal, cuya población no crece. Este último, por ejemplo, aportó en 2007 (último año con PIB por entidades) 17.5% del PIB y recibió 13.0% de las Participaciones; a la inversa, Chiapas aportó 1.7% al PIB y recibió 4.0%, y el estado de México aportó 8.9% al PIB y recibió 11.8% de Participaciones (Gráfico 1)

Campeche ejemplifica, cabe destacar, un sesgo distorsionante del cálculo del PIB por entidades, pues al asignarle la producción de petróleo crudo, el estado aparece como generador de 5.6% del PIB nacional, lo cual no corresponde a la realidad y sí reduce proporcionalmente la participación real de las entidades no petroleras.

Otro elemento a destacar es la confusión que parece existir respecto de la naturaleza de las Participaciones y de las Aportaciones. Las Participaciones no son redistributivas sino, como su nombre lo indica, son partes de algo que se le reintegra equitativamente a la entidad que generó esas partes (originalmente de los tributos y ahora debe ser del PIB). Las Aportaciones sí son de naturaleza redistributiva y en ellas sí caben criterios difrenciados de asignación de recursos en función de las necesidades de cada entidad.

Participaciones al DF

Según la serie anterior del PIB (base 1993), el Distrito Federal venía aportando entre 1990 y 2002 23% aproximado de la producción nacional de bienes y servicios (Gráfico 2); con la metodología de la nueva serie (base 2003) la cifra del PIB nacional aumentó y la participación porcentual del DF se redujo drásticamente: de 23.2% en 2002 a 18.5% en 2003, y a 17.2% (estimado) en 2008.

Las Participaciones que recibía el DF a principios de los años 90 eran ligeramente inferiores a su aportación al PIB: en 1990 aportaba 22.7% y recibía 20.9% de las Participaciones (Gráfico 3). Si bien su aporte al PIB se mantuvo relativamente estable en torno a 23% mencionado, sus Participaciones empezaron a ser reducidas en los primeros años de la década de los 90, hasta llegar a 15.7% en 1994, a 13.0 en 2002 y a 12.3% en 2008.

Este atentado financiero contra el Distrito Federal pasó prácticamente inadvertido en los años 90, ya que el DF depende del gobierno federal y éste continuó allegándole recursos por distintos medios, pero sus efectos sí se hicieron presentes drásticamente a partir de que la capital eligió a su gobierno (de oposición) en 1997, y los recursos federales dejaron de fluir. Esto explica porqué el DF enfrentó en los primeros años de su autonomía una severa crisis financiera que lo obligó a contratar deuda (hasta entonces inexistente) con el fin de mantener a la ciudad funcionando.

El daño causado al Distrito Federal al no retribuirle en Participaciones su aporte a la producción es de enormes proporci-ones. Cálculos realizados en 2008* permitieron estimar que entre 1990 y 2008 al DF se le escamotearon unos 347 mil millones de pesos (a precios de 2006). En un cálculo actualizado con las cifras disponibles base 2003 del Inegi, estimamos que en los pasados seis años (2003-2008) el Distrito Federal ha dejado de recibir (en relación a su PIB) Participaciones por 110 mil millones de pesos a precios de 2008.

Adicionalmente, al DF se le ha afectado financieramente en muchas otras formas: retirándole subsidios (más de 50 mil millones de pesos actuales en el caso del transporte), no entregándole las reservas para pago de pensiones, o bien dificultando su acceso a fondos de Aportaciones a los que tiene derecho, acciones que han sido expuestas por el actual gobierno de la ciudad, incluyendo el reciente intento por reducirle 430 millones de lo aprobado para la línea 12 del Metro.

Conclusiones

1) Es necesario reestructurar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el contexto de un nuevo pacto federal de asignaciones equitativas, operativas y transparentes.

2) En lo inmediato, modificar la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a Participaciones para:

a) Adoptar como criterio único de distribución a las entidades su aportación al PIB nacional, instruyendo al Inegi para tener oportunamente las cifras cada año, y hacer un cálculo para estos fines, sin incluir el valor del petróleo crudo y el gas.

b) Realinear las Participaciones a todas las entidades con este criterio (sin afectar con reducciones a ninguna) elevando el porcentaje transferido de la Recaudación Federal Participable (25% en 2008), y

3) Resarcir al Distrito Federal (y otras entidades afectadas) del trato fiscal arbitrario y discriminatorio al que ha sido injustamente sometido.

* Análisis económico de la descentralización educativa en México. La situación del Distrito Federal. Número 1 de Estudios, Descentralización y Reforma Educativa en la Ciudad de México. Secretaría de Educación del DF, 2008.

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