l penitente Felipe concurrió el pasado viernes a un confesionario empresarial de ultraderecha para agregar a su rosario chantajista de casos de miseria que requieren nuevos impuestos el dato de que durante su desgobierno han subido de 14 a casi 20 millones los mexicanos en pobreza alimentaria.

Arrepentido de los pecados por venir, pero sin hacerse cargo de los cometidos durante los casi tres años del vía crucis que ha aplicado a los mexicanos, el fiscalmente piadoso Calderón pintó al cónclave de santiguados negociantes un panorama de peligros inminentes si no se consigue a tiempo la aprobación de políticas que permitan aliviar la condición de los mexicanos que viven en la miseria, y que crecerán cada día si no hacemos algo contundente por detener el deterioro en su nivel de vida. Los asistentes al congreso de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas (Uniapac, por su anterior nombre que era más sincero: Unión Internacional de Asociaciones Patronales Católicas) escucharon en uno de los salones del hotel Camino Real, en la ciudad de México, el reporte felipillo de cercanía de peligros sociales: Estoy hablando de millones de familias que viven aquí cerca, en los suburbios de la ciudad de México, y que viven en Chimalhuacán, y en Chalco, y en Ecatepec, y en Coacalco. Y estoy hablando de las familias que se aglomeran en las ciudades fronterizas. Y estoy hablando de las familias indígenas que están en zonas, las más pobres del país, tan pobres como las más pobres del mundo y que para colmo, por cierto, una buena parte del año, por otro efecto como es el cambio climático, ni siquiera tuvieron el agua de lluvia que esperaban para poder sembrar su pedazo de tierra, que es lo único que les queda. ¡Uy, qué mello: coopelas empresarialmente para que haya más impuestos o la gente marginada te dará cuello!

Estremecidos quedaron algunos de los muy cristianos asistentes, como el ministro Mariano Azuela, buscador de resquicios legales que le permitan aspirar a poner la CNDH en manos del señor (Felipe) y miembro honorario de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), brazo de El Yunque, que en México es la filial de la citada Uniapac; Lorenzo Servitje, el ideólogo del PAN (y otras golosinas chatarra) que es precisamente el presidente honorario de la USEM; el gris párroco federal de economía, Gerardo Ruiz Mateos, de ignorancia e ineficacia socialmente criminales, y el presidente de Uniapac internacional y virtual anfitrión general, el arquitecto José Ignacio Mariscal Torroella, quien, ¡oh, milagros empresariales!, como presidente del Grupo Marhnos es uno de los grandes beneficiarios del proyecto felipista de privatización de los servicios de salud pública (¿qué mejor manera de ayudar a los pobres a encaminarse al cielo?).

Las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella (según nota de Érika Ramírez publicada en la revista Contralínea de marzo de este año) habían donado en 2005 dos millones de pesos como aportaciones de particulares al PAN, y ahora han recibido un contrato de financiamiento multianual superior a 4 mil millones de pesos bajo el nuevo esquema privatizador denominado Proyectos de Prestación de Servicios de salud. Otro grupo empresarial privilegiado es Acciona, trasnacional española vinculada al Partido Popular. Pero Mariscal Torroella está tan preocupado como su cliente Calderón por el destino de los pobrecitos pobres y de los ricos en peligro, pues así dijo en su discurso: para nosotros, los empresarios, cambiar es una cuestión de supervivencia: o hacemos los cambios necesarios o desaparecemos. Cristo Rey nos ampare.

Otros grupos empresariales realizaron en Monterrey un congreso igualmente emparentado con lo político. La mayoría de los inversionistas electorales que hicieron triunfar al PRI en julio pasado, mediante inyecciones de recursos en efectivo no supervisados por nadie, se reunieron en la capital de Nuevo León para dar paso a quien se supone será garante de impunidad para el principal socio capitalista local, Natividad González Parás, cuyos estados financieros (y, del correspondiente hermano incómodo que en estos casos se estila) reportaron en los seis años recientes un índice de ganancias extraordinarias. El nuevo comisario apalabrado se llama Rodrigo Medina de la Cruz, tiene 37 años y a su toma de posesión asistieron la mayoría de los gobernadores inversionistas, salvo el líder de esos negocios que han consolidado metálicamente el presente y apuestan presidencialmente al futuro, el cada vez más aplaudido en esas reuniones de socios priístas Enrique Peña Nieto, quien solo envió representantes.

La norteña Junta de Accionistas fue notificada del ingreso a los planos directivos de un representante de Cemex, Javier Treviño, como secretario general de cemento, perdón, de gobierno, y de Othón Ruiz Montemayor, quien fue presidente de la Asociación de Banqueros de México, director general de Femsa, Visa y Grupo Financiero Banorte, como secretario de desarrolo económico. No se contó con la presencia del presidente honorario del Consejo de Administración, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y sí en cambio se le abrió plaza al sinaloense Carlos Almada López, quien fue funcionario destacado durante el zedillismo y luego fue involucrado en el Pemexgate, sin que hubiera sentencia adversa en su contra. Otro dato llamativo, que necesariamente se inscribe en las versiones de un pactado retiro paulatino de lo verde olivo, es que la seguridad pública de esa plaza caliente no fue entregada a un general, como se aseguraba unas horas antes, sino a un civil que encabezaba un consejo consultivo ciudadano.

Y, mientras al ya abrumado Chávez Chávez le siembran trampas como la detención del estudiante de la UAM un día antes de las marchas en recuerdo de Tlatelolco, y continúan las caídas mortales de pequeñas naves aéreas relacionadas con lo militar, ¡hasta mañana, diciendo: Gracias a Mercedes, que nos ha dado tanto!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx