l Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció este fin de semana su decisión de solicitar un amparo ante la previsible negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para otorgar la toma de nota a Martín Esparza Flores como secretario general del gremio.

La planilla encabezada por Esparza Flores resultó electa por mayoría el pasado 1º de julio –en una votación cerrada– para dirigir el SME durante el periodo 2009-2011. Un mes después, los representantes legales del sindicato entregaron a la STPS la documentación necesaria para que se otorgara la toma de nota al líder del gremio. No obstante, la dependencia encabezada por Javier Lozano Alarcón ha decidido postergar ese trámite con el argumento de que el comité ejecutivo del SME no ha cumplido con los requisitos solicitados para la entrega de dicho documento, y que la información proporcionada estaba plagada de inconsistencias y deficiencias.

La resistencia de la dependencia federal a reconocer a la dirigencia del SME se ha visto acompañada por la decisión adoptada por Luz y Fuerza del Centro (LFC) de congelar los recursos obtenidos mediante las cuotas sindicales. Además, los trabajadores han denunciado que el gobierno federal planea tomar las instalaciones de la compañía paraestatal y se han declarado, a raíz de ello, en estado de alerta máxima. Estos elementos alimentan la percepción de que existe connivencia entre LFC y la STPS para minar las labores de la actual dirigencia del SME y desarticular la organización existente en el sindicato.

Es pertinente recordar que la denominada toma de nota es un mecanismo que data de tiempos de los gobiernos priístas, por medio del cual éstos solían ejercer presiones políticas sobre las dirigencias gremiales. Constituye, por tanto, uno de los rescoldos del control corporativo que el viejo régimen ejercía sobre los sindicatos. En la circunstancia que se comenta, el entorpecimiento deliberado por parte de la autoridad laboral de lo que no es más que un trámite administrativo –el reconocimiento formal de una dirigencia sindical–, y su empleo como instrumento de golpeteo político contra el SME, vienen a confirmar la persistencia de esas prácticas en el gobierno actual, y da cuenta de una inclinación de éste a ejercer un injerencismo deplorable y antidemocrático en la vida interna de los gremios.

El afán del grupo gobernante por desarticular un gremio que se ha caracterizado por su oposición a los designios privatizadores del neoliberalismo contrasta claramente con la política de alianzas que el calderonismo ha mantenido con las expresiones más corruptas y descompuestas del charrismo sindical, encarnadas por las dirigencias que controlan a los trabajadores petroleros y al magisterio. El doble rasero con que las autoridades miden y tratan a unos y otros sindicatos confirma que al gobierno poco le importa respetar la voluntad de los trabajadores y que se guía por criterios mucho más pragmáticos e impresentables: apoyar –mediante favores, prebendas e impunidad– a los gremios que acepten compartir complicidades en el ejercicio del poder; acosar, desconocer e incluso reprimir a los que no se pliegan a sus designios.

Sin duda, resulta deseable y necesario que el conflicto que hoy se vive en el SME se resuelva de conformidad con los cauces institucionales, pues de no ser así podría estar en riesgo la viabilidad del servicio eléctrico en el valle de México, una de las regiones más densamente pobladas del mundo y epicentro político y económico del país. En la hora presente, sin embargo, la parcialidad exhibida por la STPS descalifica a esa dependencia como un interlocutor válido y la convierte en un lastre para la solución y en un factor de tensión y de conflicto.