Las operaciones financieras sospechosas de estar vinculadas a grupos de narcotraficantes, terroristas o de delincuencia organizada registraron en México un inusitado incremento de 261 por ciento entre enero y agosto de este año, revelan reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ante este panorama, la dependencia federal estableció nueva normatividad en materia de información y reportes de usuarios del sistema de servicios financieros, que implica la notificación obligatoria de operaciones hasta por 500 dólares que se realicen de manera inusual en instituciones financieras no bancarias. Anteriormente sólo se reportaban operaciones sospechosas por un mínimo de 10 mil dólares.

Apenas la semana pasada, en el contexto de la Conferencia de las Américas, organizada por el Banco Mundial y realizada en Miami, Florida, el empresario David Robillard, presidente de Kroll, una de las empresas privadas de seguridad e inteligencia más importantes del mundo, reveló que grupos de narcotraficantes que operan en México obtienen cada año ganancias hasta por 40 mil millones de dólares.

Para uniformar la estrategia de inteligencia fiscal para combatir el lavado de dinero, los procuradores en materia fiscal y financiera de todo el país realizaron un encuentro nacional. Los funcionarios buscaron vincularse, desde una perspectiva práctica y plural, a los principales temas operativos relacionados con la materia fiscal, entre ellos el combate al lavado de dinero.

Preocupación creciente

De manera paralela, la Secretaría de Hacienda emitió la semana pasada sendas disposiciones de carácter general, dirigidas una a casas de cambio y la otra a los denominados sujetos obligados del sistema financiero, entre los que se encuentran sociedades financieras de objeto limitado, almacenes generales de depósito, entidades de ahorro y crédito popular, sociedades mutualistas e instituciones de seguros.

En esas disposiciones la Secretaría de Hacienda ordena a las casas de cambio y al resto de sujetos obligados del sistema financiero adoptar mecanismos de información sobre sus clientes, así como elaborar y mantener un expediente permanente de los usuarios nacionales o extranjeros, sean personas físicas o morales, con la información verificada sobre actividades, identidad, domicilio y manejo regular de recursos, entre otros, y que serán enviados a la dependencia de manera trimestral, o a petición expresa de la autoridad.

Las autoridades comienzan a ver con preocupación el creciente fenómeno de operaciones financieras irregulares. Basta mencionar que, de acuerdo con los últimos reportes de la Secretaría de Hacienda en general, de enero a agosto de este año las autoridades recibieron 161 mil 369 alertas del sistema financiero del país, aunque muchas quedaron descartadas luego de una revisión.

Los clientes mexicanos que habían invertido en ese grupo recuperaron sus recursos

Víctor Cardoso

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) afirmaron que la totalidad de los clientes mexicanos que tenían dinero invertido en las sociedades de inversión mexicanas distribuidas al público por Stanford Fondos recuperaron la totalidad de sus recursos, aunque el proceso se mantiene abierto hasta lograr la captura del ejecutivo de esa firma David Miguel Nanes Schnitzer, a quien se presume prófugo, así como de otros ocho directivos y promotores de las empresas del grupo en México.

Las empresas formadas por el estadunidense Robert Allen Stanford a través de Stanford Financial Group (que fue intervenida por las autoridades financieras de su país en febrero pasado) y que operaban en México alcanzaron a afectar a unos 3 mil 500 inversionistas mexicanos, entre empresas, personas físicas y asociaciones civiles.

Cálculos de autoridades estadunidenses ubican la estafa de Stanford Financial Group en alrededor de 8 mil millones de dólares en los distintos países en los que operó. Hace poco el abogado Edward Snyder, socio del despacho Castillo and Snyder, de San Antonio, Texas, que representa a varios inversionistas mexicanos en una demanda interpuesta hace un mes en una corte estadunidense, estimó lo defraudado en México en unos mil millones de dólares.

Ayer, tanto Hacienda como la CNBV emitieron un inusitado comunicado con el argumento de actualizar a la opinión pública sobre el caso Stanford México, donde hacen un recuento de las acciones seguidas en el caso y puntualizan que las autoridades financieras continuarán, en el ámbito de su competencia, trabajando responsablemente y con toda determinación en combatir las actividades no autorizadas de captación de recursos del público por entidades y a través de operaciones no autorizadas.

Ambas instituciones indican que con base en las investigaciones realizadas y en los elementos de prueba obtenidos, entre ellos los aportados por los inversionistas afectados, se imputa a las empresas del Grupo Stanford establecidas en México haber llevado a cabo, a través de ciertos directivos y empleados, operaciones que significaron presuntamente una captación irregular de recursos.

Sobre el caso las autoridades financieras recordaron las acciones emprendidas: el 6 de marzo de 2009 la CNBV emitió opinión por el presunto delito de captación irregular de recursos del público en contra de David Miguel Nanes Schnitzer. De esto resultó que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó el pasado 10 de marzo una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta dependencia, a su vez, integró la averiguación previa correspondiente, que fue consignada ante el juez decimocuarto de procesos penales federales en el Distrito Federal el 15 de abril, y al día siguiente la autoridad judicial libró orden de aprehensión en contra de Nanes Schnitzer.

Para el 20 de mayo la CNBV emitió una ampliación de opinión por el mismo presunto delito en contra no sólo de Nanes Schnitzer, sino contra ocho directivos y promotores de las empresas del grupo Stanford en México, incluyendo Stanford Fondos. Con base en dicha ampliación de opinión de delito, la PFF presentó una nueva querella ante la PGR, y se integró una nueva averiguación previa. Adicionalmente, el 27 de julio la CNBV resolvió revocar la autorización de Stanford Fondos y cuatro sociedades de inversión operadas por la misma empresa, para distribuir acciones de sociedades de inversión en México, por realizar operaciones distintas de las autorizadas.

Es importante señalar que los clientes que tenían dinero invertido en las sociedades de inversión mexicanas distribuidas al público por Stanford Fondos, recuperaron la totalidad de sus recursos, puntualizaron SHCP y CNBV.

Aclararon que a la fecha no se tiene conocimiento de que se haya cumplimentado la orden de aprehensión en contra de Nanes Schnitzer, a quien se presume prófugo. Asimismo señalaron que la averiguación previa abierta con motivo de las ampliaciones de opinión y la querella aún se encuentran en integración por la PGR, y refrendaron que las autoridades financieras continuarán, en el ámbito de su competencia, trabajando responsablemente y con toda determinación en combatir las actividades no autorizadas de captación de recursos del público.