En el Senado de la República está por definirse la creación de una comisión plural para dar seguimiento al proceso contra 27 presidentes municipales y funcionarios estatales de Michoacán, encarcelados desde mayo pasado, bajo la acusación de nexos con el narcotráfico, ya que, según documentó el PRD, la supuesta persecución del crimen organizado se utilizó con fines políticos.

El senador perredista Carlos Sotelo, quien integró la propuesta para que intervenga el Senado –después de varias entrevistas con los presos, sus familias y defensores–, advirtió que se violaron todos los derechos constitucionales que rigen el proceso penal, ya que las acusaciones de estar ligados con las mafias del narco en Michoacán se basan en testimonios de tres testigos protegidos que han incurrido en más de 100 inconsistencias en sus declaraciones.

Son, enfatizó, testigos de oídas, porque hablan de hechos y circunstancias que les contaron terceros. En lo que va del juicio, el Ministerio Público les ha permitido corregir datos para ampliarlos o incluso para cambiar versiones.

Sotelo recalcó que desde el 26 de mayo pasado, en que fueron detenidos y arraigados, los 27 servidores públicos michoacanos han sido víctimas de arbitrariedades y de violación constante a sus derechos de defensa y proceso, valoración de pruebas y en general de justicia pronta y expedita. Ejemplo de ello es Ricardo Rubí, integrante del gabinete del gobernador Leonel Godoy, a quien se acusa de lavar dinero y de reunirse en su casa con miembros del grupo La Familia.

Sólo que la dirección que se consigna en la acusación no es la del domicilio en que ha vivido siempre, por lo que Rubí, quien fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, demandó de inmediato un recurso legal –conocido como incidente de domicilio– para demostrar la falsedad de las imputaciones en su contra. El juez fijó la audiencia respectiva para febrero de 2010.

Otro caso es el del síndico de Lázaro Cárdenas Abel Salazar, a quien se responsabiliza de haber contratado a sicarios en la policía municipal durante 2006, aunque él asumió el cargo de ese ayuntamiento en 2008 y el anterior síndico está preso por esos mismos hechos en un penal de Uruapan.

Las detenciones de los funcionarios estatales y municipales se efectuaron con órdenes de presentación y por la vía del allanamiento, sin orden judicial previa; se les presentó ante el Ministerio Público hasta 30 horas después de ser detenidos; a la mayoría no se les permitió contar con un defensor.

Además, el juez de la causa recibió el pliego de consignación y los tomos que lo sustentan el pasado 18 de junio y dictó la orden de aprehensión en menos de 24 horas, algo que se antoja imposible porque los autos constaban de más de 350 fojas que tuvieron que ser analizadas a plenitud.

De acuerdo con los abogados defensores y las familias, el juez decretó luego el auto de formal prisión con base fundamentalmente en el testimonio de los tres testigos protegidos, que durante el proceso incurrieron en 111 inconsistencias, que van desde mencionar nombres y fechas falsos, hasta narrar hechos posteriores a la fecha en que comenzaron a testificar para la Procuraduría General de la República (PGR).

Uno de esos testigos, al que se ubica como Ricardo, afirmó en enero de 2009 que un narcotraficante conocido como El Tío era el encargado de las relaciones de La Familia, de captar funcionarios y apoyar campañas políticas en esas fechas. ¿Cómo lo sabe, si desde 2005 ya no trabaja para ese grupo delincuencial?, se pregunta Sotelo.

Otro testigo, Paco, declara que en noviembre de 2006 Mariano Ortega buscaba la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas por el PRI, ello cuando faltaba casi un año para tales elecciones y el aludido es militante del PRD.

Otro testigo, Emilio, sostiene en sus declaraciones ministeriales que a mediados de 2007 La Familia le dio dinero a Ixtlahuac Orihuela para apoyar su campaña a presidente municipal. El proceso electoral aún no iniciaba y este último era diputado local. Las versiones de los tres testigos, además, se contradicen.

La decisión de integrar el grupo plural del Senado para dar seguimiento al caso de los presos michoacanos está en manos de la Junta de Coordinación Política. La propuesta la presentó Sotelo, pero lleva también la firma del priísta Manlio Fabio Beltrones.