n las oficinas de la Casa del Pueblo, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, hay una manta con los nombres de más de 40 campesinos. Son los 37 muertos y los desaparecidos en la lucha que, por recuperar sus tierras, inició la comunidad en 1965. Sus fotografías penden en el altar. Son las víctimas de caciques, paramilitares, policías y Ejército.

Los comuneros de Carranza han sido permanentemente vejados, hostigados, humillados y ninguneados. Muchos de los difuntos homenajeados en el local de la organización fueron comisarios de bienes comunales. Varios fueron líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), fundada en 1982 por la Casa del Pueblo y núcleos campesinos de otros municipios del estado. Así sucedió con el comisariado Bartolomé Martínez Villatoro. En julio de 1974, Carmen Orantes, el cacique regional, le advirtió: Mira, indio, si no te vas de aquí, cuentas con tu vida. Un año más tarde fue asesinado.

El último episodio de este acoso sin fin fue la detención del dirigente histórico de la comunidad, José Manuel Hernández Martínez, conocido como Don Chema, el pasado miércoles 30 de septiembre, en un operativo tan cobarde como atropellado.

Los policías que lo aprehendieron llegaron a la comunidad 28 de junio en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, vestidos con uniformes de la empresa. Preguntaron a los residentes si tenían algún problema con la electricidad, o si los podía ayudar de alguna forma. Cuando localizaron a Don Chema lo detuvieron y subieron al vehículo sin orden de aprehensión. Kilómetros adelante pasaron a Don Chema a otra camioneta ocupada por hombres armados vestidos de negro, con el rostro cubierto con pasamontañas.

Hernández Martínez fue recluido en el penal El Amate. Se le acusa del despojo del predio El Desencanto, presuntamente cometido en julio de 2003 en Venustiano Carranza. Será procesado por delitos configurados en casi una decena de averiguaciones previas. Es investigado por daño en propiedad ajena, comisión de hechos delictuosos, daños calificados, robo calificado y despojo. Se le quiere juzgar también por atentados contra los símbolos patrios o valores históricos nacionales o del estado, despojo, conspiración y fraude específico.

Don Chema declaró ante el fiscal del Ministerio Público y su abogado defensor que en la PGJE sus interrogadores insistieron en que se declarara integrante de algún grupo armado. Me preguntaban, dijo, si pertenecía al EPR. Cuando les dije que la única organización a la que pertenecía era a la OCEZ y que esta organización luchaba por la vía civil y pacífica, me acusaban de pertenecer al EZLN.

No es la primera vez que Hernández Martínez está en la cárcel. En dos ocasiones ha pasado temporadas tras las rejas. En 1984 Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia.

Don Chema es un luchador social que ha procurado la recuperación de las tierras de su comunidad desde hace más de tres décadas. Tiene 56 años. Es indígena tzotzil y padre de seis hijos.

Perseguido por el poder y los caciques, en distintos momentos de su vida, ha tenido que vivir a salto de mata, perseguido y hostigado. Diversos funcionarios públicos han querido sobornarlo ofreciéndole un empleo público o un sueldo clandestino, sin tener que desempeñar labor alguna. Nunca ha aceptado. Él afirma que mi única función es informar qué está haciendo la organización. Totalmente me he negado a eso. ¿Por qué? Porque no soy yo, son las comunidades; es el pueblo. Yo me puedo vender, pero los problemas van a seguir. Lo hemos aclarado ante instituciones de gobierno: a mí me pueden encarcelar, me pueden comprar y me pueden asesinar, pero el gobierno no va a resolver nada con eso si no se resuelven los problemas de las comunidades.

Apenas en julio pasado, 13 miembros de la OCEZ efectuaron una exitosa huelga de hambre para exigir al gobierno la suspensión de 15 órdenes de aprehensión, la aprobación de proyectos productivos por casi 7 millones de pesos, y la solución de diversos conflictos agrarios. El gobierno de Juan Sabines acordó legalizar 215 hectáreas de las tierras ocupadas. Se firmó, además, un pacto de gobernabilidad para dar solución a diferentes demandas sociales, agrarias y legales. Es decir, en el momento de la detención de Don Chema su organización se encontraba en un diálogo con el gobierno del estado.

El conflicto en Venustiano Carranza es ancestral. La comunidad se fundó en 1529 con el nombre de comunidad indígena San Bartolomé de los Llanos. Las tierras fueron compradas por los indios con monedas de oro. Sin embargo, con la expansión de la ganadería, los ladinos se apropiaron de casi todos los predios. Los comuneros se convirtieron en peones acasillados.

A partir de la década de 1930, los campesinos trataron de que las autoridades agrarias restituyeran los bienes comunales. Pero no fue hasta 1965 que el gobierno de la República decretó una resolución para la comunidad, donde sólo se le reconoce una superficie territorial de 50 mil 152 hectáreas, quedando las mejores tierras para los latifundios. Pese a ello, los terratenientes no estuvieron conformes.

En 1974 fue ejecutada la resolución presidencial en favor de la comunidad con una superficie de 42 mil hectáreas, y una expropiación de 5 mil 45 hectáreas, para la construcción de una presa hidroeléctrica. Cansados, un año más tarde los comuneros decidieron hacerse independientes del gobierno y recuperar sus tierras, porque, a pesar que los papeles estaban en sus manos, las tierras seguían en posesión de los ricos. Desde entonces su táctica ha consistido en tomar los predios y luego presionar al gobierno para su regularización. Para ello se han enfrentado al cacique Carmen Orantes (personaje que parece salido de una novela de Gabriel García Márquez), a sus pistoleros y a los distintos gobiernos en turno.

Hoy día, la región está controlada por Jesús Alejo Orantes Ruiz, aliado de Juan Sabines y uno más de los 100 hijos que se le adjudican a Carmen Orantes. El nuevo cacique heredó de su padre y su tío el poderío político y económico en la región cañera de Pujiltic.

La detención de José Manuel Hernández Martínez es un grave atropello a los derechos humanos por el gobierno de Juan Sabines. Pero es, además, un acto de insensibilidad política que desequilibra una región históricamente conflictiva de Chiapas. Por lo visto, hay quien gusta de gobernar echando gasolina al fuego.