a crisis económica originada por el colapso del sector inmobiliario estadunidense –y sus correspondientes afectaciones para la contratación de mano de obra mexicana en aquel país– ha tenido, a lo que puede verse, efectos insospechados en el flujo de dinero entre Estados Unidos y México. Al conocido descenso en las remesas hechas por los mexicanos que viven al norte del río Bravo –las cuales tuvieron en agosto pasado una caída de 15.1 por ciento respecto del mismo mes de 2008, de acuerdo con datos del Banco de México–, debe añadirse el surgimiento de un nuevo fenómeno: el envío de dinero por parte de familias mexicanas a connacionales desempleados en Estados Unidos, como apoyo para que éstos puedan sortear la crisis económica y evitar así que retornen a México, según advirtieron fuentes de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS).

Las explicaciones proporcionadas por la propia AMUCSS para este fenómeno resultan desoladoras: se tata de comunidades y familias que han vivido en estado de crisis permanente, que pueden, por consiguiente, resistir de mejor forma escenarios de recesión como el actual y hacer sacrificios adicionales para enviar recursos a sus familiares en Estados Unidos; además, según el organismo referido, para esas familias resulta más factible enviar una parte del dinero que consiguen en México que pagar el regreso de sus parientes al territorio nacional. Significativamente, los casos en cuestión se han presentado en comunidades de las serranías de Oaxaca y Puebla, donde la expulsión de trabajadores hacia el norte y la llegada de remesas han sido una constante en los años recientes, y donde, por tanto, ha sido mayor el impacto de la caída en el envío de dinero al país.

El fenómeno que se comenta es indicativo, por un lado, de la desazón y la incertidumbre que enfrentan los sectores más afectados por la actual crisis económica y la manifiesta incapacidad de las autoridades para afrontarla: ante tal circunstancia, puede concluirse que si no se ha producido un regreso masivo de mexicanos, y si éstos en cambio están haciendo todo lo posible por permanecer en el vecino país aun en condiciones precarias, no es porque su situación en Estados Unidos no sea mala, sino porque perciben que en México sería mucho peor.

Dicha percepción está, por otro lado, plenamente justificada si se toma en cuenta que, hasta el momento, ninguna de las acciones que las autoridades han adoptado para afrontar la crisis ha estado orientada a corregir la dependencia estructural que acusa la economía mexicana respecto de la estadunidense, ni a proveer al país de instrumentos que le permitan reactivar su mercado y economía internos y generar los empleos necesarios para quienes habitan en el país y para quienes decidan volver a él.

En cambio, los encargados del manejo económico no parecen tener otra estrategia que esperar a que concluya el actual periodo de recesión, evitar a toda costa un déficit mayor en las finanzas públicas, y esperar a que la economía del vecino país se recupere y que ésta enganche a la mexicana. Desde esa perspectiva, lo único que están haciendo los connacionales que viven en Estados Unidos y sus familiares en el país es reproducir la misma lógica del gobierno federal y aguardar a que la solución a la presente coyuntura venga desde fuera.

Un último elemento de reflexión: en años recientes, las autoridades federales se han acostumbrado a referirse con naturalidad a la situación de exilio económico que viven millones de mexicanos y al envío de remesas desde Estados Unidos, como si ambos fenómenos no fueran reflejos nefastos de la política aplicada y continuada por las recientes administraciones. Hoy, cuando dichos envíos acusan una tendencia a la baja, el discurso oficial no ha podido sino lamentarse por el impacto negativo que ello supone para el ingreso de divisas al país, mientras que millones de familias enfrentan la perspectiva de financiar, desde México, estancias inciertas, precarias y dolorosas en la nación vecina del norte. Resulta obligado, por tanto, que las autoridades competentes atiendan, investiguen y ubiquen cuanto antes las comunidades en que se ha presentado este fenómeno amargo y desmoralizante.