La Caravana por la Justicia y Dignidad Minera, que inició el domingo en Cananea, Sonora, llegó ayer al Senado, donde entregó una carta de Napoleón Gómez Urrutia a los legisladores con 10 peticiones, entre ellas que se retiren las concesiones que el gobierno ha dado al Grupo México, en virtud de que no ha sido capaz de promover condiciones de higiene y seguridad en las minas y factorías que administra y que en tres años ha sido incapaz de arreglar el conflicto con sus trabajadores.

Igualmente demanda que cese la violación a la autonomía sindical y se respeten las decisiones de los mineros; se ponga fin a la campaña de desprestigio en contra del sindicato y se le entregue la toma de nota como secretario general, además de que se castigue al empresario Germán Larrea y sus consejeros, por los homicidios de los trabajadores de Pasta de Conchos y de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

La comisión especial, que encabeza el perredista Arturo Núñez, recibió a poco más de un centenar de mineros, mientras que otros 300 esperaron en la explanada de la Plaza Tolsá. En la reunión, uno de los dirigentes leyó la misiva que envió Gómez Urrutia; otro fijó la postura de la dirigencia nacional y tres más hablaron por las secciones en huelga.

En el documento Gómez Urrutia explica a los senadores que la finalidad de la caravana minera es demandar a diversas dependencias y funcionarios federales su mejor disposición para solucionar en definitiva el conflicto minero, que lleva más de tres años sin que hasta el momento el gobierno y las empresas involucradas hayan dado pasos tangibles para sacarlo del estancamiento en que está.

 En la misiva, Gómez Urrutia resalta que el conflicto se ha prolongado y las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco cumplen tres años, en el caso de la primera, y más de dos en las otras, con el consiguiente sacrificio de los mineros y sus familias.

Sostuvo que en lugar de ajustarse a la Constitución y atender los genuinos intereses de los mineros, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón han llevado las tres huelgas al extremo de la ruptura del pacto social, y han desarrollado una empecinada persecución política y judicial contra los trabajadores, su sindicato y sus dirigentes.

El dirigente en el exilio pidió también a los legisladores que intervengan para que se dé curso a las demandas que el sindicato ha presentado por homicidio, robo de expedientes y abusos de autoridad que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene congeladas, y que se libere a Juan Linares, presidente del consejo de vigilancia del órgano sindical.

Espera PGR pronta extradición

Por su parte, el subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, afirmó que el gobierno de México espera que Canadá extradite al secretario del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, a partir de una nueva orden de aprehensión y una ficha roja emitida por la Interpol.

El funcionario señaló que el sindicato minero canadiense presiona al gobierno de Canadá y a la provincia de Columbia Británica, para que no detengan y entreguen a autoridades mexicanas a Gómez Urrutia, acusado de desviar 55 millones de dólares de los mineros de Cananea. Las presiones del sindicato minero, que es muy fuerte, le han servido de protección, pero esperamos que con esta nueva orden ya no haya posibilidades de las autoridades para seguirla difiriendo, argumentó.