La designación del próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe darse por un proceso plural y transparente y no representar el preludio para imponer una decisión bipartidista que favorezca a los candidatos más convenientes para los principales institutos políticos, advirtió Irene Khan, secretaría general de Amnistía Internacional (AI).

En una carta dirigida al Senado, Khan señaló que la confianza y credibilidad –nacional e internacional– en la comisión dependerán directamente de la transparencia del proceso de elección.

La dirigente se pronunció por que se abra el proceso a la participación de la sociedad civil. Es imprescindible para el futuro y el buen funcionamiento de la CNDH que los senadores y los miembros de las tres comisiones designadas para realizar la convocatoria y evaluación de candidatos lleven a cabo un proceso transparente, en el que importantes actores de la sociedad civil, con reconocida experiencia en la defensa de los derechos humanos, jueguen un papel fundamental.

Propuso que el Senado también pida opinión a líderes de la oposición, sindicalistas, trabajadores sociales y periodistas, con el propósito de que se garantice la imparcialidad y credibilidad de la institución nacional de defensa de las garantías fundamentales, tanto en el país como en el exterior.

Consideró que la terna para elegir al próximo ombudsman deben estar conformada por personas reconocidas por su integridad e imparcialidad de juicio, que tomen decisiones con base en los hechos, de acuerdo con la ley y sin restricciones, influencias indebidas, instigaciones, presiones, amenazas ni intromisiones de ningún sector, o que sus disposiciones no sean por afiliaciones políticas o vínculos con el Ejecutivo u otros poderes del Estado.

Recalcó que deben demostrar su compromiso con las normas internacionales de derechos humanos y la defensa activa de los intereses de las víctimas de las violaciones a dichas garantías.

Activismo de aspirantes

Durante un foro en el que se analizaron los retos y perspectivas del ombudsman, Luis Raúl González, Patricia Olamendi y Ricardo Sepúlveda, aspirantes a la presidencia de la CNDH, coincidieron en que el próximo comisionado debe tener estrecha colaboración y escuchar a las organizaciones civiles.

González, abogado general de la UNAM, aseveró que el presidente del organismo debe trabajar por la igualdad de derechos entre géneros, dar seguimiento a las recomendaciones internacionales, crear un protocolo de las violaciones graves a las garantías fundamentales y tener como aliadas a las ONG, entre otras. Sostuvo que los derechos humanos deben ser una política de Estado.

Olamendi indicó que desde la CNDH se debe apoyar y fomentar el trabajo de los observatorios ciudadanos y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Indicó que en México existe una pobre incorporación de los derechos de las mujeres en las legislaciones, además de que 70 por ciento de las recomendaciones internacionales que ha recibido son por violaciones a las garantías de ese sector.

En tanto, Sepúlveda resaltó que la CNDH debe ser aliada de las ONG y se pronunció por la transparencia en el ejercicio de la comisión. Dijo que en el país el tema es paradójico, pues si bien se cuenta con uno de los sistemas de defensa más grandes del mundo, existen dificultades para avanzar en la práctica. Aunque uno de los temas del foro fue hablar sobre los derechos de las mujeres, Sepúlveda no lo abordó.

En tanto, en conferencia de prensa, más de 70 ONG postularon a Emilio Álvarez Icaza como su candidato para dirigir la CNDH. Señalaron que representa la posibilidad de incidir de manera efectiva para que las políticas públicas sean diseñadas y aplicadas con una perspectiva de derechos humanos. El ex ombudsman capitalino manifestó su confianza en que el Senado realice un proceso de elección que se aleje de las cuotas políticas.

Mientras, la Comisión de Derechos Humanos del Senado informó la mañana de ayer que se inscribió la candidatura del ministro Mariano Azuela para el cargo. Sin embargo, por la tarde se aclaró que no fue un registro formal, porque no se remitió toda la documentación requerida, sino que se trató de una propuesta de apoyo enviada por dos organizaciones de Nuevo León, una de ellas denominada Asociación Regia.

De manera formal ayer se apuntaron la abogada Lucrecia Ortega Sánchez, quien fue propuesta por organizaciones civiles de Tlaxcala, y el abogado Eduardo Pascual.