En México la impunidad en los ámbitos de gobierno e iniciativa privada y la demanda económico laboral son los principales factores que empujan a muchos sectores sociales a salir a las calles para reclamar justicia, señala un monitoreo sobre los primeros ocho meses del año realizado por el Observatorio de Conflictividad Social de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

En los cuatro años recientes el fenómeno de lucha contra la impunidad que persiste en el país ha aumentado significativamente y se prevé que seguirá creciendo.

Durante 2006, en el país se presentaron 675 conflictos sociales; un año más tarde fueron 959, y en 2008 sumaron mil 124, revela un informe presentado durante el foro En contra de la impunidad, que forma parte de los encuentros que mensualmente organiza el Serapaz acerca de temas de conflictividad social.

El reporte señala que de todas las movilizaciones sociales que han tenido lugar entre enero y agosto de este año, 24 por ciento tenían como propósito terminar con la impunidad; cifra similar a la de los reclamos de índole económico-laboral, y 16 por ciento las exigencias de servicios e infraestructura.

En el informe se destaca que 22 por ciento de las protestas fueron protagonizadas por organizaciones sociales, 19 de colonos y vecinos, 10 de agrupaciones, ocho de servidores públicos y 4 por ciento por periodistas.

En 86 por ciento de los casos se trató de demandas contra servidores públicos.

Entre los principales demandados están el gobierno federal, con 34 por ciento; el Ejecutivo (19) y los municipios (9).

En cuanto a las estrategias de protesta, la denuncia pública ocupa el primer lugar con 40 por ciento; seguida por marchas y mítines (36) y los bloqueos (12 por ciento).

Las movilizaciones empiezan con protestas institucionales y al no recibir atención éstas se vuelven más enérgicas, se destacó en el foro.