El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 3, 16 y 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para establecer que éste no podrá vender a empresas nacionales o extranjeras la cartera vencida de los trabajadores que, por no contar con empleo, dejan de pagar sus créditos de vivienda.

En ningún caso podrá el instituto ceder, a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los derechos derivados del cobro de adeudos, señala en la propuesta.

Desde la tribuna, Moreira refirió que el Infonavit tiene una razón jurídica e histórica en favor de los trabajadores y sus familias. Por ello, no podemos permitir que el propio instituto atente contra los mexicanos privilegiando el enriquecimiento de empresas y fomentando la inequitativa distribución del ingreso.

Respaldo al SME

Por otra parte, con el respaldo de diputados de PRD, PT, Convergencia, PVEM y Nueva Alianza, el grupo parlamentario del PRI presentó ayer un punto de acuerdo para exhortar al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para que respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y extienda la toma de nota al comité ccntral electo desde julio pasado.

Durante la sesión ordinaria de ayer –que se convocó sólo para recibir puntos de acuerdo e iniciativas– legisladores del PRD también exigieron a la Secretaría de Hacienda reducir las tarifas domésticas de electricidad, ante la disyuntiva de miles de personas de comer o pagar sus recibos, y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se desista de las demandas contra usuarios de Ixtepec, Oaxaca, que son perseguidos por sus protestas contra el alza en sus recibos de luz.

Pedro Vázquez, coordinador del Partido del Trabajo, presentó por separado una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución, que permita al Banco de México –dijo– recuperar su función de financiar al gobierno federal, con objeto de fomentar el desarrollo económico del país, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y fortalecer con ello la rectoría del crecimiento, que es obligación del Estado.

El diputado Emilio Serrano (PRD) planteó constituir la ley que crea la pensión universal a favor de las personas de 70 años o más, a fin de que mensualmente se les entregue un apoyo económico de 822 pesos a 9 millones de adultos mayores. Esta medida, explicó, se constituiría en una alternativa en medio de la crisis económica. Refirió que sólo 3.4 millones de adultos mayores cuentan con empleo.

La diputada Sofía Castro Ríos, del PRI, presentó a su vez un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón y a la Secretaría de Hacienda a que programe para 2010 un incremento de 10 por ciento al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Las regiones indígenas son las que tienen menos infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, de vivienda, agua potable y electrificación, aseguró la legisladora priísta.

Respecto del punto de acuerdo en favor del SME, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado, explicó que la Secretaría del Trabajo se ha negado de manera reiterada y sistemática a la solicitud para que se otorgue la correspondiente toma de nota con el supuesto argumento de contar con un plazo que vence el 5 de octubre.

Afirmó que esa posición de la secretaría es producto del error en que incurre al confundir la figura de registro de sindicatos con la toma de nota, y con ello en lugar de tutelar los derechos laborales, y concretamente velar por el respeto y actuar en consecuencia con el principio de autonomía sindical, realiza exactamente lo contrario.

Por ello, el exhorto –que se turnó para su análisis a la Comisión del Trabajo– plantea que la secretaría acate el principio constitucional de autonomía sindical y evite continuar (interviniendo) indebidamente en la vida interna del SME y respete su inalienable derecho a resolver legal y democráticamente los asuntos que a éste le competan.

Durante la sesión de trabajo se recibió también un oficio del Tribunal Electoral del Poder Judicvial de la Federación para que, en el análisis del presupuesto, se le reduzca su gasto en 85 millones 30 mil pesos, a los mil 994.9 millones de pesos que propuso el presidente Felipe Calderón Hinojosa.