nterraron” el desarrollo, destrozaron el crecimiento económico, quebraron al país, acabaron con el empleo formal, pulverizaron el ingreso de la mayoría, desaparecieron dos décadas de ahorro de los trabajadores, incrementaron la pobreza, pero no tienen llenadera: ahora van por los recursos de las Afore (dineros de los trabajadores, a quienes ni de lejos pedirán permiso) para financiar a los grandes consorcios dedicados a construir infraestructura que cotizan en el mercado mexicano de valores.

¿Quién dispondrá de un ahorro que no es suyo, sino de los trabajadores? El exitoso gobierno calderonista. ¿Para qué? Para lavarse las manos en materia de infraestructura, privatizar las obligaciones gubernamentales en este renglón y financiar a las grandes empresas (las de siempre, algunas de ellas rescatadas con dineros públicos tras su fallida incursión –en el salinato y el zedillato– en lo que de nueva cuenta les cederán) para que construyan y administren (por 60 años, con refrendo) infraestructura (carreteras, por ejemplo).

El negocio es redondo: Calderón ratifica su condición de gerente; utiliza el ahorro de los trabajadores sin su autorización (no toca otro tipo de ahorro, también privado, como el depositado en bancos, casas de bolsa y demás instituciones financieras no gubernamentales, no vaya a ser la de malas que sus dueños se enojen) para financiar, a precios de regalo, a los grandes consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (las pequeñas y medianas empresas quedan totalmente fuera de la jugada). Éstos, con dinero ajeno, construyen las grandes obras de infraestructura prometidas por el gobierno y se quedan con ellas, con lo que se privatizan obras y utilidades, y de este jugosísimo negocio a los dueños del dinero original, los trabajadores, les repartirán migajas, si bien les va.

En primera instancia, ¿qué consorcios se beneficiarían de esta innovadora forma de atraco orquestada por el calderonato? No hay que buscar mucho, porque son los de siempre. De entrada, Carso Infraestructura y Construcción, Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) –ambas propiedad de Carlos Slim, el empresario más rico de México–, Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) –uno de los grandes beneficiarios del Fobaproa, con más de 10 mil millones de pesos de entonces, incluidos préstamos personales–, Empresas ICA –igualmente favorecida por el Fobaproa y rescatada por el Fideicomiso Carretero, que a los mexicanos les ha costado más de 180 mil millones de pesos en recursos públicos– y Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra, antes Tribasa, también cliente del Fobaproa y del Farac), administradora, entre otras, de la carretera con el peaje más caro del mundo, la México-Toluca, cuya cabeza visible y supuesto accionista principal no es otro que David Peñaloza (uno de los reyes Midas del salinato), acusado de fraude genérico por 29.5 millones de pesos en contra de Nacional Financiera, que huyó del país, lo pescaron en España, lo regresaron a México y del aeropuerto Benito Juárez se fue a su casa para reorganizar los negocios (durante años Bancomext cargó con un pasivo cercano a 600 millones de dólares que este personaje le heredó, por instrucciones presidenciales).

Excelente decisión calderonista: primero, atracar a los trabajadores; segundo, lavarse las manos de los compromisos y obligaciones de gobierno, y tercero, entregar el nuevo negocio a las mismas empresas que asaltaron a la nación durante el salinato, el zedillato y el foxiato. GMD, ICA y Tribasa (ahora Pinfra) fueron las acaparadoras de las concesiones carreteras durante el salinato (entre ellas la interminable Autopista del Sol), y de la misma forma las principales beneficiarias del rescate carretero del zedillato y (segundo capítulo) del foxiato; en el inicio del calderonato y a pesar del expediente, fueron ganadoras de jugosas concesiones carreteras (incluso les regresaron las que ya les habían rescatado) con Luis Téllez en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el mismo personaje que hoy, por cortesía de Calderón, preside la Bolsa Mexicana de Valores, por medio de la cual obtendrán los recursos de las Afore.

Ayer, en pomposo acto en Los Pinos, su inquilino dio a conocer el nuevo proyecto, que deberá pasar por el tamiz del Congreso, y allí, adelantándose a los reclamos, proclamó: no existe riesgo para los trabajadores... Esto se hará a cambio de rendimientos atractivos para los trabajadores y se brindará la mayor seguridad a los fondos de los trabajadores. Qué horror, porque tales aseveraciones provienen del mismo personaje que prometió empleo a raudales, crecimiento económico de 5 por ciento anual y finanzas públicas sanas y sólidas. Por si fuera poco, diagnosticó una simple gripa para México derivada de la sacudida económica internacional y aseguró que en México nunca más otra crisis.

Sus palabras generan la misma confianza que las de otro de los defensores de la nueva propuesta, Agustín Carstens, quien suscribió aquello de no habría ninguna afectación para los trabajadores por meterle la mano a las Afore para beneficiar a los grandes consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Es el mismo personaje que diagnosticó un catarrito por la crisis económica, el que no ha dado una en cuanto a pronóstico económico se refiere, y el que, en fin, junto con el inquilino de Los Pinos, no dejó de presumir finanzas sólidas y navíos de gran calado. ¿En serio pretenden credibilidad cuando afirman que el ahorro (de los trabajadores) está plenamente respaldado por los ingresos que van a generar las obras (de infraestructura), (y por ello) nosotros lo estamos recomendando?

Las rebanadas del pastel

Para la memoria y los nuevos proyectos: la corrupción, el alto nivel inflacionario de los años 80 y la pésima administración del Infonavit entre 1972 y 1992 provocó que los recursos aportados por millones de trabajadores en ese lapso prácticamente se perdieran. Ahora, a 31 años de la fundación del organismo, quienes pretendan recuperar sus ahorros para vivienda se encontrarán con una devolución, en el mejor de los casos, de 4 mil pesos, aunque para algunos el resultado puede oscilar entre 200 y 300 pesos, como saldo de dos décadas de trabajo. A ese rango quedó reducida la aportación bimestral de 5 por ciento del salario de cada trabajador inscrito en el IMSS, que por ley canalizaron los patrones en los primeros 20 años de existencia del Instituto, creado en 1972... (La Jornada, Fabiola Martínez, agosto de 2003).

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