omienza con afanes dignos de mejores causas el nuevo procurador general de la República: agentes del Ministerio Público Federal, comandando varios pelotones de policías federales, con apoyo aéreo de helicópteros recorren los municipios de Chihuahua, Ascensión y Nuevo Casas Grandes, asolados por narcos y sicarios para… desconectar la energía eléctrica de los pozos agrícolas de productores que le deben a la CFE.

Quienes piensan que la designación por parte de Felipe Calderón y la ratificación por el Senado, de Arturo Chávez Chávez como titular de la PGR es un honor para Chihuahua, se equivocan. Para los chihuahuenses preocupados de la cosa pública, la llegada de su coterráneo a la máxima instancia de procuración de justicia es un agravio para la propia justicia.

La arrogancia y la politiquería volvieron a imponerse. Volvieron a hermanar a los políticos panistas, agarrados de uñas para no caerse del poder federal, y a los políticos priístas, agarrados para volver a trepar a él. Dieron la espalda a las y los ciudadanos que salieron a la calle y a todas las tribunas para poner de relieve el gris y triste paso del ahora procurador por la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fines del sexenio de Francisco Barrio: 1996-1998.

No se trata de antagonismos político-ideológicos. Quienes activan la memoria histórica para analizar lo que pasa tienen la seguridad de que las credenciales de Chávez Chávez para tratar con mujeres e indígenas, dos de los grupos sociales más maltratados en este país, no son las mejores. Su falta de voluntad política para investigar y su menosprecio a los grupos de mujeres le valieron la recomendación 44/1998 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Posiblemente para el ahora procurador fueron sólo muertes del viejerío, como dice su jefe Diego. Entonces desde la procuraduría del estado se trató de culpar a las mujeres por frecuentar centros nocturnos y por su manera de vestir. No se pararon en esos años los feminicidios y ahora el total se eleva a 603, desde 1993.

No sólo fue eso. En un estado donde la sociedad civil organizada hace mucho que ganó la calle y con ello hizo respetar su derecho a la libre manifestación de las ideas, el comando de Chávez Chávez en mayo de 1998 hizo reprimir a macanazos y encarcelar a los indígenas de la comunidad de Monterde que se manifestaban frente a la delegación de la dependencia que ahora dirige. La foto de un policía poniendo la bota sobre el rostro ensangrentado de un indígena es el juicio sintético a posteriori de su gris paso por la procuraduría chihuahuense.

El monte que lanzaba gemidos de parto en Palacio Nacional el primero de septiembre vino a parir ratones que están muy lejos de sus grandilocuencias de cambio. Porque ni Chávez ni Mayorga ni Suárez Coppel son gente a la altura de la emergencia de seguridad, de soberanía alimentaria, de soberanía energética que el país requiere. Cuando la gravedad del momento exige elevar la mira, romper círculos y llamar a los mejores hombres y mujeres del país, Calderón se encierra en su grupo de cuates y recomendados.

Por eso, si algo no tiene el apoyo priísta a la ratificación de Arturo Chávez Chávez es responsabilidad histórica. Para la mayoría de senadores priístas el voto a favor es pago de factura o cuenta por cobrar, o incluso mala leche para que se siga haciendo bolas el engrudo de la seguridad pública y haga más fácil su tan deseada restauración. En los senadores y senadoras panistas privó el sí, señor Presidente y la táctica salinista de no ver ni oír, sino a los de arriba.

Apenas iba a ser ratificado, cuando la noche del miércoles 23, un comando llega y asesina en Nuevo Casas Grandes al periodista y perredista Norberto Miranda Madrid, precisamente cuando lee en su noticiero de Internet radiovisióncasasgrandes un texto donde denuncia que en lo que va del mes se ha asesinado a 25 personas en esa ciudad de escasos 50 mil habitantes. Es el tercer periodista asesinado en lo que va del Operativo Conjunto Chihuahua y se suma a los otros 15 ultimados en la entidad desde el año 2000. De nada sirve que la autoridad federal atraiga los homicidios de periodistas: hasta ahora no hay ningún resultado.

Dejar de criminalizar la protesta social, dejar de desviar las fuerzas policiacas para ello y detener a los verdaderos criminales, a la vez que se protege a las y los ciudadanos honestos; esclarecer los asesinatos de los periodistas y evitar que haya más son las primeras tareas que esperan a Chávez en su agraviada tierra.

A Norberto Miranda, El Gallito, periodista y perredista asesinado en esta guerra absurda