El gobierno de México señaló anoche que las autoridades de facto de Honduras se encuentran obligadas a cumplir la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y tienen que respetar el principio de que las embajadas son inviolables y el personal diplomático y consular goza de privilegios e inmunidades otorgados por el derecho internacional.

La cancillería mexicana respondió de esta forma a la advertencia que hizo el gobierno de facto de Honduras sobre que no iba a recibir a los embajadores de México y otras naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó anoche que la representación de México en Honduras opera con toda normalidad, que el gobierno de facto de ese país está obligado a respetar las embajadas y los privilegios e inmunidad que tienen el personal diplomático y consular, los cuales están regidos por el acuerdos internacionales.

La dependencia explicó que el embajador de México en Honduras, Tarcisio Navarrete, fue llamado a consultas el pasado 29 de junio ante el rompimiento del orden constitucional ocurrido en ese país. Sin embargo, se mantienen las relaciones diplomáticas entre México y Honduras, las cuales se rigen por la citada convención.

De esta forma, tanto la embajada de México en Honduras como el consulado de México en San Pedro Sula operan con normalidad y tienen instrucciones precisas de brindar atención y protección a los mexicanos residentes en ese país que así lo requieran, detalló la dependencia.

Por otra parte, ayer la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Honduras llevó a cabo un mitin frente a la embajada de Estados Unidos, en el que apoyó las exigencias del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado y exigió la inmediata restitución del poder del presidente Manuel Zelaya, así como la libertad de todos los presos políticos y la restauración del orden constitucional.

Ahí se leyó el pronunciamiento del Comité Mesoamericano de los Pueblos en solidaridad con la resistencia del pueblo de Honduras, en el que organizaciones de siete países exigen el inmediato cese a la represión en contra del pueblo hondureño, sus dirigentes y organizaciones sociales y populares; la investigación de los asesinatos, violaciones y derechos humanos cometidos por los golpistas, así como la abdicación y enjuiciamiento de Roberto Micheletti y sus correligionarios.