Amnistía Internacional (AI) consideró ayer decepcionante la decisión de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República (PGR) de abdicar a su competencia en el caso de abuso sexual contra al menos 26 mujeres por policías en San Salvador Atenco, en 2006, a pesar de que 34 elementos de las fuerzas de seguridad del estado de México fueron identificados como responsables.

La organización de defensa de los derechos humanos, una de las de mayor presencia e influencia en el mundo, lamentó que la fiscalía, después de tres años de investigaciones, haya regresado el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la misma instancia que se ha negado a proceder contra los policías responsables durante todo este tiempo.

Los abusos sexuales contra mujeres de San Salvador Atenco ocurrieron durante el operativo policiaco en el que participaron agentes federales, estatales y municipales para terminar las protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en Texcoco y San Salvador Atenco, refiere la organización defensora de los derechos humanos.

En ese operativo, relata AI, fueron detenidas 207 personas, dos civiles resultaron muertos, hubo decenas de lesionados, entre policías y civiles, y varios uniformados fueron tomados en rehenes.

AI sostiene que la Procuraduría General de la República, “al no investigar y sancionar el involucramiento de agentes federales en las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese operativo en 2006, ha sido actor decisivo en mantener la impunidad en este caso, y al parecer ha evitado que la fiscalía ejerza competencia en los casos de las mujeres torturadas”.

Subrayó: de nueva cuenta el sistema de justicia penal en México parece incapaz de lograr la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Esta situación ha llevado a las víctimas de estos abusos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La organización internacional instó a las autoridades del estado de México a aprovechar la documentación de tortura confirmada por la fiscalía para proceder contra los responsables sin demora.

Además apremió a las autoridades federales y estatales a garantizar que este caso no será como tantos otros en los que ha rehusado asumir la responsabilidad de llevar ante la justicia a los perpetradores de violaciones de derechos humanos.

Amnistía hizo un llamado al nuevo titular de la PGR, Arturo Chávez, a demostrar que realmente está comprometido con los derechos humanos investigando de manera eficaz y sin mayor demora a todos los funcionarios federales implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas en mayo de 2006.

La organización internacional insiste en que la decisión de la fiscalía es un gran retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas, y asevera que la PGR ha perdido nuevamente la oportunidad de demostrar su compromiso de terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres en México.

Finalmente, Amnistía Internacional indica que la Procuraduría General de Justicia del estado de México debe atender los reclamos de las víctimas y terminar finalmente con esta injusticia, garantizando la debida reparación del daño.