Querétaro, Qro., 28 de septiembre. El gobernador Francisco Garrido Patrón concluirá su mandato el 30 de septiembre sin haber resuelto varios problemas, entre ellos, la impunidad del responsable del asesinato de Marco Antonio Hernández, perpetrado en 2004, y la negativa a otorgar la toma de nota a la lideresa Carmen Gómez Ortega, electa por miles de afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE).

Ante esta situación, un grupo de ciudadanos protestó 12 horas fuera del palacio de gobierno estatal para exigir al mandatario resolver estos asuntos antes de dejar el cargo.

Señalaron que el responsable del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván, cometido luego de un percance vial el 27 de noviembre de 2004, es el empresario Federico Ruiz Lomelí, quien, aseguran, ha sido encubierto por las autoridades. Mientras, el gobierno estatal heredará un conflicto con el STSPE, por negarse a reconocer a la dirigente electa, Carmen Gómez Ortega.

Julio Figueroa Medina, quien se hace llamar palabrero ambulante por escribir versos o retomar textos de otros escritores en sus mensajes, señaló que Garrido Patrón hizo muy poco o nada, o al contrario, en lugar de tratar de esclarecer el crimen (de Marco Antonio Hernández) pareciera que lo oscureció intencionalmente.

Recordó que Marco Antonio Hernández, de 18 años, fue asesinado de un disparo y a 58 meses del homicidio no se ha castigado al culpable. El titular de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, Juan Martín Granados Torres, ni siquiera ha revelado los avances de la indagatoria sobre este caso.

Figueroa Medina recordó que la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno estatal el 31 de octubre de 2005 reveló que las investigaciones para aclarar este homicidio fueron deficientes. No detuvieron a un presunto responsable con las características (físicas dadas por los testigos) y lo dejaron sin haber pisado el Ministerio Público. Me refiero a Federico Ruiz Lomelí, por supuesto, expresó.

Por su parte, Carmen Gómez señaló que en agosto de 2006 fue elegida dirigente del STSPE por más de 4 mil empleados del gobierno estatal; sin embargo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no le otorgó la toma de nota y en febrero de 2007 fue despedida junto con 22 personas que integraban el comité ejecutivo de este sindicato.

En lugar de la dirigencia que encabezaría Carmen Gómez se nombró a un comité de vigilancia a modo de gobierno del estado, que está al frente del STSPE sin defender a los empleados de la administración estatal.

Consideraron que estos dos problemas, junto con la reforma constitucional al artículo 2, que garantiza el derecho a la vida desde la fecundación, son algunos de los saldos que Garrido Patrón heredará a su sucesor, el priísta José Calzada Rovirosa.