A dos años de haberse aprobado en la ciudad de México las reformas legales que permiten la interrupción legal del embarazo antes de la semana 12 de gestación, 30 mil mujeres –en promedio 41 casos diarios– han recurrido a esa práctica en condiciones de seguridad médica y sanitaria, con lo que han salvado la vida al no optar por el aborto clandestino, revelan datos del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujer-DF) y la agrupación Population Council.

Incluso, los resultados de una encuesta elaborada por esta última organización muestran que en ese periodo casi se duplicó el número de personas en favor de la despenalización del aborto; seis de cada 10 están en favor de que las adolescentes tengan derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), mientras 83 por ciento se pronunció porque esa ley se extienda al resto de la nación; incluso, ya se presentaron 600 amparos para ejercer la ILE en los 16 estados que han reformado sus constituciones para frenarlo.

En el contexto del Día Latinoamericano por la Lucha en Favor de la Despenalización del Aborto, Marta Lamas, de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que una “ley justa no la puedes detener; habrá estados que se blinden contra ella, se asusten por una cuestión derechista, conservadora, y otros que intenten llevarla adelante”.

Mencionó que la posición asumida por los gobiernos de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sonora, Yucatán, Querétaro y Oaxaca no impedirá que las mujeres amparadas tomen la decisión final de interrumpir un embarazo.

En este contexto, la diputada local del PRD Maricela Contreras, quien ha sido una de las más férreas defensoras de las modificaciones legales en cuanto al aborto, aseguró que frente al embate de las reformas regresivas en las citadas entidades, en el Distrito Federal habrá una defensa total de los derechos alcanzados para que las mujeres tengan libertad de decidir sobre su cuerpo.

Manifestó que si bien en los próximos años no se prevé ir más allá de las reformas que se aprobaron sobre la ILE, sí se enfocarán en la Asamblea Legislativa en fortalecer las políticas públicas de planificación familiar, que prácticamente han sido olvidadas y relegadas por el gobierno federal.

Mientras, Martha Lucía Micher, titular del Inmujeres-DF, dijo que prohibir la interrupción del embarazo es contrario a la protección, respeto y garantía de las mujeres, y constituye un caso de extrema violencia institucional.

De hecho, se pronunció por que las reformas aprobadas en la ciudad sean un modelo a seguir por el resto de los estados, sobre todo en tiempos en que las ideas conservadoras se empeñan en negar a las mujeres el reconocimiento de sus derechos.

En tanto, la Consejera Jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, coincidió en que por el afán de prohibir este derecho a las mujeres, varias entidades han caído en graves incoherencias, hasta llegar a lo absurdo dentro de la redacción de las reformas a sus constituciones locales.