Habitantes de la comunidad Japuino, municipio de Elota, Sinaloa, acusaron a efectivos del Ejército Mexicano de incurrir en cateos sin autorización judicial, y en hostigamiento y falsedad.

Las imputaciones se refieren a hechos detallados en el boletín emitido por la vocería del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato el 19 de noviembre del año pasado. En ese escrito se indica que personal del 94 batallón de infantería detuvo a los hermanos Mauricio y Germán Rogelio García Martínez, a quienes se relacionó con un vivero de mariguana en el que había casi 800 plantas de cannabis, así como con un invernadero que incluía 10 mil 64 ejemplares de la planta.

En esa acción se confiscaron una vivienda con dos cuartos, misma que se usaba como bodega; 300 gramos de semilla de mariguana, un fusil AK-47 cuerno de chivo, cuatro rifles calibre .22, una pistola .38, 299 cartuchos, un vehículo Jetta negro placas VLA-9953, y una camioneta Nissan placas TY-919368.

Dentro de este predio se encontraban Mauricio García Martínez, de 32 años de edad, y Germán Rogelio García, de 30, ambos originarios y con domicilio conocido en Japuino, se incluyó en el informe rendido por personal militar al Ministerio Público Federal y al juzgado cuarto de distrito.

La versión oficial contrasta con la de los detenidos, los pocos habitantes de Japuino y la abogada de los acusados, Rosalía Alarcón. Los hermanos Mauricio y Germán Rogelio sostienen que los militares irrumpieron en su vivienda, les preguntaron si tenían armas y luego les dijeron: con permiso, vamos a registrar.

Aseguraron que su padre, Moisés Regino García, contestó a los soldados que tenía un rifle calibre 22, registrado a su nombre ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y otro similar, viejo e inservible. Las armas se entregaron a los militares, quienes atribuyeron a los hermanos la posesión de un rifle AK-47.

Dijeron que otros soldados invitaron a los jóvenes a salir de la vivienda, los subieron a un vehículo, los llevaron al invernadero, les tomaron fotos y los trasladaron en calidad de detenidos a la novena Zona Militar, en Culiacán.

Rosalía Alarcón, abogada defensora de los hermanos García Martínez, afirmó que el juzgado cuarto de distrito desestimó los testimonios y pruebas presentados por los inculpados, a quienes declaró formalmente presos y con esto está avalando los abusos, la arbitrariedad e ilegalidad con que actúan los militares.

En tanto, Javier González Mocken, responsable del Programa de Atención a Quejas sobre el Operativo Conjunto Chihuahua por parte del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que 83.9 por ciento de los reclamos ciudadanos presentados contra el Ejército Mexicano y la Policía Federal han sido resueltos, y 16.1 por ciento aún no está debidamente aclarado a satisfacción de los quejosos, y ello se debe a que los elementos militares y policiacos involucrados fueron cambiados a otras plazas.

Añadió que del total de denuncias, 795 presentadas desde el arranque del programa este año, 553 han sido contra elementos castrenses y 242 contra miembros de la Policía Federal.

Aplicarán programas de Guatemala y Colombia

En la misma ciudad fronteriza chihuahuense (Ciudad Juárez) se informó que para buscar solución al problema de la inseguridad en Ciudad Juárez, la autoridad municipal decidió poner en marcha 15 programas sociales aplicados por los gobiernos de Guatemala y Colombia para combatir los altos niveles delictivos en esos países.

La implementación de estos programas en los países sudamericanos fue analizada de manera preliminar por la delegación de Juárez, encabezada por el secretario del ayuntamiento, Guillermo Dowell Delgado, en la visita que hicieron la semana pasada a esos países.

El funcionario explicó que en su visita a Guatemala estudiaron un programa de rescate de jóvenes involucrados en pandillas. Encontramos problemas de (in)seguridad muy parecidos o incluso peores que los que tenemos en Juárez, de prevención y procuración de justicia, que fueron abatidos a través de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras organizaciones internacionales, por medio de una asociación que no se dedica a rehabilitar, sino a rescatar a los jóvenes que están en pandillas, dándoles una posibilidad de estudio y de trabajo.

Mencionó que esta organización, denominada Seiva, atiende de un solo golpe a 5 mil jóvenes, y en el último año ha apoyado a 40 mil, mientras que en Medellín, Colombia, han emprendido varios programas en materia de seguridad comunitaria, denominados Policía Comunitaria, Justicia de Barrio, Justicia Alternativa, Manejo de Barandillas, entre otros, y dijo que en los siguientes días se podría definir cuáles podrían ser aplicados en Ciudad Juárez y el BID decidirá cuáles apoyará.