n México abundan leyes y reglamentos pero escasean su cumplimiento y difusión, por lo que este hábito legislador en la práctica suele burocratizarse, volviendo inoperantes, cuando no contraproducentes, la letra y el espíritu de las normativas.

Ejemplo de este proceso promulgación-beneficio frecuentemente interrumpido es la Ley de Voluntad Anticipada para el DF, publicada en la Gaceta Oficial el 7 de enero de 2008, que a su nula difusión, análisis y revisión añade enfoques sesgados que complican la penosa situación del enfermo terminal.

La moralina vigente obligó a los asambleístas a contradecir el soporte ético de dicha ley y afirmar que las disposiciones establecidas en la misma no permiten ni facultan bajo ninguna circunstancia la realización de conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida.

Definen el documento de voluntad anticipada como el suscrito ante notario en el que cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta la petición libre de no someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien la obstinación médica, forma amabilizada del encarnizamiento terapéutico. ¿Por fin?

Luego, una excesiva cantidad de requisitos, procedimientos, autorizaciones, comités, redes hospitalarias, formatos oficiales, así como cumplidos notarios y sus notables honorarios, vuelven inviable que dicha ley sea aplicada en beneficio de la ciudadanía, todavía a merced de los criterios de siempre.

Las omisiones de la Coordinación Especializada en materia de Voluntad Anticipada, unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal con un presupuesto autorizado, reducen a su mínima expresión el beneficio social que la ley pretende.

No sólo en lo que se refiere a fomentar, promover y difundir la cultura de trasplantes y donación de órganos, sino a la difusión del documento de voluntad anticipada, de una actitud más humana y menos temerosa ante la etapa terminal y de las opciones que ofrece tan velado documento al enfermo y su familia.

Por último, costos notariales que van de mil 700 a 2 mil 600 pesos más IVA por protocolizar un breve formato de voluntad anticipada, más la odisea para ser informado por la persona adecuada en las notarías que proporcionan este servicio, convierten en terminal una ley que nació enferma.

aprenderamor@hotmail.com