Las arcas capitalinas recibirán 71 mil 500 pesos luego de el juez 40 penal, radicado en el Reclusorio Preventivo Norte, sentenció a un usuario moroso a reparar los daños ocasionados por adeudarle a la Hacienda del Distrito Federal el consumo del agua.

Se trata de Vicente Ugalde Espinoza, a quien el 25 de octubre de 2005, la Dirección General de Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) le suspendió el servicio por presentar varios adeudos en el inmueble ubicado en la calle Leibnitz número 34, colonia Nueva Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo.

En esa fecha fueron colocados en la toma hidráulica un sello de acrílico y un engomado para evitar que se consumiera el agua sin pagarla. Además, se tomó nota del medidor, cuya lectura indicaba un consumo de 9 mil 454.5 metros cúbicos.

Según consta en la averiguación previa levantada por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tres meses después, el 27 de enero de 2006, el personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México detectó que en dicho domicilio se habían violado los sellos y el medidor registraba un consumo de 9 mil 582 metros cúbicos.

Por estos hechos, el SACM presentó una denuncia ante la Fiscalía de Asuntos Financieros de la PGJDF por el delito de defraudación en materia de suministro de agua potable, y fue hasta junio de este año que el juez 40 penal del Reclusorio Preventivo Norte emitió una orden de aprehensión contra Ugalde Espinoza.

Para cumplimentar esta orden judicial, asentada en el oficio 1588, partida 174/2009, se solicitó una orden de cateo para el domicilio ubicado en Iglesia número 2, torre C, Piso 9, departamento 904, de la colonia Puerta del Pedregal, de la delegación Álvaro Obregón, donde fue encontrado el deudor.

Debido a que el delito de defraudación fiscal en materia de suministro de agua potable no está tipificado como grave, el juez 40 penal otorgó la libertad provisional a Vicente Ugalde Espinoza, quien está obligado a pagar 71 mil 500 pesos al gobierno de la ciudad de México.

De esta cantidad, 61 mil 500 pesos corresponden a la reparación del daño, mientras que los 10 mil pesos restantes lo integran las obligaciones procesales.