Chávez critica el tratado EU-Colombia mientras hace uno confidencial: oposición
Sábado 26 de septiembre de 2009, p. 23
Caracas, 25 de septiembre. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley para que los acuerdos militares con Rusia sean secretos, días después de que Estados Unidos, Colombia y México expresaran preocupación por las compras de armas del presidente Hugo Chávez a Moscú.
La Ley de Protección Mutua de Información Clasificada estará vigente cinco años prorrogables y protegerá los detalles de cooperación técnico-militar entre ambos países, que en los últimos años han estrechado sus lazos políticos, de energéticos y de defensa.
Sancionada en segunda lectura la noche del jueves, la legislación nace de la necesidad de proteger todo tipo de información clasificada que sea transmitida, recibida y generada en el desarrollo de la cooperación técnico-militar bilateral
, indicó la asamblea en un comunicado divulgado hoy.
La aprobación de la ley fue objetada por el opositor partido Podemos, que criticó la amplitud del plazo otorgado para la reserva. El gobierno critica la falta de claridad del acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos mientras que aquí se hacen acuerdos secretos con Rusia
, dijo el diputado Juan José Molina.
La bancada de oposición cuenta apenas con una docena de diputados sobre el total de 167 de la Asamblea Nacional.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, que domina la Asamblea Nacional con una amplia mayoría, considera normal que los países protejan la información clasificada en áreas sensibles como defensa y seguridad nacional.
Venezuela, que recibió este mes un crédito de 2 mil millones de dólares por parte de Moscú para compras militares, pidió a Rusia 92 tanques T-72 y un número no precisado de sistemas de defensa antiaéreos. Desde 2005, Venezuela ha adquirido además 24 aviones Sukhoi-30, 50 helicópteros rusos y 100 mil fusiles Kalashnikov, entee otros.
Estados Unidos mostró en estos días su inquietud por la compra de armas de Venezuela y pidió transparencia para que éstas no acaben en manos de los grupos rebeldes o criminales, petición que Caracas rechazó por no considerarla justificada.